La dictadura de la minoría
Alexis de Tocqueville, en su obra maestra sobre el sistema político norteamericano, advertía de los peligros de someter una sociedad a los designios de la mayoría, puesto que ello llevaba implícito el peligro de abusos en contra de las minorías. ¿Qué pensaría el ilustre escritor si viera el Panamá de hoy, en donde, bajo un barniz democrático, se esconde una dictadura de la minoría?
El Presidente en funciones resultó electo con apenas un tercio de los votos emitidos, es decir, que, en última instancia, apenas si logró obtener el apoyo de menos del treinta por ciento de las personas en edad de votar. Con dicho exiguo margen de respaldo popular, gracias a una reforma introducida por la Democracia Cristiana en el Código Electoral, la cual buscaba privilegiar a los partidos grandes sobre los pequeños, el PRD no solo obtuvo la Presidencia, sino también una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, que logró convertir en mayoría absoluta, al sumar los votos de los legisladores de los Partidos Solidaridad, LIBRE y PALA.
En lo que va de la gestión del Presidente Pérez Balladares, los legisladores oficialistas han asumido una posición completamente sumisa a los designios del Organo Ejecutivo. Ello es realmente lamentable, puesto que le hace gran daño a la imagen institucional de la Asamblea Legislativa, así como al proceso de consolidación en el que nos hallamos empeñados desde enero de 1990.
En lo últimos tres años, he sido testigo presencial de hechos vergonzosos, en los que la voluntad de esa precaria y artificial mayoría parlamentaria ha pasado por encima de la Constitución, del Reglamento Orgánico de la Asamblea y de los más elementales principios de tolerancia y convivencia democrática. Han sesionado sin el quórum reglamentario, pese a los continuos llamados para que se verifique el mismo, so pretexto de que existe "quórum evidente". Han aprobado leyes en sesiones que se han ido más allá de las cuatro horas reglamentarias, sin declararse previamente en sesión permanente. En momentos en que no han logrado el apoyo necesario para alterar el orden del día, han recurrido a artimañas para modificar el mismo sin el respaldo de la oposición.
Pero a los representantes de la "minoría mayorista" que nos gobierna, no le basta con abusar de las facultades discrecionales que la Ley le concede, sino que desean legalizar la arbitrariedad.
Y es así como llegamos a las reformas más recientes al Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa. Mucha tinta se le ha dedicado al tema de la reelección inmediata del Presidente de dicho organismo del Estado, pero muy poca a otras reformas, quizá más peligrosas para el sistema democrático que la antedicha.
El artículo 159 de la Constitución Política establece la división entre las leyes orgánicas y ordinarias. Así mismo, dispone que para la aprobación de las leyes orgánicas se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa (es decir, un mínimo de 37 votos); mientras que las leyes ordinarias necesitan la aprobación de la mayoría de los legisladores asistentes a las sesiones correspondientes (es decir, no menos de 19 votos, tomando en consideración que el quórum mínimo es de 37 legisladores presentes).
Pues bien, por virtud de una modificación al artículo 88 del Reglamento Interno de la Asamblea, recientemente aprobada en tercer debate y pendiente de la sanción presidencial, "la Asamblea podrá discutir o debatir los asuntos sometidos a su consideración con la presencia de la cuarta parte de sus integrantes". Dejemos a un lado toda consideración sobre si esa disposición fomenta o no el ausentismo de los honorables legisladores, pues es evidente que se presta para la vagancia en tal altas esferas. Lo realmente grave de esta reforma es que permite a la minoría discutir temas importantes para el país sin la participación de tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea y que, además, le quita a la oposición en el Parlamento, una de sus principales herramientas de presión, la cual es constituir el quórum en un momento determinado o no constituirlo. Queda, además, sujeto a interpretación, si ello significa que, en cualquier circunstancia, con tan solo 18 legisladores presentes se puede iniciar y desarrollar una sesión del Parlamento, siempre que no se someta algo a votación.
En mi opinión, la modificación hecha al Artículo 88, no solamente es lesiva a la credibilidad del Organo Legislativo, sino que atenta contra el principio constitucional contenido en el Artículo 159 ya descrito. Si bien la Constitución sólo dice que se requiere del "voto" y no dice específicamente de "la presencia física durante los debates", lo cierto es que estoy seguro de que, en la mente de los constituyentes, nunca estuvo la posibilidad de que una Asamblea pretendiese hacer la diferencia entre una cosa y la otra, argumentando que hay dos quórum diferentes: uno para votar y otro para debatir. Lo propuesto por el PRD desdice mucho del futuro funcionamiento del Parlamento, ya que significa que, por ejemplo, durante la discusión por segunda vez de la reforma constitucional pueden estar presentes, durante todo el debate, solamente 18 legisladores y al momento de votar, por decir algo, aparecen registrados 37 votos. Es decir, que, en un momento dado, pueden votar durante la discusión de un proyecto de ley en particular, ya sea a favor o en contra, 19 legisladores que ni siquiera se interesaron en participar en el debate o en escuchar los alegatos esgrimidos por sus colegas en una u otra dirección.
La reforma es cuestión al Reglamento Interno, junto con otra que permite a la Junta Directiva alterar unilateralmente el Orden del Día, conlleva a un control autocrático del Parlamento por la exigua mayoría gubernamental que, en números correctos de votos recibidos en 1994, apenas si alcanzan a representar el 30% de la población votante del país. Pese a esa realidad indiscutible, de ahora en adelante, el Gobierno no necesita de los legisladores opositores para constituir el quórum reglamentario ni para lograr la alteración del Orden del Día. De hecho y de derecho, han impuesto una dictadura de la minoría... y aspiran a que les dure para siempre.
El Presidente en funciones resultó electo con apenas un tercio de los votos emitidos, es decir, que, en última instancia, apenas si logró obtener el apoyo de menos del treinta por ciento de las personas en edad de votar. Con dicho exiguo margen de respaldo popular, gracias a una reforma introducida por la Democracia Cristiana en el Código Electoral, la cual buscaba privilegiar a los partidos grandes sobre los pequeños, el PRD no solo obtuvo la Presidencia, sino también una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, que logró convertir en mayoría absoluta, al sumar los votos de los legisladores de los Partidos Solidaridad, LIBRE y PALA.
En lo que va de la gestión del Presidente Pérez Balladares, los legisladores oficialistas han asumido una posición completamente sumisa a los designios del Organo Ejecutivo. Ello es realmente lamentable, puesto que le hace gran daño a la imagen institucional de la Asamblea Legislativa, así como al proceso de consolidación en el que nos hallamos empeñados desde enero de 1990.
En lo últimos tres años, he sido testigo presencial de hechos vergonzosos, en los que la voluntad de esa precaria y artificial mayoría parlamentaria ha pasado por encima de la Constitución, del Reglamento Orgánico de la Asamblea y de los más elementales principios de tolerancia y convivencia democrática. Han sesionado sin el quórum reglamentario, pese a los continuos llamados para que se verifique el mismo, so pretexto de que existe "quórum evidente". Han aprobado leyes en sesiones que se han ido más allá de las cuatro horas reglamentarias, sin declararse previamente en sesión permanente. En momentos en que no han logrado el apoyo necesario para alterar el orden del día, han recurrido a artimañas para modificar el mismo sin el respaldo de la oposición.
Pero a los representantes de la "minoría mayorista" que nos gobierna, no le basta con abusar de las facultades discrecionales que la Ley le concede, sino que desean legalizar la arbitrariedad.
Y es así como llegamos a las reformas más recientes al Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa. Mucha tinta se le ha dedicado al tema de la reelección inmediata del Presidente de dicho organismo del Estado, pero muy poca a otras reformas, quizá más peligrosas para el sistema democrático que la antedicha.
El artículo 159 de la Constitución Política establece la división entre las leyes orgánicas y ordinarias. Así mismo, dispone que para la aprobación de las leyes orgánicas se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa (es decir, un mínimo de 37 votos); mientras que las leyes ordinarias necesitan la aprobación de la mayoría de los legisladores asistentes a las sesiones correspondientes (es decir, no menos de 19 votos, tomando en consideración que el quórum mínimo es de 37 legisladores presentes).
Pues bien, por virtud de una modificación al artículo 88 del Reglamento Interno de la Asamblea, recientemente aprobada en tercer debate y pendiente de la sanción presidencial, "la Asamblea podrá discutir o debatir los asuntos sometidos a su consideración con la presencia de la cuarta parte de sus integrantes". Dejemos a un lado toda consideración sobre si esa disposición fomenta o no el ausentismo de los honorables legisladores, pues es evidente que se presta para la vagancia en tal altas esferas. Lo realmente grave de esta reforma es que permite a la minoría discutir temas importantes para el país sin la participación de tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea y que, además, le quita a la oposición en el Parlamento, una de sus principales herramientas de presión, la cual es constituir el quórum en un momento determinado o no constituirlo. Queda, además, sujeto a interpretación, si ello significa que, en cualquier circunstancia, con tan solo 18 legisladores presentes se puede iniciar y desarrollar una sesión del Parlamento, siempre que no se someta algo a votación.
En mi opinión, la modificación hecha al Artículo 88, no solamente es lesiva a la credibilidad del Organo Legislativo, sino que atenta contra el principio constitucional contenido en el Artículo 159 ya descrito. Si bien la Constitución sólo dice que se requiere del "voto" y no dice específicamente de "la presencia física durante los debates", lo cierto es que estoy seguro de que, en la mente de los constituyentes, nunca estuvo la posibilidad de que una Asamblea pretendiese hacer la diferencia entre una cosa y la otra, argumentando que hay dos quórum diferentes: uno para votar y otro para debatir. Lo propuesto por el PRD desdice mucho del futuro funcionamiento del Parlamento, ya que significa que, por ejemplo, durante la discusión por segunda vez de la reforma constitucional pueden estar presentes, durante todo el debate, solamente 18 legisladores y al momento de votar, por decir algo, aparecen registrados 37 votos. Es decir, que, en un momento dado, pueden votar durante la discusión de un proyecto de ley en particular, ya sea a favor o en contra, 19 legisladores que ni siquiera se interesaron en participar en el debate o en escuchar los alegatos esgrimidos por sus colegas en una u otra dirección.
La reforma es cuestión al Reglamento Interno, junto con otra que permite a la Junta Directiva alterar unilateralmente el Orden del Día, conlleva a un control autocrático del Parlamento por la exigua mayoría gubernamental que, en números correctos de votos recibidos en 1994, apenas si alcanzan a representar el 30% de la población votante del país. Pese a esa realidad indiscutible, de ahora en adelante, el Gobierno no necesita de los legisladores opositores para constituir el quórum reglamentario ni para lograr la alteración del Orden del Día. De hecho y de derecho, han impuesto una dictadura de la minoría... y aspiran a que les dure para siempre.
