La democracia representativa
La inclusión del concepto "democracia representativa" en los instrumentos que establecen el marco jurídico del Sistema Interamericano tiene vieja data. Desde 1948, cuando se discutía en Bogotá el texto de lo que vino a ser la carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos, se acordó adicionar al término democracia la calificación de representativa. Y así quedó escrito en el artículo 2, con el siguiente texto: "La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones, establece los siguientes propósitos esenciales: a) ... b) promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención".
Desde entonces quedó consagrado el compromiso de todos los estados miembros de promoverla y respetarla. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que en la mesa continental se sentaran, como todos recordamos, los representantes de gobiernos que conculcaban la democracia.
Aunque de la esencia de la democracia es su carácter representativo, cuando se negociaba el texto de la Carta de la OEA también estaban de moda las denominadas "democracias populares". Para poner distancia de aquéllas y para darle a nuestras democracias de corte occidental un sello distintivo que evitara cualquier confusión, se estimó adecuado calificarlas de representativas. Ello explica la aparente redundancia que implica adicionar al término democracia un atributo que por esencia le pertenece.
En la pasada Cumbre de Quebec, los mandatarios americanos decidieron reforzar el compromiso con la democracia representativa por dos vías; la primera, estableciendo que no podrá participar del proceso de las cumbres el Estado cuyo gobierno deje de ser democrático, la segunda, impartiéndole un mandato a sus cancilleres para que, mediante la elaboración de una Carta Democrática para las Américas, refuercen los mecanismos ya previstos en el sistema interamericano para asegurar su plena vigencia.
La Carta de la OEA, desde su reforma mediante el Protocolo de Washington de 1992, expresamente prevé la suspensión del derecho a participar en los órganos y organismos del sistema interamericano de cualquier gobierno que asuma el poder mediante el uso de la fuerza. Pero como la realidad nos ha enseñado que las amenazas al proceso democrático no sólo provienen de los golpes de estado tradicionales, la Carta Democrática, en cumplimiento del objetivo de preservar y defender la democracia, proveerá el mando que permita actuar contra cualquier otra forma de asunción ilegítima del poder y más aún, establecerá los mecanismos para actuar preventivamente. En otras palabras, de lo que se trata es de utilizar como base los compromisos vigentes y, con atención a las nuevas realidades, extenderlos para comprenderlas.
Para avanzar en el cumplimiento de ese propósito, de acuerdo al camino marcado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, se ha optado por hacer una interpretación extensiva de la Carta de la OEA, en línea con otras decisiones pioneras como el "Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano" y la histórica Resolución 1080 "Democracia Representativa", adoptados durante el XXI período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en Santiago de Chile en 1991 y que fueron el antecedente del Protocolo de Washington.
Eventualmente, la Carta Democrática podría dar lugar a un protocolo de reformas a la Carta de la OEA, que incorpore en el texto fundamental de nuestra organización hemisférica la voluntad política de nuestros países de actuar colectiva y eficazmente para preservar el sistema democrático de gobierno, pero mientras tanto con ella enviamos un claro y contundente mensaje político y habilitamos un mecanismo para su aplicación inmediata. Esa es la virtud del instrumento que, por el consenso de todos los estados miembros de la OEA, adoptaremos en Lima, el 11 de septiembre próximo.
En ese orden de ideas, Panamá ha propuesto que reforzar el impacto político de esa decisión tan trascendental y también para dejar constancia del compromiso que asumimos, la Carta Democrática sea aprobada y rubricada con la firma de todos los representantes que concurran a la cita de Lima. La ratificación mediante la firma del consenso que hemos logrado, sin duda alguna, elevaría el nivel de instrumento que hemos diseñado para responder al mandato de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno de asegurar que de ahora en adelante la democracia y sólo la democracia impere desde Alaska hasta la Tierra del Fuego.
Desde entonces quedó consagrado el compromiso de todos los estados miembros de promoverla y respetarla. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que en la mesa continental se sentaran, como todos recordamos, los representantes de gobiernos que conculcaban la democracia.
Aunque de la esencia de la democracia es su carácter representativo, cuando se negociaba el texto de la Carta de la OEA también estaban de moda las denominadas "democracias populares". Para poner distancia de aquéllas y para darle a nuestras democracias de corte occidental un sello distintivo que evitara cualquier confusión, se estimó adecuado calificarlas de representativas. Ello explica la aparente redundancia que implica adicionar al término democracia un atributo que por esencia le pertenece.
En la pasada Cumbre de Quebec, los mandatarios americanos decidieron reforzar el compromiso con la democracia representativa por dos vías; la primera, estableciendo que no podrá participar del proceso de las cumbres el Estado cuyo gobierno deje de ser democrático, la segunda, impartiéndole un mandato a sus cancilleres para que, mediante la elaboración de una Carta Democrática para las Américas, refuercen los mecanismos ya previstos en el sistema interamericano para asegurar su plena vigencia.
La Carta de la OEA, desde su reforma mediante el Protocolo de Washington de 1992, expresamente prevé la suspensión del derecho a participar en los órganos y organismos del sistema interamericano de cualquier gobierno que asuma el poder mediante el uso de la fuerza. Pero como la realidad nos ha enseñado que las amenazas al proceso democrático no sólo provienen de los golpes de estado tradicionales, la Carta Democrática, en cumplimiento del objetivo de preservar y defender la democracia, proveerá el mando que permita actuar contra cualquier otra forma de asunción ilegítima del poder y más aún, establecerá los mecanismos para actuar preventivamente. En otras palabras, de lo que se trata es de utilizar como base los compromisos vigentes y, con atención a las nuevas realidades, extenderlos para comprenderlas.
Para avanzar en el cumplimiento de ese propósito, de acuerdo al camino marcado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, se ha optado por hacer una interpretación extensiva de la Carta de la OEA, en línea con otras decisiones pioneras como el "Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano" y la histórica Resolución 1080 "Democracia Representativa", adoptados durante el XXI período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en Santiago de Chile en 1991 y que fueron el antecedente del Protocolo de Washington.
Eventualmente, la Carta Democrática podría dar lugar a un protocolo de reformas a la Carta de la OEA, que incorpore en el texto fundamental de nuestra organización hemisférica la voluntad política de nuestros países de actuar colectiva y eficazmente para preservar el sistema democrático de gobierno, pero mientras tanto con ella enviamos un claro y contundente mensaje político y habilitamos un mecanismo para su aplicación inmediata. Esa es la virtud del instrumento que, por el consenso de todos los estados miembros de la OEA, adoptaremos en Lima, el 11 de septiembre próximo.
En ese orden de ideas, Panamá ha propuesto que reforzar el impacto político de esa decisión tan trascendental y también para dejar constancia del compromiso que asumimos, la Carta Democrática sea aprobada y rubricada con la firma de todos los representantes que concurran a la cita de Lima. La ratificación mediante la firma del consenso que hemos logrado, sin duda alguna, elevaría el nivel de instrumento que hemos diseñado para responder al mandato de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno de asegurar que de ahora en adelante la democracia y sólo la democracia impere desde Alaska hasta la Tierra del Fuego.
