La demanda con motivos ocultos
Hay demandas por calumnia e injuria que evocan sospechas de que persiguen motivos ocultos porque carecen de sentido. Tal es el caso con la demanda que el empresario y político Mayor Alemán ha puesto contra la periodista Mónica Palm. Refiriéndose a una lista que el Gobierno de Estados Unidos confeccionaría para no permitir la entrada de personajes corruptos al país, Palm escribió: "¿A quién más le debe preocupar que se vaya a confeccionar esa lista? Pues para empezar, al grupito de maleantes disfrazados de empresarios que pululan en todas las administraciones gubernamentales, parafraseando al ex asesor presidencial Roberto Eisenmann, que aunque nunca dijo nombres, muchos saben quiénes son. Como miembros de ese "grupito" fueron identificados ya Onassis García, Mello Alemán y los hermanos Shahani. El contralor Alvin Weeden, en un programa de televisión, dijo que esos empresarios son los que han sostenido relaciones cercanas con todos los gobiernos, desde la época de los militares, para sacar ventajas políticas" (La Prensa, 17 de marzo 2002).
El autor de la frase "el conocido grupito de maleantes -disfrazados de empresarios, banqueros, diplomáticos, etc., que tienen la gran habilidad de incrustarse en todo gobierno para servirse del Estado" fue el ex asesor presidencial Roberto I. Eisenmann. El contralor Weeden mencionó el nombre de Alemán en ese contexto. Pero como Alemán no demandó ni a Eisenmann ni a Weeden, evoca sospechas su demanda contra Palm.
También evoca sospechas de que una demanda obedece a motivos ocultos cuando un largo lapso de tiempo interviene entre la supuesta provocación y la demanda. En este caso, hace más de un año que La Prensa publicó el controvertido artículo de Eisenmann -el 28 de mayo de 2001- y las declaraciones de Weeden fueron publicadas el 18 de julio de 2001. No fue sino hasta casi dos meses después de ser publicado el artículo de Palm que Alemán la demandó. ¿Por qué la demora? ¿Será que la demanda se debe a un artículo publicado después del 17 de marzo?
No obstante, el factor tiempo no siempre indica que una demanda por calumnia e injuria pueda perseguir motivos ocultos por cuanto hay demandas que han sido puestas casi inmediatamente y no es sino hasta transcurrido algún tiempo que surgen sospechas en cuanto a las mismas. Por ejemplo, la demanda del director de la Policía Nacional José Luis Sosa contra Miguel Antonio Bernal fue presentada al iniciarse la investigación de los hechos que Bernal cuestionaba. Después se entendió que, en momentos en que el gobierno perredista se proponía promover un referendo para lograr la reelección inmediata del presidente, la demanda ponía un alto a las denuncias de excesos policiales y constantes violaciones de las garantías fundamentales que perjudicarían a la causa perredista.
Algo parecido ocurre con la demanda de Winston Spadafora contra El Panamá América y los periodistas Marcel Chéry y Gustavo Aparicio. El día siguiente a un reportaje publicado por el diario el 8 de marzo de 2001, el entonces Ministro de Gobierno amenazó al diario con ponerle una demanda y tres días después la puso presentándose personalmente ante la Fiscalía Auxiliar. En ese momento la airada reacción del el ministro era incomprensible. Hoy hay quienes piensan que Spadafora contemplaba ser magistrado de la Corte Suprema y por ello le era muy inconveniente el reportaje de Chéry y Aparicio.
Veamos ahora los efectos de tales demandas. Como la demanda de Mayor Alemán contra Mónica Palm carece de sentido, ha dado lugar a que circulen rumores y bochinches inverosímiles. Unos dicen que la demanda es parte de la actual escalada contra los medios de comunicación para evitar que los periodistas se metan donde la corrupción levanta la cabeza. Como Alemán no demandó ni a Eisenmann ni a Weeden, otros opinan que la demanda contra la periodista se debe a un arrebato de revanchismo atrasado. Según el bochinche más complicadito, para asegurarse de que se llevará a cabo un proyecto que beneficiaría a sus propios intereses en Albrook, el empresario puso la demanda para congraciarse con la presidenta Moscoso y sus allegados, quienes han sido repetidamente cuestionados por Palm.
Hasta ahora, lo único que ha logrado Mayor Alemán es quedar mal ante los ojos del público. Pero su acción legal perjudica al pueblo panameño. El trámite de su demanda, como todas las demandas por calumnia e injuria, costará miles al erario y demorará el dilatado procedimiento de enjuiciar a los miles que sufren encarcelamiento sin haber sido sentenciados. Además, compromete innecesariamente a dos instituciones del gobierno. Pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público debido a que, según observó la organización Reporteros Sin Fronteras, Alemán habría sido uno de los mayores donantes de la fallida campaña electoral del Procurador José Antonio Sossa. Desacreditan al Organo Judicial el hecho de que un juez se vea obligado a considerar una demanda improcedente y la aterradora posibilidad de que, de ser declarada culpable, una periodista valiente y honrada puede terminar en la cárcel.
El autor de la frase "el conocido grupito de maleantes -disfrazados de empresarios, banqueros, diplomáticos, etc., que tienen la gran habilidad de incrustarse en todo gobierno para servirse del Estado" fue el ex asesor presidencial Roberto I. Eisenmann. El contralor Weeden mencionó el nombre de Alemán en ese contexto. Pero como Alemán no demandó ni a Eisenmann ni a Weeden, evoca sospechas su demanda contra Palm.
También evoca sospechas de que una demanda obedece a motivos ocultos cuando un largo lapso de tiempo interviene entre la supuesta provocación y la demanda. En este caso, hace más de un año que La Prensa publicó el controvertido artículo de Eisenmann -el 28 de mayo de 2001- y las declaraciones de Weeden fueron publicadas el 18 de julio de 2001. No fue sino hasta casi dos meses después de ser publicado el artículo de Palm que Alemán la demandó. ¿Por qué la demora? ¿Será que la demanda se debe a un artículo publicado después del 17 de marzo?
No obstante, el factor tiempo no siempre indica que una demanda por calumnia e injuria pueda perseguir motivos ocultos por cuanto hay demandas que han sido puestas casi inmediatamente y no es sino hasta transcurrido algún tiempo que surgen sospechas en cuanto a las mismas. Por ejemplo, la demanda del director de la Policía Nacional José Luis Sosa contra Miguel Antonio Bernal fue presentada al iniciarse la investigación de los hechos que Bernal cuestionaba. Después se entendió que, en momentos en que el gobierno perredista se proponía promover un referendo para lograr la reelección inmediata del presidente, la demanda ponía un alto a las denuncias de excesos policiales y constantes violaciones de las garantías fundamentales que perjudicarían a la causa perredista.
Algo parecido ocurre con la demanda de Winston Spadafora contra El Panamá América y los periodistas Marcel Chéry y Gustavo Aparicio. El día siguiente a un reportaje publicado por el diario el 8 de marzo de 2001, el entonces Ministro de Gobierno amenazó al diario con ponerle una demanda y tres días después la puso presentándose personalmente ante la Fiscalía Auxiliar. En ese momento la airada reacción del el ministro era incomprensible. Hoy hay quienes piensan que Spadafora contemplaba ser magistrado de la Corte Suprema y por ello le era muy inconveniente el reportaje de Chéry y Aparicio.
Veamos ahora los efectos de tales demandas. Como la demanda de Mayor Alemán contra Mónica Palm carece de sentido, ha dado lugar a que circulen rumores y bochinches inverosímiles. Unos dicen que la demanda es parte de la actual escalada contra los medios de comunicación para evitar que los periodistas se metan donde la corrupción levanta la cabeza. Como Alemán no demandó ni a Eisenmann ni a Weeden, otros opinan que la demanda contra la periodista se debe a un arrebato de revanchismo atrasado. Según el bochinche más complicadito, para asegurarse de que se llevará a cabo un proyecto que beneficiaría a sus propios intereses en Albrook, el empresario puso la demanda para congraciarse con la presidenta Moscoso y sus allegados, quienes han sido repetidamente cuestionados por Palm.
Hasta ahora, lo único que ha logrado Mayor Alemán es quedar mal ante los ojos del público. Pero su acción legal perjudica al pueblo panameño. El trámite de su demanda, como todas las demandas por calumnia e injuria, costará miles al erario y demorará el dilatado procedimiento de enjuiciar a los miles que sufren encarcelamiento sin haber sido sentenciados. Además, compromete innecesariamente a dos instituciones del gobierno. Pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público debido a que, según observó la organización Reporteros Sin Fronteras, Alemán habría sido uno de los mayores donantes de la fallida campaña electoral del Procurador José Antonio Sossa. Desacreditan al Organo Judicial el hecho de que un juez se vea obligado a considerar una demanda improcedente y la aterradora posibilidad de que, de ser declarada culpable, una periodista valiente y honrada puede terminar en la cárcel.
