La delincuencia a la ofensiva

Cuando los hechos están dados, huelgan las interpretaciones. En todo caso estas últimas son el resultado del balance obligado de las acciones, un ejercicio destinado a extraer de lo ocurrido lecciones que impidan su repetición, sobre todo si son situaciones negativas, que afectan a toda la sociedad.
Es el caso de la delincuencia. En el Panamá de hoy es un hecho irrefutable, el desafío de la delincuencia no solo a la ley o a las buenas costumbres, sino a las instituciones mismas, en un atentado contra el orden legalmente establecido.
Desde el surgimiento y desarrollo de mercados ilegales paralelos, que estimulan y sostienen ilícitos como el tráfico de drogas, el lavado de dinero o el tráfico de armas, hasta la agresión ciudadana, y el asalto a establecimientos públicos y privados, es el saldo que no dejan.
Pero no hay nada peor que justificar y apadrinar a los malhechores. En ocasiones, cuando las autoridades proponen medidas drásticas aisladas para enfrentar el problema, surgen las voces que promocionan interpretaciones sociales, culturales y hasta psicológicas, como causas de los actos de delincuentes que al final solo conducen a distraer la atención o a promover la impunidad.
Y no es que se desconozcan las bondades del humanismo, pero en él hay que hacer énfasis como antídoto para las nuevas generaciones no contaminadas que es, aun, susceptible de no caer en el delito o el vicio. Tanto el humanismo, del que son portadoras declaradas organizaciones no gubernamentales o humanitarias, como la aplicación eficaz y oportuna de las leyes, son mecanismos de prevención, sirven como mecanismos estratégicos de cambio social gradual, pero no para detener lo que ya es un gangrena social. Es como aquel paciente terminal, al que, para curarlo, se le quiera aplicar medicina preventiva. Ya no hay remedio.
La delincuencia en el país puede estarse desbordando, la sociedad será rehén y hay que abordar la problemática de manera integral, de manera que no se desfasen las acciones y terminen desarmando a las autoridades, el aumento de las penas, aisladamente, no puede ser la única solución. Hay que dotar al Ministerio Público y a la Administración de Justicia de presupuestos adecuados, que les permita atender de manera científica la problemática delincuencial.