La deuda y las calificadoras
Ahora no somos sólo nosotros los preocupados por el aumento desmesurado de la deuda pública. También se suman como un coro, no de arcángeles sino de demonios, las calificadoras internacionales de riesgo, advirtiendo severamente que Panamá debe, cuanto antes, disminuir su deuda.
El tema no es del agrado de ningún gobierno de los que se han sucedido en el país tras el restablecimiento de la democracia hace diecisiete años. Todos niegan la gravedad de la situación y prefieren enmascararla con curiosos argumentos, entre burdos y sofisticados, que hemos reseñado en otros editoriales.
Puede que a muchos panameños nos engañen, pero no a las calificadoras, que viven sirviendo a los bancos e inversionistas en la tarea de tomar la temperatura a la deuda de los distintos países donde meten su dinero. Y mientras más riesgo, más caro es el interés; y peor para nosotros y demás deudores. En efecto, sin medias verdades, ni píldoras doradas, Standard & Poors y Fitch han coincidido por separado, en advertir que el peso de la deuda panameña, que se acerca velozmente hacia los $ 11 mil millones y alcanza la cifra de $ 10, 453 millones, se está volviendo asfixiante, llegando al 61.1% del Producto Interno Bruto. "Panamá debe reducir su deuda, su déficit fiscal y su gasto", dice más concretamente, la receta de Standard & Poors. Nada que no hayamos repetido hasta el cansancio.
Otro ángulo preocupante del problema es la actitud de todos los gobiernos, incluyendo al actual, que no tienen reparo en acentuar cada año su déficit fiscal o sea el gastar más que lo que ingresa, llenando el faltante con más deuda, como una sierra sin fin que apunta directamente al cuello del país y al nuestro como contribuyentes; a lo que se suma el despilfarro, por no hablar de rebusca y corrupción, cuya investigación es tarea perennemente pendiente de las autoridades competentes.
Otro detalle triste es que para nada sirvió el aumento de impuestos de la actual administración de Martín Torrijos y tampoco la de su predecesora Mireya Moscoso, si cada celebrado récord anual de mayores recaudaciones, se convierte en un funeral para quienes pagamos, y a la vez un permiso a los gobernantes para endeudarse más, gastar más y agrandar más el aparato estatal.
El tema no es del agrado de ningún gobierno de los que se han sucedido en el país tras el restablecimiento de la democracia hace diecisiete años. Todos niegan la gravedad de la situación y prefieren enmascararla con curiosos argumentos, entre burdos y sofisticados, que hemos reseñado en otros editoriales.
Puede que a muchos panameños nos engañen, pero no a las calificadoras, que viven sirviendo a los bancos e inversionistas en la tarea de tomar la temperatura a la deuda de los distintos países donde meten su dinero. Y mientras más riesgo, más caro es el interés; y peor para nosotros y demás deudores. En efecto, sin medias verdades, ni píldoras doradas, Standard & Poors y Fitch han coincidido por separado, en advertir que el peso de la deuda panameña, que se acerca velozmente hacia los $ 11 mil millones y alcanza la cifra de $ 10, 453 millones, se está volviendo asfixiante, llegando al 61.1% del Producto Interno Bruto. "Panamá debe reducir su deuda, su déficit fiscal y su gasto", dice más concretamente, la receta de Standard & Poors. Nada que no hayamos repetido hasta el cansancio.
Otro ángulo preocupante del problema es la actitud de todos los gobiernos, incluyendo al actual, que no tienen reparo en acentuar cada año su déficit fiscal o sea el gastar más que lo que ingresa, llenando el faltante con más deuda, como una sierra sin fin que apunta directamente al cuello del país y al nuestro como contribuyentes; a lo que se suma el despilfarro, por no hablar de rebusca y corrupción, cuya investigación es tarea perennemente pendiente de las autoridades competentes.
Otro detalle triste es que para nada sirvió el aumento de impuestos de la actual administración de Martín Torrijos y tampoco la de su predecesora Mireya Moscoso, si cada celebrado récord anual de mayores recaudaciones, se convierte en un funeral para quienes pagamos, y a la vez un permiso a los gobernantes para endeudarse más, gastar más y agrandar más el aparato estatal.
