La democracia que no necesitamos
Para que exista democracia no basta con tener elecciones periódicamente y que los votos se cuenten correctamente. Ello equivaldría a entender que los términos elecciones y democracia son sinónimos, lo que está muy lejos de ser cierto. La democracia es mucho más que la celebración de torneos electorales.
El acto electoral, cuando como en el caso de Panamá, se desenvuelve bajo reglas excluyentes que anulan e impiden el libre ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, no importa cuán transparente pueda ser, no es un ejercicio realmente democrático y sus resultados tampoco.
Las normas electorales que rigen en nuestro país han sido deliberadamente redactadas para garantizar el monopolio del sistema electoral por parte de los partidos políticos. No importa que la Constitución Política diga que los partidos tienen el derecho a postular candidatos a los puestos de elección popular, "sin perjuicio de la libre postulación", pues, de hecho, todo el andamiaje legal vigente está diseñado para obstaculizarla e impedirla. De eso pueden dar testimonio aquellas personas que tratan de postularse para diputados, alcaldes, concejales y representantes para competir como independientes con los candidatos de los partidos.
Y en cuanto al nivel presidencial, legalmente, se ha llegado hasta el extremo de prohibir la candidatura independiente, por cuanto el Artículo 233 del Código Electoral, expresamente dispone que "Sólo podrán postular candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República los partidos políticos legalmente reconocidos". La inconstitucionalidad de esa norma, absurda y antidemocrática, es evidente. Sin embargo, por una abierta complicidad de los partidos y el Tribunal Electoral fue deliberadamente plantada para garantizarle a éstos que los electores, forzadamente, tendrán que escoger entre los candidatos que ellos, los partidos o quienes los controlan, decidan postular.
El Artículo 233 del Código Electoral, además de cercenar el derecho a elegir libremente, pues obliga a todos los electores, estén o no inscritos en los partidos, a escoger entre los candidatos que éstos postulen, es inconstitucional porque, arbitrariamente, adiciona requisitos no previstos en la Carta Magna que, para ser presidente o vicepresidente, solamente, exige: "ser panameño por nacimiento y mayor de 35 años de edad." Y también es inconstitucional, por cuanto discrimina por motivo de ideas políticas.
La Constitución dice en su Artículo 19 que no habrá fueros ni privilegios por razón de ideas políticas. Por consiguiente, al negar el artículo 233, citado, derecho a aspirar a la presidencia a quienes no sean postulados por los partidos, castiga a quienes no comparten las ideas políticas de éstos y privilegia a los que sí las comparten. Nadie, a menos que raye en la absoluta ingenuidad, podrá suponer que un partido postularía a alguien contrario a sus ideas políticas o, más claramente, a sus intereses políticos y partidarios.
En la etapa del proceso electoral que estamos viviendo, cuando ya los partidos han escogido sus candidatos, es más que patente que los electores que no pertenecemos a los partidos y que representamos a más del 50% del electorado, estamos siendo obligados a jugar con las reglas antidemocráticas que los partidos y el Tribunal Electoral nos han impuesto. Esa no es la democracia que necesitamos sino la que debemos rechazar.
