La deuda pública: ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿En qué?
La deuda pública es uno de los problemas más graves que confronta nuestro país. Tanto por su monto como por su agobiante servicio, que comprometen y consumen un porcentaje desorbitado del Presupuesto afecta, como ningún otro factor, la estabilidad política, económica y social de la Nación. Hasta 1968, la deuda pública panameña era inexistente. Su creación y aumento, hasta los límites de escándalo que alcanzó al final de la dictadura, tiene responsables conocidos. Esa etapa y sus sordideces deben explicarla quienes durante esos 21 años manejaron las finanzas del Estado y fueron instrumentales de los militares en la contratación de los préstamos con las instituciones financieras internacionales y la banca comercial privada, extranjera y nacional, de las emisiones de bonos y de todos los otros compromisos financieros que heredamos, y todavía estamos y seguiremos pagando.
La deuda pública panameña tiene una historia de 35 años, que puede dividirse en cuatro períodos: 1) los 21 años de la dictadura; 2) el gobierno Endara, de diciembre de 1999 al 31 de agosto de 1994; 3) el gobierno del PRD, del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1999; y 4) el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, del 1 de septiembre de 1999 hasta la fecha. Por tanto, recapitular lo ocurrido en cada uno de esos períodos no es difícil, y debe hacerse para que las cuentas queden claras, y las responsabilidades también, sobre todo, porque en fechas recientes abundan los desmemoriados que hablan del tema como si acabaran de descubrir el agua tibia.
Tal vez no pueda llegarse a reconstruir hasta su mínimos detalle cada una de las operaciones de endeudamiento que se contrataron y malgastaron durante los años de la dictadura. Y, aunque no fuera posible llegar a precisiones de centésimos, no se requiere comprobar que en diciembre de 1989, cuando se instauró el gobierno democrático, la deuda pública totalizaba siete mil millones de dólares, y la morosidad acumulada, pues desde 1987 no se pagaban las obligaciones contraídas, sobrepasaba los 700 millones de dólares. Reinaba, entonces, el caos en las finanzas públicas. Durante los años 1987, 1988 y 1989 ni siquiera se aprobó el Presupuesto.
Todos los que estuvieron implicados en ese desbarajuste de las finanzas públicas deben explicarle al país cuál fue su papel. Y también deben explicar a dónde fueron a parar todos esos miles de millones, en qué obras están representados; en fin, cómo se gastaron.
Durante el gobierno Endara se cancelaron los atrasos pendientes y se reordenaron las finanzas públicas y, como consecuencia, el Estado panameño, que se había convertido en paria de la comunidad financiera internacional, volvió a ser sujeto de crédito. Gracias a esa gestión responsable fue que se pudo, a finales de 1993, contratar con el BID y el Banco Mundial el préstamo para la rehabilitación de la red vial, del que no se gastó un solo centésimo, y que heredó intacto el gobierno del PRD. Esa fue la carta que se utilizó para intentar la aventura reeleccionista. Por supuesto que hubo inversión en carreteras y también muchos letreros con nombres y apellidos, pero nunca se tuvo la hidalguía para reconocer el mérito que en justicia le correspondía al gobierno precedente.
Durante el gobierno PRD, que fue un estruendoso fracaso, pues a pesar de haber recibido la administración del Estado en mejores condiciones que cualquier otro gobierno de nuestra historia republicana, se cometieron tantos desafueros, y hubo tan mal manejo de la cosa pública que el pueblo lo castigó con dos estrepitosas derrotas: en el referendo reeleccionista y en las elecciones de 1999. Tal vez al gobierno actual le ha faltado agresividad para responder a los desmemoriados de hoy, reencarnados en puristas financieros, pero eso es remediable y debe hacerse a corto plazo. La fórmula que propongo es la publicación de un Libro Blanco de la Deuda Pública que refleje, desde 1968 a la fecha, paso a paso e identificando a los responsables directos, cada una de las operaciones de crédito contratadas.
Cuando las cifras hablen, seguidamente debemos exigirles que expliquen dónde están las obras en que se invirtieron esas cifras multimillonarias, que comprenden, aparte de los saldos de la deuda acumulados hasta 1989, todos los millones que ingresaron al país y que se gastaron desde 1968 hasta 1989.
La deuda pública panameña tiene una historia de 35 años, que puede dividirse en cuatro períodos: 1) los 21 años de la dictadura; 2) el gobierno Endara, de diciembre de 1999 al 31 de agosto de 1994; 3) el gobierno del PRD, del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1999; y 4) el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, del 1 de septiembre de 1999 hasta la fecha. Por tanto, recapitular lo ocurrido en cada uno de esos períodos no es difícil, y debe hacerse para que las cuentas queden claras, y las responsabilidades también, sobre todo, porque en fechas recientes abundan los desmemoriados que hablan del tema como si acabaran de descubrir el agua tibia.
Tal vez no pueda llegarse a reconstruir hasta su mínimos detalle cada una de las operaciones de endeudamiento que se contrataron y malgastaron durante los años de la dictadura. Y, aunque no fuera posible llegar a precisiones de centésimos, no se requiere comprobar que en diciembre de 1989, cuando se instauró el gobierno democrático, la deuda pública totalizaba siete mil millones de dólares, y la morosidad acumulada, pues desde 1987 no se pagaban las obligaciones contraídas, sobrepasaba los 700 millones de dólares. Reinaba, entonces, el caos en las finanzas públicas. Durante los años 1987, 1988 y 1989 ni siquiera se aprobó el Presupuesto.
Todos los que estuvieron implicados en ese desbarajuste de las finanzas públicas deben explicarle al país cuál fue su papel. Y también deben explicar a dónde fueron a parar todos esos miles de millones, en qué obras están representados; en fin, cómo se gastaron.
Durante el gobierno Endara se cancelaron los atrasos pendientes y se reordenaron las finanzas públicas y, como consecuencia, el Estado panameño, que se había convertido en paria de la comunidad financiera internacional, volvió a ser sujeto de crédito. Gracias a esa gestión responsable fue que se pudo, a finales de 1993, contratar con el BID y el Banco Mundial el préstamo para la rehabilitación de la red vial, del que no se gastó un solo centésimo, y que heredó intacto el gobierno del PRD. Esa fue la carta que se utilizó para intentar la aventura reeleccionista. Por supuesto que hubo inversión en carreteras y también muchos letreros con nombres y apellidos, pero nunca se tuvo la hidalguía para reconocer el mérito que en justicia le correspondía al gobierno precedente.
Durante el gobierno PRD, que fue un estruendoso fracaso, pues a pesar de haber recibido la administración del Estado en mejores condiciones que cualquier otro gobierno de nuestra historia republicana, se cometieron tantos desafueros, y hubo tan mal manejo de la cosa pública que el pueblo lo castigó con dos estrepitosas derrotas: en el referendo reeleccionista y en las elecciones de 1999. Tal vez al gobierno actual le ha faltado agresividad para responder a los desmemoriados de hoy, reencarnados en puristas financieros, pero eso es remediable y debe hacerse a corto plazo. La fórmula que propongo es la publicación de un Libro Blanco de la Deuda Pública que refleje, desde 1968 a la fecha, paso a paso e identificando a los responsables directos, cada una de las operaciones de crédito contratadas.
Cuando las cifras hablen, seguidamente debemos exigirles que expliquen dónde están las obras en que se invirtieron esas cifras multimillonarias, que comprenden, aparte de los saldos de la deuda acumulados hasta 1989, todos los millones que ingresaron al país y que se gastaron desde 1968 hasta 1989.
