La democracia está por encima de los partidos
AUNQUE un análisis general de la crisis de los partidos políticos, y de los panameños, en particular, es coyunturalmente oportuno, éste debe hacerse supeditado al fin superior de la construcción y fortalecimiento de la democracia verdaderamente representativa. Los partidos políticos, como reconoce el artículo 138 de nuestra Constitución Política, "son instrumentos fundamentales para la participación política"; pero no son el único. El error ha sido, y es, haberlos convertido en propietarios de la vida política, entregándoles el control del sistema electoral y rodeándoles de privilegios y prebendas, que han creado un monopolio injusto, que no contribuye al fortalecimiento de la democracia sino que la debilita.
Para que la democracia panameña funcione y se fortalezca, en primer lugar, debe romperse el monopolio del sistema electoral, legalmente institucionalizado a favor de los partidos. Y la manera de hacerlo, es creando otros espacios paralelos para la participación política. Los partidos no deben ser, como ha ocurrido hasta ahora, la única vía para acceder al poder político, excluyendo de ese derecho a más del 50% de la población electoral, que no pertenece a ningún partido; pero que, por su número, es "el partido más grande de Panamá". Y eso, sin tomar en cuenta que decenas de miles de personas se inscriben en los partidos para conservar un empleo, como vehículo para conseguirlo, por apoyar a un amigo postulado a cargo de elección o son simplemente adherentes, pero no militantes.
En la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, expresamente se reconoce, al igual que nuestra Constitución, que los partidos políticos son fundamentales para la consolidación de la democracia. Pero también se reconoce que, junto a los partidos, tienen derecho a existir otras organizaciones políticas y otras formas de participación en el proceso político electoral.
La Constitución panameña y el Código Electoral reservaron a los partidos políticos el derecho, en exclusividad, de postular los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. La última reforma constitucional eliminó el monopolio de los partidos sobre las postulaciones para diputados. Pero la norma del Código Electoral que reserva a los partidos la postulación de los candidatos a diputado, aunque de hecho ha quedado sin efecto, todavía no ha sido derogada, formalmente.
Es importante recalcar que la Constitución Política, ni antes ni después de la última reforma, en ninguno de sus artículos dispone que sólo los partidos pueden postular candidatos a la presidencia. Ese privilegio que le fue otorgado a los partidos por el Código Electoral, excediendo los alcances del texto constitucional, es el que les permite monopolizar el control del sistema electoral, pues, gracias al Código Electoral, sólo ellos pueden postular a las personas que competirán por el más alto cargo del Estado; donde radica el principal poder político, especialmente en un régimen presidencialista como es el panameño.
Mientras los partidos políticos tengan el control de las candidaturas presidenciales y la potestad legal para mantener ese privilegio, pues son ellos los que tienen que aprobar los cambios al Código Electoral, de muy poco valdrán o les importarán los llamados para que cambien sus patrones de conducta. Al final, son ellos los que nos dirán entre quienes debemos escoger nuestros gobernantes.
Y tampoco les preocupará, en tanto sigan teniendo la sartén por el mango, los diagnósticos académicos sobre la crisis que padecen o el concepto que de ellos tenga la inmensa mayoría de la ciudadanía.
La vía más efectiva para obligar a los partidos a cambiar y transformarse en vehículos efectivos para la formación y expresión de la voluntad popular, es despojarles de todas las prebendas y privilegios que, inmerecida y abusivamente, disfrutan, comenzando por la eliminación del monopolio de las candidaturas presidenciales. Permitir la candidatura independiente para diputados no es suficiente.
Sabido es, porque la práctica y la realidad panameña así lo comprueban, que el control de las postulaciones presidenciales arrastra, de manera determinante, el resultado de las elecciones para diputados.
Para romper el círculo perverso que constituye el monopolio de los partidos sobre el sistema electoral panameño que, recalco, se sustenta en el control de las candidaturas presidenciales, es necesario e imprescindible, además de la libre postulación de candidatos a diputados, establecer la libre postulación de candidatos a la presidencia y adoptar el sistema de doble vuelta, que existe en las mayoría de los países del continente americano.
La libre postulación de candidatos a la presidencia, sobre la base de requisitos justos y democráticos, permitiría que entren al ruedo personas que no están dispuestas a someterse al "matraqueo" interno de los partidos. Pero, para que ésta funcione, tiene que complementarse con el sistema de doble vuelta. Las reglas actuales, de hecho, imponen la polarización. El pueblo votante es forzado a elegir entre los dos candidatos o candidatas de mayor opción. Pero si existiera la doble vuelta, todos los electores se librarían del grillete, que es la polarización. Cada quien podría, en la primera vuelta votar por el candidato de su preferencia y, en la segunda, escoger entre los dos que obtengan la más alta votación. Por esa vía se le daría la puntilla final al monopolio artificialmente creado para favorecer los partidos; pero, además, y lo que es más importante, se crearían las condiciones para que surgieran nuevos liderazgos políticos. Así ha ocurrido en otros países de nuestro entorno y así también sucedería en Panamá. En el próximo CADE, por iniciativa de la APEDE, se analizará la crisis de los partidos políticos. Como señalé al inicio, la idea es oportuna. Pero para que ese ejercicio produzca resultados que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático, que es lo que importa, porque la democracia está por encima de los partidos, la conferencia debe abrirse a la consideración de otras alternativas de participación política al margen de los partidos. De lo contrario seguiremos trillando los mismos caminos que nos han llevado al actual estado de cosas, donde los partidos políticos, en vez de contribuir al avance y la consolidación de la democracia, son la causa principal de su deterioro y del desencanto de la ciudadanía.
Para que la democracia panameña funcione y se fortalezca, en primer lugar, debe romperse el monopolio del sistema electoral, legalmente institucionalizado a favor de los partidos. Y la manera de hacerlo, es creando otros espacios paralelos para la participación política. Los partidos no deben ser, como ha ocurrido hasta ahora, la única vía para acceder al poder político, excluyendo de ese derecho a más del 50% de la población electoral, que no pertenece a ningún partido; pero que, por su número, es "el partido más grande de Panamá". Y eso, sin tomar en cuenta que decenas de miles de personas se inscriben en los partidos para conservar un empleo, como vehículo para conseguirlo, por apoyar a un amigo postulado a cargo de elección o son simplemente adherentes, pero no militantes.
En la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, expresamente se reconoce, al igual que nuestra Constitución, que los partidos políticos son fundamentales para la consolidación de la democracia. Pero también se reconoce que, junto a los partidos, tienen derecho a existir otras organizaciones políticas y otras formas de participación en el proceso político electoral.
La Constitución panameña y el Código Electoral reservaron a los partidos políticos el derecho, en exclusividad, de postular los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. La última reforma constitucional eliminó el monopolio de los partidos sobre las postulaciones para diputados. Pero la norma del Código Electoral que reserva a los partidos la postulación de los candidatos a diputado, aunque de hecho ha quedado sin efecto, todavía no ha sido derogada, formalmente.
Es importante recalcar que la Constitución Política, ni antes ni después de la última reforma, en ninguno de sus artículos dispone que sólo los partidos pueden postular candidatos a la presidencia. Ese privilegio que le fue otorgado a los partidos por el Código Electoral, excediendo los alcances del texto constitucional, es el que les permite monopolizar el control del sistema electoral, pues, gracias al Código Electoral, sólo ellos pueden postular a las personas que competirán por el más alto cargo del Estado; donde radica el principal poder político, especialmente en un régimen presidencialista como es el panameño.
Mientras los partidos políticos tengan el control de las candidaturas presidenciales y la potestad legal para mantener ese privilegio, pues son ellos los que tienen que aprobar los cambios al Código Electoral, de muy poco valdrán o les importarán los llamados para que cambien sus patrones de conducta. Al final, son ellos los que nos dirán entre quienes debemos escoger nuestros gobernantes.
Y tampoco les preocupará, en tanto sigan teniendo la sartén por el mango, los diagnósticos académicos sobre la crisis que padecen o el concepto que de ellos tenga la inmensa mayoría de la ciudadanía.
La vía más efectiva para obligar a los partidos a cambiar y transformarse en vehículos efectivos para la formación y expresión de la voluntad popular, es despojarles de todas las prebendas y privilegios que, inmerecida y abusivamente, disfrutan, comenzando por la eliminación del monopolio de las candidaturas presidenciales. Permitir la candidatura independiente para diputados no es suficiente.
Sabido es, porque la práctica y la realidad panameña así lo comprueban, que el control de las postulaciones presidenciales arrastra, de manera determinante, el resultado de las elecciones para diputados.
Para romper el círculo perverso que constituye el monopolio de los partidos sobre el sistema electoral panameño que, recalco, se sustenta en el control de las candidaturas presidenciales, es necesario e imprescindible, además de la libre postulación de candidatos a diputados, establecer la libre postulación de candidatos a la presidencia y adoptar el sistema de doble vuelta, que existe en las mayoría de los países del continente americano.
La libre postulación de candidatos a la presidencia, sobre la base de requisitos justos y democráticos, permitiría que entren al ruedo personas que no están dispuestas a someterse al "matraqueo" interno de los partidos. Pero, para que ésta funcione, tiene que complementarse con el sistema de doble vuelta. Las reglas actuales, de hecho, imponen la polarización. El pueblo votante es forzado a elegir entre los dos candidatos o candidatas de mayor opción. Pero si existiera la doble vuelta, todos los electores se librarían del grillete, que es la polarización. Cada quien podría, en la primera vuelta votar por el candidato de su preferencia y, en la segunda, escoger entre los dos que obtengan la más alta votación. Por esa vía se le daría la puntilla final al monopolio artificialmente creado para favorecer los partidos; pero, además, y lo que es más importante, se crearían las condiciones para que surgieran nuevos liderazgos políticos. Así ha ocurrido en otros países de nuestro entorno y así también sucedería en Panamá. En el próximo CADE, por iniciativa de la APEDE, se analizará la crisis de los partidos políticos. Como señalé al inicio, la idea es oportuna. Pero para que ese ejercicio produzca resultados que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático, que es lo que importa, porque la democracia está por encima de los partidos, la conferencia debe abrirse a la consideración de otras alternativas de participación política al margen de los partidos. De lo contrario seguiremos trillando los mismos caminos que nos han llevado al actual estado de cosas, donde los partidos políticos, en vez de contribuir al avance y la consolidación de la democracia, son la causa principal de su deterioro y del desencanto de la ciudadanía.
