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La Declaración de Quito contra la corrupción


La lucha contra la corrupción fue el tema central de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó su 34° período anual de sesiones el pasado 8 de junio, con la adopción de la Declaración de Quito sobre desarrollo social y democracia frente a la incidencia de la corrupción. La Declaración está dirigida a lograr que la comunidad internacional realice un esfuerzo concertado con los Estados del Hemisferio para asegurarse de que quienes han cometido actos de corrupción desde el poder político sean juzgados y castigados por sus repudiables acciones, tomando en consideración, entre otros instrumentos internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que pasó a ser en Panamá la Ley No. 42 de 1998, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como la Convención de Mérida, por haber sido abierta a la firma en esa ciudad mexicana el 9 de diciembre del 2003.
En el encuentro hemisférico de Quito se adoptaron líneas de acción que fortalecerán la vida institucional de las naciones del hemisferio. Los Estados de la región se comprometieron a negar acogida tanto a los funcionarios corruptos como a quienes los corrompen, y a no permitir el disfrute de los bienes producto de la corrupción y aún de aquellos que han dado lugar al enriquecimiento ilícito. La Declaración está matizada de la preocupación de los países del hemisferio por las prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales e internacionales que, como ya lo ha sufrido en carne viva Panamá, afecta negativamente las economías, en particular las de los países en desarrollo, a sus productores y consumidores. De ahí que se estime que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad compartida de todos los Estados.
La Declaración de Quito aboga por el fortalecimiento de una cultura de transparencia y por el fomento de una cultura de rechazo de la corrupción. En esta línea de acción destaca que la lucha contra la corrupción debe realizarse con apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas de la gestión gubernamental, de equidad, de responsabilidad e igualdad ante la ley y de las normas del debido proceso.
La función positiva que están en capacidad de desempeñar los medios de comunicación, los órganos de la prensa, la radio y la televisión es reconocida en la Declaración de Quito. Su actuación responsable contribuye a la cultura de la transparencia, buen gobierno y valores democráticos. Al respecto, arriba a la conclusión de que el acceso de la información pública sustenta la transparencia gubernamental y contribuye a impedir la impunidad al permitir la detección de actos de corrupción. En el logro de estos objetivos, los Estados miembros de la OEA se comprometen a promover medidas adicionales para incrementar la transparencia gubernamental.
Cabe preguntarse, qué puede hacer la OEA para que se den acciones que estén en consonancia con los principios y propósitos de la Declaración de Quito. La firmeza y la profundidad de la dinámica que se quiere imprimir a las medidas, para que la acción contra la corrupción tenga proporciones adecuadas a las dimensiones del problema, está reflejada en el objetivo de fortalecer el mecanismo de seguimiento de la ejecución de la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la decisión, ya tomada de que la Conferencia de los Estados Partes de la misma Convención se reúna en Managua, Nicaragua, del 8 al 9 de julio de este año, en cumplimiento del mandato de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, a fin de adoptar medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el hemisferio. Es indudable que siempre existe la posibilidad de que declaraciones, como la que he transcrito en parte, queden como letra muerta por falta de voluntad política de los gobernantes y por falta de actitud positiva de los ciudadanos para darle seguimiento. Pero es importante tomar nota de que se trata de una Declaración que, por lo menos en su intención, tiene un gran poder de compromiso para que no se quede en el plano de la teoría o la declamación y se convierta en un modo de acción.
En nuestros días, el dinamismo de la corrupción es tan macroscópico que se ve a simple vista. Ese dinamismo se suma al aumento de las necesidades humanas, lo que a su vez hace vertiginoso el ascenso de las expectativas. ¿Qué gobierno, qué clase dirigente, qué sociedad organizada puede vivir con alguna esperanza de progreso, de desarrollo social, sin tener conciencia de que estamos inmersos en una realidad que exige que las reflexiones sobre el presente y el futuro se unan en una misma urgencia con los imperativos de actuar?
La Historia da cuenta que el día de la toma de la Bastilla, el 14 de Julio de 1789, Luis XVI anotó en francés en el Diario que llevaba prolijamente: Rien ("Nada"). El monarca vivía las vísperas de acontecimientos que removerían los cimientos y el techo del régimen que lo sustentaba y, sin embargo, para él nada había pasado el día que fue el comienzo del drama histórico que para Luis XVI y buena parte de su familia culminaría con la guillotina.
Según dicen los cronistas, en 1793, luego de la sentencia que selló su destino, Luis XVI llegó al lugar donde estaba emplazada la guillotina con una cara que reflejaba más asombro que estupor. Una cara, para decirlo en términos panameños, de "yo no fui". Con esta referencia histórica no deseo sugerir que los gobiernos democráticamente electos están bajo la amenaza de una corrupción que puede despojarlos de su poder y aún menos de sus cabezas. Lo que estoy sugiriendo es que si los gobiernos democráticamente electos no ven en la corrupción una amenaza para sus respectivos poderes y atributos es porque no han alcanzado a comprender que la corrupción tiene la virtual potencia de una plaga de comején. En ocasiones, para eliminar esta plaga hay que destruir los soportes materiales de la misma, ya sea madera, tejido, barro, papel, etc. La corrupción puede alcanzar una virulencia tan grande que exige ponerle remedio antes de que se derrumben los soportes políticos, económicos y morales de la sociedad.
Toda sociedad atacada seriamente por la corrupción bordea los abismos y éstos se convierten en su mayor tentación.
La adopción por la Asamblea General de la OEA de la Declaración de Quito sobre la incidencia de la corrupción en la democracia y el desarrollo social, debe ser celebrada por todos los que nos empeñamos en ajustar a normas el combate contra un mal que podría, entre otros desenfrenos, provocar una voluntad represiva en el cuerpo social. Lo mismo que el cuerpo humano recurre a la fiebre cuando está perturbado de infección, el cuerpo social podría recurrir a la convulsión, a la acción desesperada.
El texto de la Declaración de Quito demuestra que en América hemos progresado mucho en materia de auto-conocimiento y de ejercicio electoral en torno al tema de la corrupción. Nos falta continuar, perfeccionar nuestra capacidad de vigilia para mantener vivos y pujantes otros esfuerzos que serían inéditos si avanzan en el sentido de hacer retroceder la virulencia que presenta la corrupción en nuestro continente.
(jorge@illueca.com)

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