La Declaración de Panamá
Atendiendo con prontitud a la convocatoria de la presidenta Moscoso, los mandatarios de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia se reunieron en Panamá el pasado 11 de febrero, para revisar conjuntamente la grave situación de violencia que vive la nación colombiana, agravada por los últimos atentados que agregaron más víctimas inocentes a los miles de muertos que lleva acumulado como saldo trágico el conflicto que desde hace varias décadas sufren nuestros vecinos, y que también ha cobrado vidas panameñas.
La iniciativa de nuestra presidenta ha sido saludada y reconocida como positiva no sólo por los países convocados sino también por otros estados del hemisferio, como quedó demostrado por las reacciones favorables que produjo en el ámbito continental y de las que pude ser testigo durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, convocada a solicitud de Colombia, al día siguiente, en la que se aprobó, por aclamación, una resolución que repudia el incremento de la violencia en ese país y se respaldan los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Uribe para devolver la paz a su angustiada nación. La resolución mencionada registra, en sus párrafos preambulares la Declaración de Panamá.
En la opinión general, nuestro país consiguió, con la oportuna convocatoria y la declaración, un éxito político y diplomático. Pero ese hecho, evidente por su repercusión internacional, también ha motivado que vuelvan a escucharse, internamente, voces de desacuerdo. Los argumentos que sustentan la cíitica negativa carecen de asidero jurídico y también político, pero no se les debe ignorar, especialmente porque son similares a los que afloraron con posterioridad a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Panamá como miembro del sistema interamericano, y estado parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Pacto de Río, participó en las XXIII y XIV Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocadas inmediatamente después de esos trágicos sucesos.
La invocación del Pacto de Río, que consagra el compromiso de defensa colectiva en el caso de que cualquiera de sus estados parte sea objeto de ataque, y la participación de Panamá en las referidas reuniones en su condición de estado parte, dio pie para que se levantaran críticas negativas, alegándose que se comprometía la neutralidad del Canal. Y críticas similares han surgido ahora, sosteniéndose que el apoyo expresado en la Declaración de Panamá a los esfuerzos que realiza el gobierno colombiano por pacificar su país nos hace parte del conflicto y que, como consecuencia, se compromete la neutralidad del Canal.
En esas críticas, desde luego infundadas, se ignoran las obligaciones que nuestro país tiene, como parte de la comunidad internacional, de contribuir a combatir el flagelo del terrorismo que, por sus proporciones mundiales, no excluye a ninguna nación. Y también, que como suscriptor y ratificante de más de una docena de instrumentos jurídicos vigentes, entre ellos el Pacto de Río, y como miembro de las Naciones Unidas, Panamá debe acatar y cumplir las resoluciones que emanen del Consejo de Seguridad, especialmente la 1373 sobre lucha contra el terrorismo.
Por otra parte, es ilusorio pensar que porque Panamá adopte una política de avestruz en aquellos foros donde se debate como enfrentar efectivamente la amenaza terrorista, invocando neutralidad, evitaremos las incursiones en nuestra zona fronteriza de los grupos que protagonizan el conflicto interno colombiano.
Finalmente, creo que a los detractores de la iniciativa tomada por el Gobierno Nacional también se les escapa que como resultado de la misma Panamá ha elevado su autoridad para apelar a la solidaridad internacional en el caso de que se agravara la situación en nuestra frontera con Colombia y, además, que como resultado de la solidaridad testimoniada a ese país estamos en mejor posición para demandar que sus autoridades cumplan el compromiso adquirido de hacer esfuerzos concretos para evitar que el conflicto desborde sus fronteras.
La iniciativa de nuestra presidenta ha sido saludada y reconocida como positiva no sólo por los países convocados sino también por otros estados del hemisferio, como quedó demostrado por las reacciones favorables que produjo en el ámbito continental y de las que pude ser testigo durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, convocada a solicitud de Colombia, al día siguiente, en la que se aprobó, por aclamación, una resolución que repudia el incremento de la violencia en ese país y se respaldan los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Uribe para devolver la paz a su angustiada nación. La resolución mencionada registra, en sus párrafos preambulares la Declaración de Panamá.
En la opinión general, nuestro país consiguió, con la oportuna convocatoria y la declaración, un éxito político y diplomático. Pero ese hecho, evidente por su repercusión internacional, también ha motivado que vuelvan a escucharse, internamente, voces de desacuerdo. Los argumentos que sustentan la cíitica negativa carecen de asidero jurídico y también político, pero no se les debe ignorar, especialmente porque son similares a los que afloraron con posterioridad a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Panamá como miembro del sistema interamericano, y estado parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Pacto de Río, participó en las XXIII y XIV Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocadas inmediatamente después de esos trágicos sucesos.
La invocación del Pacto de Río, que consagra el compromiso de defensa colectiva en el caso de que cualquiera de sus estados parte sea objeto de ataque, y la participación de Panamá en las referidas reuniones en su condición de estado parte, dio pie para que se levantaran críticas negativas, alegándose que se comprometía la neutralidad del Canal. Y críticas similares han surgido ahora, sosteniéndose que el apoyo expresado en la Declaración de Panamá a los esfuerzos que realiza el gobierno colombiano por pacificar su país nos hace parte del conflicto y que, como consecuencia, se compromete la neutralidad del Canal.
En esas críticas, desde luego infundadas, se ignoran las obligaciones que nuestro país tiene, como parte de la comunidad internacional, de contribuir a combatir el flagelo del terrorismo que, por sus proporciones mundiales, no excluye a ninguna nación. Y también, que como suscriptor y ratificante de más de una docena de instrumentos jurídicos vigentes, entre ellos el Pacto de Río, y como miembro de las Naciones Unidas, Panamá debe acatar y cumplir las resoluciones que emanen del Consejo de Seguridad, especialmente la 1373 sobre lucha contra el terrorismo.
Por otra parte, es ilusorio pensar que porque Panamá adopte una política de avestruz en aquellos foros donde se debate como enfrentar efectivamente la amenaza terrorista, invocando neutralidad, evitaremos las incursiones en nuestra zona fronteriza de los grupos que protagonizan el conflicto interno colombiano.
Finalmente, creo que a los detractores de la iniciativa tomada por el Gobierno Nacional también se les escapa que como resultado de la misma Panamá ha elevado su autoridad para apelar a la solidaridad internacional en el caso de que se agravara la situación en nuestra frontera con Colombia y, además, que como resultado de la solidaridad testimoniada a ese país estamos en mejor posición para demandar que sus autoridades cumplan el compromiso adquirido de hacer esfuerzos concretos para evitar que el conflicto desborde sus fronteras.
