La "eficacia" del embargo a Irak
Irak ha sido durante más de una década el laboratorio mundial de la aplicación de sanciones. La imposición de este tipo de medidas ha resultado ser un éxito en términos económicos. En el plano político, en cambio, sólo se puede hablar de fracaso. Después de doce años, Sadam Hussein continúa al frente del país mientras sus súbditos padecen las devastadoras secuelas del embargo. En los últimos años, las fórmulas introducidas para mitigar las consecuencias humanitarias del bloqueo han comenzado a dar sus frutos. La amenaza de una nueva guerra en la región puede echar por tierra estos tímidos avances.
En agosto de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, el Consejo de Seguridad respondió decretando el embargo. La imposición de medidas económicas coercitivas parecía entonces una alternativa viable al uso de la fuerza. La experiencia demostró que no era así. Hizo falta una intervención armada para que Bagdad abandonara Kuwait. Concluida la guerra, un informe de Naciones Unidas describía la situación en Irak como "apocalíptica". Los daños ocasionados por los bombardeos habían relegado al país a una era "pre-industrial". Si no se tomaban las medidas oportunas, Irak afrontaba una inminente catástrofe que podía incluir epidemias y hambre.
Las previsiones se cumplieron y, con el tiempo, lo que sobrevivió a los bombardeos lo terminó destrozando el embargo, la crisis económica y la sequía. En 1996, UNICEF informó del alarmante aumento del índice de mortalidad infantil: 4,500 niños menores de cinco años morían cada mes. Tres años después un estudio independiente, realizado por Richard Garfield de la Universidad de Columbia, hablaba de al menos 100,000 muertes infantiles entre agosto de 1991 y marzo de 1998. Según el autor, al menos dos tercios de los fallecimientos estaban vinculados a las consecuencias de las sanciones económicas.
En respuesta a la crisis humanitaria Naciones Unidas puso en marcha el programa "Petróleo por Alimentos". Su aplicación ya estaba prevista en dos resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en 1991, pero Bagdad las rechazó en su momento porque entendía que atentaban contra su independencia nacional e interferían en sus asuntos internos. Sólo cuando la ONU le propuso hacerse cargo de la responsabilidad en la distribución de los bienes de primera necesidad, Irak aceptó. El programa entró en vigor en diciembre de 1996, pero sus resultados no se dejaron ver hasta 1999. Para entonces, un nuevo informe de UNICEF hacía balance de diez años de sanciones. La mortalidad de los niños menores de cinco años se había duplicado, 800,000 niños sufrían mal nutrición y más de 700,000 personas habían sido desplazadas dentro del país.
Hoy todavía uno de cada ocho niños iraquíes no llega a cumplir los cinco años, pero se puede hablar de que la situación mejora progresivamente. No obstante, una nueva guerra podría echar a perder lo poco que se ha logrado. Según el reciente "informe confidencial" de Naciones Unidas, que fue filtrado a la prensa, hasta 10 millones de iraquíes necesitarían ayuda inmediatamente después de una intervención militar, más de un millón se convertirían en refugiados y en torno a dos millones se verían obligados a abandonar temporalmente sus hogares para huir de los bombardeos y los combates. En lo que se refiere a las víctimas, el informe de la ONU calcula que en la primera fase más de medio millón de personas podrían resultar heridas de gravedad, de las cuales, 100,000 podrían ser combatientes y el resto civiles atrapados en los ataques. ¿De qué habrá servido entonces doce años de padecimientos de la población civil?
A la hora de aplicar sanciones no existe una receta mágica que garantice su éxito en el terreno político. Sí ha quedado demostrado en cambio la ineficacia de ciertas medidas. Un embargo indiscriminado, como el aplicado a Irak, afecta injustamente a las poblaciones civiles y fortalece al régimen en el poder. Las sanciones pueden ser, en cambio, tal y como se ha estudiado en Naciones Unidas, un importante instrumento de la diplomacia internacional si son limitadas en el tiempo, aplicadas a cuestiones específicas y con objetivos políticos claros. El problema es que, frente a quienes conciben en el empleo de estas medidas como una alternativa al uso de la fuerza, se ha impuesto el criterio de quienes las consideran un preludio a la guerra, que estrangula la economía del enemigo e intimida psicológicamente a la población.
*Agencia de Información Solidaria.
(iñigoherraiz@hotmail.com)
En agosto de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, el Consejo de Seguridad respondió decretando el embargo. La imposición de medidas económicas coercitivas parecía entonces una alternativa viable al uso de la fuerza. La experiencia demostró que no era así. Hizo falta una intervención armada para que Bagdad abandonara Kuwait. Concluida la guerra, un informe de Naciones Unidas describía la situación en Irak como "apocalíptica". Los daños ocasionados por los bombardeos habían relegado al país a una era "pre-industrial". Si no se tomaban las medidas oportunas, Irak afrontaba una inminente catástrofe que podía incluir epidemias y hambre.
Las previsiones se cumplieron y, con el tiempo, lo que sobrevivió a los bombardeos lo terminó destrozando el embargo, la crisis económica y la sequía. En 1996, UNICEF informó del alarmante aumento del índice de mortalidad infantil: 4,500 niños menores de cinco años morían cada mes. Tres años después un estudio independiente, realizado por Richard Garfield de la Universidad de Columbia, hablaba de al menos 100,000 muertes infantiles entre agosto de 1991 y marzo de 1998. Según el autor, al menos dos tercios de los fallecimientos estaban vinculados a las consecuencias de las sanciones económicas.
En respuesta a la crisis humanitaria Naciones Unidas puso en marcha el programa "Petróleo por Alimentos". Su aplicación ya estaba prevista en dos resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en 1991, pero Bagdad las rechazó en su momento porque entendía que atentaban contra su independencia nacional e interferían en sus asuntos internos. Sólo cuando la ONU le propuso hacerse cargo de la responsabilidad en la distribución de los bienes de primera necesidad, Irak aceptó. El programa entró en vigor en diciembre de 1996, pero sus resultados no se dejaron ver hasta 1999. Para entonces, un nuevo informe de UNICEF hacía balance de diez años de sanciones. La mortalidad de los niños menores de cinco años se había duplicado, 800,000 niños sufrían mal nutrición y más de 700,000 personas habían sido desplazadas dentro del país.
Hoy todavía uno de cada ocho niños iraquíes no llega a cumplir los cinco años, pero se puede hablar de que la situación mejora progresivamente. No obstante, una nueva guerra podría echar a perder lo poco que se ha logrado. Según el reciente "informe confidencial" de Naciones Unidas, que fue filtrado a la prensa, hasta 10 millones de iraquíes necesitarían ayuda inmediatamente después de una intervención militar, más de un millón se convertirían en refugiados y en torno a dos millones se verían obligados a abandonar temporalmente sus hogares para huir de los bombardeos y los combates. En lo que se refiere a las víctimas, el informe de la ONU calcula que en la primera fase más de medio millón de personas podrían resultar heridas de gravedad, de las cuales, 100,000 podrían ser combatientes y el resto civiles atrapados en los ataques. ¿De qué habrá servido entonces doce años de padecimientos de la población civil?
A la hora de aplicar sanciones no existe una receta mágica que garantice su éxito en el terreno político. Sí ha quedado demostrado en cambio la ineficacia de ciertas medidas. Un embargo indiscriminado, como el aplicado a Irak, afecta injustamente a las poblaciones civiles y fortalece al régimen en el poder. Las sanciones pueden ser, en cambio, tal y como se ha estudiado en Naciones Unidas, un importante instrumento de la diplomacia internacional si son limitadas en el tiempo, aplicadas a cuestiones específicas y con objetivos políticos claros. El problema es que, frente a quienes conciben en el empleo de estas medidas como una alternativa al uso de la fuerza, se ha impuesto el criterio de quienes las consideran un preludio a la guerra, que estrangula la economía del enemigo e intimida psicológicamente a la población.
*Agencia de Información Solidaria.
(iñigoherraiz@hotmail.com)
