La democracia necesita defenderse
El progreso en toda sociedad es una moneda de dos caras. Para la mayoría es una oportunidad para procurar sus aspiraciones por medios legítimos. Pero, aún con justicia social, queda una minoría que pretende aprovecharse o imponerse por medios ilegítimos.
Por eso el progreso tiene un precio que es la seguridad como garantía de la tranquilidad ciudadana y de las inversiones que sostienen su bienestar.
La crítica a las nuevas leyes de seguridad, por lo tanto, está mal concebida. La clave no es tener una democracia debilitada, sino que ésta cuente con controles adecuados sobre su fuerza pública.
En general, pero con observaciones importantes, las leyes aprobadas cumplen su cometido de reorganizar mejor los estamentos de seguridad.
La separación del servicio de fronteras permitirá a la Policía concentrarse en los delitos a lo interno del país, mientras nuestras descuidadas fronteras se ponen en manos de una nueva entidad especializada.
El delicado tema de la inteligencia adquiere seguridad jurídica al sustituir decretos ejecutivos por una Ley. Buena información y su adecuado análisis son esenciales para prevenir y combatir con efectividad los delitos.
No hay concentración de poderes en una sola fuerza pública, ya que las 5 ramas de seguridad cuentan con legislaciones y organizaciones separadas, respondiendo a superiores civiles: Los de policía, aeronaval y fronteras al Ministerio de Gobierno y Justicia; y, los de Seguridad Institucional e Inteligencia a la Presidencia de la República.
Se salvaguardan los principios de libre nombramiento y remoción de los jefes de los servicios por el Presidente, la sujeción a la Constitución y las Leyes, la neutralidad política, la carrera profesional, así como el respeto a al Estado de Derecho, al sistema democrático y a los derechos humanos.
Sería preferible un sistema independiente de contrainteligencia contra las transgresiones de los propios agentes y que se obtenga mayor provecho del Servicio Aeronaval responsabilizándolo del transporte marítimo y aéreo gubernamental.
Finalmente, todo lo concerniente a la justicia adquiere importancia relevante suficiente para crear un Ministerio separado a cargo de perseguir los delitos, dejando al de Gobierno con las funciones de un Ministerio del Interior. El primero quedaría a cargo de la Policía Nacional, reteniendo el segundo los servicios aeronavales y de fronteras.
La seguridad nos afecta a todos por igual. Las democracias caen por culpa de quienes las debilitan anteponiendo sus intereses o pasiones a los de la sociedad. Después de todo vivimos en sociedad ante todo porque necesitamos tener seguridad.
