La UP en tiempos de elecciones
Desde los años ochenta y de manera particular en los noventa, las políticas y el gobierno de la educación superior panameña hicieron crisis ante dos factores considerados claves: expansión y diversificación. Datos revelados por este diario hace unos días indican que la UP atiende a 72 mil estudiantes, 3 mil 600 administrativos y 4 mil docentes. La elefantiásica tarea burocrática, administrativa y académica representa un duro desafío para cualquier gobierno. Por lo que resulta decepcionante que el debate para elegir las nuevas autoridades universitarias se dé en términos superficiales y los candidatos eludan profundizar las fórmulas que proponen para mejorar la calidad en la educación universitaria.
Lo grave es que el problema es igual en toda Latinoamérica, ya que, según el Banco Mundial y la UNESCO, el crecimiento de la matrícula estudiantil pasó, en tan sólo dos décadas, de 270 mil alumnos a 8 millones y las instituciones universitarias crecieron de 75 en los 60 a 700 en los noventa. Aunado a esto, las universidades públicas recibieron el impacto de los complicados procesos de democratización, y tuvieron que cambiar su rol en los planes de desarrollo.
Y aunque en Panamá existieron algunas reformas para afianzar la desregulación gubernamental de la educación superior, los hechos han evidenciado una mayor dependencia financiera de la UP ante los poderes político y económico.
En la actualidad, la UP maneja 125 millones de dólares de presupuesto. Mucho dinero para pensar que no es motivo de controversia preguntarse si el gobierno panameño no tiene presencia o injerencia en el proceso eleccionario que vive por estos días. Resulta, pues, previsible que toda la sociedad, y el Estado también, deberá responder a estas preocupaciones para obtener mejores resultados en la relación costo/beneficio en términos sociales, políticos y científicos para una redefinición del ejercicio de gobierno universitario. No hacerlo equivale a no proyectarse hacia el futuro, donde la educación es un pilar fundamental del desarrollo.
Lo grave es que el problema es igual en toda Latinoamérica, ya que, según el Banco Mundial y la UNESCO, el crecimiento de la matrícula estudiantil pasó, en tan sólo dos décadas, de 270 mil alumnos a 8 millones y las instituciones universitarias crecieron de 75 en los 60 a 700 en los noventa. Aunado a esto, las universidades públicas recibieron el impacto de los complicados procesos de democratización, y tuvieron que cambiar su rol en los planes de desarrollo.
Y aunque en Panamá existieron algunas reformas para afianzar la desregulación gubernamental de la educación superior, los hechos han evidenciado una mayor dependencia financiera de la UP ante los poderes político y económico.
En la actualidad, la UP maneja 125 millones de dólares de presupuesto. Mucho dinero para pensar que no es motivo de controversia preguntarse si el gobierno panameño no tiene presencia o injerencia en el proceso eleccionario que vive por estos días. Resulta, pues, previsible que toda la sociedad, y el Estado también, deberá responder a estas preocupaciones para obtener mejores resultados en la relación costo/beneficio en términos sociales, políticos y científicos para una redefinición del ejercicio de gobierno universitario. No hacerlo equivale a no proyectarse hacia el futuro, donde la educación es un pilar fundamental del desarrollo.
