La dignidad de una protesta
Con cuanta dignidad y vocación de patria, llegaron centenares de hombres, mujeres y niños hasta las puertas de la ACP para pregonar su dolor y desacuerdo con la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, que ordena la modernización y extensión de la cuenca del Canal, aprobada por el régimen perredista sin la debida participación de los miles de agricultores que tienen el temor de males mayores y a la desolación que traerá consigo el mencionado proyecto.
Manifestaron su verdad y decisión de luchar hasta las últimas consecuencias para defender tierras en donde han vivido y trabajado varias generaciones de humildes panameños y proclamaron con todas las fuerzas de su ser que estaban siendo víctimas de un engaño de parte de la ACP.
Y es que los agricultores de la cuenca del Canal no comparten la idea de que la vía necesite más de mil kilómetros cuadrados de tierra para su mejoramiento futuro y se preguntan si no existirán otras opciones que impliquen menos sacrificios de vidas humanas y menos atentados a la naturaleza aunque dejen muchos dividendos.
¿No es el ingreso más neto de la ACP la producción de energía eléctrica? Continúan manifestando que la ley acapara en la provincia de Colón más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra, casi la mitad de lo que es la Costa Abajo. Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en su historia, no ha hecho en esta región un metro de tierra asfaltada, ni un centro de salud y han vuelto una selva contaminada de bombas sin explotar.
Ahora se proyecta un puente sobre el Canal, pero no por la Costa Abajo y las carreteras de acceso a los proyectos son por Panamá y Coclé.
No hay un solo acápite de la ley donde se tome en cuenta el más mínimo de los derechos humanos.
Son miles de hombres, mujeres y niños a quienes de la noche a la mañana se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro, quedando sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad.
La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado durante generaciones, miles de campesinos.
No es justicia social que de improviso, sin que se les restituya o reconozca, absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio: "La tierra para el que la trabaja, se quite del terruño a los humildes agricultores y se le entregue a un nuevo amo.
Como cristiano no aceptamos, dicen los campesinos, que en el nombre del Canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del Atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano.
Continúan manifestando que el Canal no es un Dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar las víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento, ni para fomentar el capitalismo salvaje.
Mientras se proclama un discurso político y social de que la tierra del Canal debe estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados.
La Ley 44 del 31 de agosto de 1999 que ordena la modernización y extensión de la Cuenca del Canal, demanda más divulgación y discusión entre las fuerzas vivas del país, sobre todo entre los miles de agricultores que hoy reclaman un mejor trato y justicia social a quiénes llevan adelante el mencionado proyecto.
Manifestaron su verdad y decisión de luchar hasta las últimas consecuencias para defender tierras en donde han vivido y trabajado varias generaciones de humildes panameños y proclamaron con todas las fuerzas de su ser que estaban siendo víctimas de un engaño de parte de la ACP.
Y es que los agricultores de la cuenca del Canal no comparten la idea de que la vía necesite más de mil kilómetros cuadrados de tierra para su mejoramiento futuro y se preguntan si no existirán otras opciones que impliquen menos sacrificios de vidas humanas y menos atentados a la naturaleza aunque dejen muchos dividendos.
¿No es el ingreso más neto de la ACP la producción de energía eléctrica? Continúan manifestando que la ley acapara en la provincia de Colón más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra, casi la mitad de lo que es la Costa Abajo. Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en su historia, no ha hecho en esta región un metro de tierra asfaltada, ni un centro de salud y han vuelto una selva contaminada de bombas sin explotar.
Ahora se proyecta un puente sobre el Canal, pero no por la Costa Abajo y las carreteras de acceso a los proyectos son por Panamá y Coclé.
No hay un solo acápite de la ley donde se tome en cuenta el más mínimo de los derechos humanos.
Son miles de hombres, mujeres y niños a quienes de la noche a la mañana se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro, quedando sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad.
La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado durante generaciones, miles de campesinos.
No es justicia social que de improviso, sin que se les restituya o reconozca, absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio: "La tierra para el que la trabaja, se quite del terruño a los humildes agricultores y se le entregue a un nuevo amo.
Como cristiano no aceptamos, dicen los campesinos, que en el nombre del Canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del Atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano.
Continúan manifestando que el Canal no es un Dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar las víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien el Canal es símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento, ni para fomentar el capitalismo salvaje.
Mientras se proclama un discurso político y social de que la tierra del Canal debe estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados.
La Ley 44 del 31 de agosto de 1999 que ordena la modernización y extensión de la Cuenca del Canal, demanda más divulgación y discusión entre las fuerzas vivas del país, sobre todo entre los miles de agricultores que hoy reclaman un mejor trato y justicia social a quiénes llevan adelante el mencionado proyecto.
