La demanda de Cochez
El ex legislador Guillermo Cochez y el abogado Víctor Martínez Cedeño, han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de una serie de artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa y del reglamento de franquicia telefónica legislativa, aprobados mediante un procedimiento totalmente ilegal e irregular a través de la resolución número24 de 28 de diciembre de 1998. Tal información la hemos recogido del artículo "Maleantería política" publicado en el diario "El Panamá América" del día 7 de junio del presente año y cuyo autor es el ex legislador Cochez.
La demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia es, a todas luces, justificada y tiene el propósito de mejorar la imagen de una institución que, como la Asamblea Legislativa, ha venido desprestigiándose cada día más y perdiendo la credibilidad de los miles de panameños que contribuyeron a la elección de los que hoy se encuentran imbuidos en sueños de poder político y económico en menoscabo del progreso y bienestar de la nación.
Lo demandado por el señor Cochez son privilegios que hemos venido cuestionando desde hace muchos años, pero no ha habido la reacción popular capaz de acabar de una vez por todas, con esa realidad que niega la democracia, la justicia social y la honestidad, porque mientras un alto porcentaje del pueblo se debate entre el hambre y la miseria, hay funcionarios que, como los legisladores, reciben prebendas, exoneraciones y sueldos elevados a cambio de una labor que no llena las aspiraciones de un país en verdadera crisis, económica, política y social.
Así como la Corte Suprema no permitió el pago retroactivo a los legisladores de la pasada administración que ascendían a tres millones de balboas, así también debe acoger y resolver la demanda presentada por el señor Cochez y el abogado Víctor Martínez Cedeño, ya que, de esa manera, se hace justicia al pueblo panameño.
El ex legislador Cochez manifiesta en su artículo "Maleantería política": "Por igual en dichas reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa se incluyó otro artículo verdaderamente vergonzoso, el número 233 que dice: "Los legisladores o legisladoras suplentes que sean servidores o servidoras públicas, no podrán ser objeto de despido o traslado o de otra acción personal que les perjudique durante el período para el cual fueron electos" siendo la única excepción a tan absurda norma las ausencias injustificadas o que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública". O sea que esta norma, la cual crea un privilegio adicional a los 2000 balboas que gana cada suplente, además de las dietas cuando reemplaza en el pleno al principal, significa que el suplente, puede llegar tarde, puede faltarle el respeto al superior jerárquico, en fin, puede hacer lo que a bien venga por 5 años, si cuando es electo ocupa un cargo público, o si lo nombran en alguna posición"
Lo insólito es que ninguno de los legisladores ha dejado oír su voz contra tanta bellaquería, pero ya llegará el momento en que el pueblo rescatará lo que le pertenece y la dignidad y buena imagen de esa institución.
La demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia es, a todas luces, justificada y tiene el propósito de mejorar la imagen de una institución que, como la Asamblea Legislativa, ha venido desprestigiándose cada día más y perdiendo la credibilidad de los miles de panameños que contribuyeron a la elección de los que hoy se encuentran imbuidos en sueños de poder político y económico en menoscabo del progreso y bienestar de la nación.
Lo demandado por el señor Cochez son privilegios que hemos venido cuestionando desde hace muchos años, pero no ha habido la reacción popular capaz de acabar de una vez por todas, con esa realidad que niega la democracia, la justicia social y la honestidad, porque mientras un alto porcentaje del pueblo se debate entre el hambre y la miseria, hay funcionarios que, como los legisladores, reciben prebendas, exoneraciones y sueldos elevados a cambio de una labor que no llena las aspiraciones de un país en verdadera crisis, económica, política y social.
Así como la Corte Suprema no permitió el pago retroactivo a los legisladores de la pasada administración que ascendían a tres millones de balboas, así también debe acoger y resolver la demanda presentada por el señor Cochez y el abogado Víctor Martínez Cedeño, ya que, de esa manera, se hace justicia al pueblo panameño.
El ex legislador Cochez manifiesta en su artículo "Maleantería política": "Por igual en dichas reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa se incluyó otro artículo verdaderamente vergonzoso, el número 233 que dice: "Los legisladores o legisladoras suplentes que sean servidores o servidoras públicas, no podrán ser objeto de despido o traslado o de otra acción personal que les perjudique durante el período para el cual fueron electos" siendo la única excepción a tan absurda norma las ausencias injustificadas o que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública". O sea que esta norma, la cual crea un privilegio adicional a los 2000 balboas que gana cada suplente, además de las dietas cuando reemplaza en el pleno al principal, significa que el suplente, puede llegar tarde, puede faltarle el respeto al superior jerárquico, en fin, puede hacer lo que a bien venga por 5 años, si cuando es electo ocupa un cargo público, o si lo nombran en alguna posición"
Lo insólito es que ninguno de los legisladores ha dejado oír su voz contra tanta bellaquería, pero ya llegará el momento en que el pueblo rescatará lo que le pertenece y la dignidad y buena imagen de esa institución.
