La desmedida fuerza de los agentes del SPI
Creo que para cualquier panameño en su correcto juicio no puede creer que un organismo de seguridad pueda sentirse amenazado por una protesta de pacientes enfermos y familiares que, en suma, no llegaban a 30 personas.
Para qué llegar a emplear la fuerza en tal magnitud, la cual observamos, incluso a través de los medios de comunicación, por parte de los agentes del Servicios de Protección Institucional (SPI) contra los panameños que estaban realizando una justa protesta por la falta de equidad y justicia ante las muertes o las enfermedades colaterales producto del envenenamiento causado por medicamentos a ellos proporcionados.
He participado en varias protesta en las calles de nuestra ciudad en conjunto con muchos pacientes y familiares por diversos motivos de incumplimiento a nuestras atenciones de salud, pero nunca la Policía Nacional ha agredido por más provocación que le hayamos demostrado. Ese cuidado de la Policía ha sido siempre de gran consideración y conducción. Es por ello que nos llama la atención que en esta oportunidad los miembros del SPI no hayan tenido la capacidad de tolerancia, control y manejo de una situación que a toda luces no era más que una protesta justa y sin ningún riesgo para la seguridad del palacio presidencia.
Quiero expresar nuestra profunda protesta por la fuerza empleada por los agentes del SPI en contra de los pacientes y familiares afectados por envenenamiento, ya que con tal acción solamente han demostrado que están lejos de ser una organización de seguridad con capacidad de actuación según las circunstancia de los hechos que se presentan.
Cómo podemos esperar que actúen los agentes del SPI mañana cuando alguna organización social se presente en una protesta con más personas y mejores consignas de protesta, ¿de qué forma reaccionaran? Decía el Comandante de los pobres, Omar Torrijos H., "que cuando el que manda pierde la razón, el que obedece le pierde el respeto".
Luego no esperen comprensión de los ciudadanos.
Los pacientes afectados por el envenenamiento tienen todo el derecho a luchar por una compensación justa frente a la nueva forma de vida que les toca vivir; y los familiares que perdieron la vida de un abuelo, papa, tío primo, amigo, vecino, también tienen derecho a sus reclamaciones, aunque no hay precio que pueda curar el sufrimiento de perder una ser querido antes de tiempo y más cuando estaba bien de salud.
Yo perdí a mí tío Jorge Ocalagan a causa de ese veneno y aún estamos toda la familia esperando justicia, la cual no llega por la burocracia médica y estatal. Tenemos todo el derecho a protestar por la forma en que se está manejando este tema, que no esclarece los hechos ocurridos, nadie tiene responsabilidad ni siquiera de moral o ética, ni hacen justicia.
El Gobierno Nacional debe sancionar y analizar la actuación de este organismo de seguridad institucional que ha demostrado estar lleno de adrenalina para combatir a enfermos, pacientes y familiares, pero que no ayuda a contrarrestar el crimen en las calles por estar solamente entrenados para proteger por la fuerza letal al poder político si es amenazado por sus ciudadanos antes las reclamaciones sociales que hoy vivimos por la falta de salud, educación, trabajo, equidad económica y justicia, entre otros aspectos que deben ser atendidos y que aún estamos lejos de ver su solución.
Para qué llegar a emplear la fuerza en tal magnitud, la cual observamos, incluso a través de los medios de comunicación, por parte de los agentes del Servicios de Protección Institucional (SPI) contra los panameños que estaban realizando una justa protesta por la falta de equidad y justicia ante las muertes o las enfermedades colaterales producto del envenenamiento causado por medicamentos a ellos proporcionados.
He participado en varias protesta en las calles de nuestra ciudad en conjunto con muchos pacientes y familiares por diversos motivos de incumplimiento a nuestras atenciones de salud, pero nunca la Policía Nacional ha agredido por más provocación que le hayamos demostrado. Ese cuidado de la Policía ha sido siempre de gran consideración y conducción. Es por ello que nos llama la atención que en esta oportunidad los miembros del SPI no hayan tenido la capacidad de tolerancia, control y manejo de una situación que a toda luces no era más que una protesta justa y sin ningún riesgo para la seguridad del palacio presidencia.
Quiero expresar nuestra profunda protesta por la fuerza empleada por los agentes del SPI en contra de los pacientes y familiares afectados por envenenamiento, ya que con tal acción solamente han demostrado que están lejos de ser una organización de seguridad con capacidad de actuación según las circunstancia de los hechos que se presentan.
Cómo podemos esperar que actúen los agentes del SPI mañana cuando alguna organización social se presente en una protesta con más personas y mejores consignas de protesta, ¿de qué forma reaccionaran? Decía el Comandante de los pobres, Omar Torrijos H., "que cuando el que manda pierde la razón, el que obedece le pierde el respeto".
Luego no esperen comprensión de los ciudadanos.
Los pacientes afectados por el envenenamiento tienen todo el derecho a luchar por una compensación justa frente a la nueva forma de vida que les toca vivir; y los familiares que perdieron la vida de un abuelo, papa, tío primo, amigo, vecino, también tienen derecho a sus reclamaciones, aunque no hay precio que pueda curar el sufrimiento de perder una ser querido antes de tiempo y más cuando estaba bien de salud.
Yo perdí a mí tío Jorge Ocalagan a causa de ese veneno y aún estamos toda la familia esperando justicia, la cual no llega por la burocracia médica y estatal. Tenemos todo el derecho a protestar por la forma en que se está manejando este tema, que no esclarece los hechos ocurridos, nadie tiene responsabilidad ni siquiera de moral o ética, ni hacen justicia.
El Gobierno Nacional debe sancionar y analizar la actuación de este organismo de seguridad institucional que ha demostrado estar lleno de adrenalina para combatir a enfermos, pacientes y familiares, pero que no ayuda a contrarrestar el crimen en las calles por estar solamente entrenados para proteger por la fuerza letal al poder político si es amenazado por sus ciudadanos antes las reclamaciones sociales que hoy vivimos por la falta de salud, educación, trabajo, equidad económica y justicia, entre otros aspectos que deben ser atendidos y que aún estamos lejos de ver su solución.
