La Defensoría y los centros de detención
En el año 2001 el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, creó la Supervisión de los Derechos Humanos de las personas Privadas de Libertad, programa que se fundamenta en los principios consagrados en la Constitución Política de Panamá, la Ley, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y en la Ley 7 del 5 de febrero de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo. A través del mismo, la Defensoría ha venido realizando esfuerzos por promover, divulgar, vigilar y defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad durante su permanencia en los centros penitenciarios, en las sedes de la Policía que sirven de cárcel pública, en los sistemas transitorios de detención (PTJ) y demás lugares de internamiento. Este no sólo atiende las quejas que por violaciones a los derechos humanos se puedan cometer en las cárceles en perjuicio de las personas privadas de libertad, sino también fomenta programas de concienciación sobre el tema de los Derechos Humanos, dirigido al personal que labora en el sistema penitenciario, a las personas privadas de libertad, miembros de la Policía Nacional, y de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Recordemos que la Defensoría obtuvo por parte de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y bajo el financiamiento de la Comunidad Europea, el contrato para la elaboración de una encuesta psico-social, mediante un proceso de selección de contratistas, para la aplicación de un censo a la totalidad de la población penitenciaria del país. Esta encuesta, que está en la fase final de la elaboración de los informes correspondientes, permitirá elaborar científicamente programas y proyectos para adecuar el Sistema Penitenciario.
El acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos estableció la necesidad de cubrir y entrevistar el 85% de la población carcelaria existente hasta hace tres años, la cual ascendía a 10,699 personas privadas de libertad. Para alcanzar esta meta se cubrieron todas las provincias de la República, lográndose visitar 32 centros penitenciarios que representan el 99% de la población total. Ello tuvo como objetivo lograr información estadística de los privados de libertad en el aspecto psicosocial, para determinar cuáles eran las necesidades prioritarias de la población penitenciaria, a fin de evaluar los programas de atención aplicables. Por ejemplo, se detectó un grave problema de falta de atención médica, por lo que la Comunidad Europea donó, ambulancias para los centros penales y financió la creación de la primera Clínica Penitenciaria en el centro La Joya. Igualmente, se reflejó la imperante necesidad de que los internos tuviesen acceso a la justicia por lo que se creó el Programa de Asistencia Legal, que consiste en el nombramiento de abogados en los centros penales y en la Defensoría de Oficio, pagados por la Comunidad Europea, para atender los casos legales de los privados de libertad.
Todas estas actividades y la constante presencia de la Defensoría en los centros carcelarios del país es lo que le ha permitido a la institución dar la voz de alarma sobre las deplorables condiciones físicas e infrahumanas en que se encuentran las mismas, así como también constatar los abusos y atropellos que unidades de la Policía Nacional cometen en abierta violación a la integridad personal de los detenidos. En lo que va del 2006, hemos interpuesto tres denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen los casos relacionados con abuso de autoridad.
Es por ello que la Defensoría, en asocio con la Asociación para la Prevención de la Tortura (ATP), con sede en Ginebra; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica, y con el auspicio del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, estará organizando en marzo, en la ciudad de Panamá, el taller: "Desafíos para la prevención de la tortura y los malos tratos: el Monitoreo de los Centros de Detención por parte de las Oficinas de Ombudsman", que busca fortalecer el rol de las defensorías del Pueblo de Centroamérica, capacitar a los funcionarios y a los otros actores en el monitoreo de los lugares de detención, facilitando a la vez el intercambio de experiencias entre los participantes.
En el evento, donde participarán todos los titulares de las Defensorías de Centroamérica, expertos y observadores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Paraguay, Perú y Uruguay, se buscará, además, promover la ratificación y la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual nuestro país aún no ha ratificado.
(*)Director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo.
Recordemos que la Defensoría obtuvo por parte de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y bajo el financiamiento de la Comunidad Europea, el contrato para la elaboración de una encuesta psico-social, mediante un proceso de selección de contratistas, para la aplicación de un censo a la totalidad de la población penitenciaria del país. Esta encuesta, que está en la fase final de la elaboración de los informes correspondientes, permitirá elaborar científicamente programas y proyectos para adecuar el Sistema Penitenciario.
El acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos estableció la necesidad de cubrir y entrevistar el 85% de la población carcelaria existente hasta hace tres años, la cual ascendía a 10,699 personas privadas de libertad. Para alcanzar esta meta se cubrieron todas las provincias de la República, lográndose visitar 32 centros penitenciarios que representan el 99% de la población total. Ello tuvo como objetivo lograr información estadística de los privados de libertad en el aspecto psicosocial, para determinar cuáles eran las necesidades prioritarias de la población penitenciaria, a fin de evaluar los programas de atención aplicables. Por ejemplo, se detectó un grave problema de falta de atención médica, por lo que la Comunidad Europea donó, ambulancias para los centros penales y financió la creación de la primera Clínica Penitenciaria en el centro La Joya. Igualmente, se reflejó la imperante necesidad de que los internos tuviesen acceso a la justicia por lo que se creó el Programa de Asistencia Legal, que consiste en el nombramiento de abogados en los centros penales y en la Defensoría de Oficio, pagados por la Comunidad Europea, para atender los casos legales de los privados de libertad.
Todas estas actividades y la constante presencia de la Defensoría en los centros carcelarios del país es lo que le ha permitido a la institución dar la voz de alarma sobre las deplorables condiciones físicas e infrahumanas en que se encuentran las mismas, así como también constatar los abusos y atropellos que unidades de la Policía Nacional cometen en abierta violación a la integridad personal de los detenidos. En lo que va del 2006, hemos interpuesto tres denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen los casos relacionados con abuso de autoridad.
Es por ello que la Defensoría, en asocio con la Asociación para la Prevención de la Tortura (ATP), con sede en Ginebra; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica, y con el auspicio del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, estará organizando en marzo, en la ciudad de Panamá, el taller: "Desafíos para la prevención de la tortura y los malos tratos: el Monitoreo de los Centros de Detención por parte de las Oficinas de Ombudsman", que busca fortalecer el rol de las defensorías del Pueblo de Centroamérica, capacitar a los funcionarios y a los otros actores en el monitoreo de los lugares de detención, facilitando a la vez el intercambio de experiencias entre los participantes.
En el evento, donde participarán todos los titulares de las Defensorías de Centroamérica, expertos y observadores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Paraguay, Perú y Uruguay, se buscará, además, promover la ratificación y la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual nuestro país aún no ha ratificado.
(*)Director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo.
