La estrategia financiera del Gobierno
Analizo algunos aspectos de la nueva estrategia financiera que ha propuesto el Gobierno. Y destaco el hecho que no se enmarca en una estrategia económico-social, sin la cual, aunque la Asamblea la aprobara, probablemente fracasaría.
El Plan de Gobierno que presentó la Presidenta Moscoso como candidata de la Unión por Panamá establecía algunos principios en materia financiera: en cuanto a la preparación del presupuesto establecía que "bajo ningún concepto se proyectarán ingresos de improbable realización"; añadía que "nuestro Gobierno honrará los compromisos adquiridos (de deuda pública), pero será sumamente cauteloso en la contratación de nuevas obligaciones" y "en todo caso, le dará la preferencia, en igualdad de condiciones, al financiamiento interno sobre el externo". A pesar de que previó que el servicio de la deuda pública estaría por encima de los 1,000 millones de balboas a partir del año 2000, nunca sugirió recurrir al uso del Fondo Fiduciario para resolver este problema.
De ello estaban conscientes el Ministro de Economía y Finanzas y sus dos Viceministros, puesto que los tres formaron parte de la Comisión General que elaboró el Plan. Y por eso en los primeros tiempos del Gobierno lo que el Ejecutivo sugirió con respecto a dicho Fondo es hacer uso de parte de su capital para cubrir gastos sociales. Pero la reacción negativa de la comunidad financiera internacional fue tan rápida que tuvieron que abandonar este proyecto, que por lo menos era consistente con la prioridad social que el Plan consignó explícitamente.
Pasado este chasco, el Ministro de Economía y Finanzas ha propuesto lo que llama su "estrategia financiera", consistente en usar todo el capital del Fondo y en vender el 49% de las acciones de Cable & Wireless que aún son propiedad del Estado, para reducir la deuda pública externa, liberar fondos del servicio de la misma, aumentar las inversiones sociales, lograr el grado de inversión en el riesgo-país y así estimular inversiones y crear empleos.
Sorprende que se pase de un silencio casi total en el Plan de Gobierno en cuanto a política financiera, a una confianza casi ilimitada en dos medidas de esta índole como clave de la solución de los problemas económicos del país. De hecho, el Ministro no ha presentado un Plan de Desarrollo con objetivos económicos y sociales específicos y procedimientos para intentar alcanzarlos. En un tono sarcástico anunció que publicaría en pocos días un tal plan, en folleto bonito con letras grandes y figuritas, pero ni tan siquiera lo ha intentado.
El Lic. Gilberto Sucre, destacado profesional de MOLIRENA, partido del Gobierno, se sintió obligado a escribir el 3 de febrero un artículo, intitulado "La Presidenta sí tiene una política económica". Pero como se trata de un político inteligente e intelectualmente honrado, tuvo que reconocer que el Gobierno patinaba: en el aumento selectivo de aranceles del sector agropecuario, reconoció que "se están colando algunos rubros no sensitivos y pareciera estarse aplicando medidas proteccionistas indirectas" y además que no se vislumbra "un compromiso de reconversión"; en la regulación del mercado señaló que "se han enfilado los cañones contra los miembros del Ente Regulador y la CLICLAC, olvidando la revisión de la legislación correspondiente y el respeto a la seguridad jurídica de los contratos-leyes en telecomunicaciones y electricidad; en cuanto a la reforma tributaria advirtió que se introdujo el tema precipitadamente, sin referencia a la política presupuestaria y al control del gasto; con respecto a la nueva estrategia financiera indicó que "la recompra de la deuda es un proceso lento y complicado" y que "carecen de sustento las expectativas...en cuanto al precio alcanzable" en la venta del 49% de Cable & Wireless; y para concluir expresó el temor de "que se podría perder la oportunidad -al menos este verano- de iniciar con todo ímpetu las inversiones sociales...que constituyen la médula...de todo el plan de gobierno".
¿De qué vale entonces para un Gobierno tener una política económica si el Ejecutivo la desvirtúa y el Ministro de Economía y Finanzas ni siquiera se atreve a resumirla y explicarla por escrito? Ello no le ha impedido al Ministro augurar "un colapso económico" y a uno de sus Viceministros predecir medidas presupuestarias traumáticas si la Asamblea Legislativa no aprobara la estrategia financiera propuesta y el país tuviera que seguir endeudándose, como si estas fueran las únicas alternativas. Viniendo de las máximas autoridades económicas estas amenazas a los Legisladores se convierten en irresponsables profecías de auto-realización.
Vale la pena en estas circunstancias tomar nota de cómo el servicio de evaluación de riesgo-país Standard & Poor´s evalúa nuestra situación económico-financiera, ya que fue su rebaja de nuestro grado que provocó la nueva estrategia financiera del Gobierno. En su análisis de Panamá de febrero de este año, Standard & Poor´s destaca los siguientes rasgos negativos de nuestra situación: 1.Un carga muy pesada de la deuda pública, que todavía representa el 77% del PDB. 2. La dualidad de la economía panameña, en la cual el 80% se concentra en servicios en enclaves intensivos en capital, no en mano de obra, y que tienen pocos nexos con el resto de la economía, de manera que fuera del área metropolitana se presentan bajos indicadores sociales e infraestructuras débiles y en el plano nacional una alta tasa de desempleo. 3. Fallas estructurales en las finanzas públicas, debido a una frágil estructura impositiva, a un gasto público rígido y a un bajo nivel de inversiones. 4. La expansión del crédito doméstico por parte de la banca, que en 1999 alcanzó el nivel de 123% del PDB, para financiar sobre todo actividades comerciales, vivienda y consumo personal a través de financieras, lo cual implica que, si se diera una baja en ciclo de negocios y en las condiciones del crédito internacional, se podría generar problemas en la banca y se podría acentuar una recesión.
La simple enumeración de estos aspectos negativos de nuestra situación, según Standard & Poor´s, nos revela que la política del Gobierno no debe ser puramente financiera, sino que debe enmarcarse en una estrategia económica y social explícita y bien delineada. Esta percepción la refuerza el informe de febrero del Directorio del FMI que destaca retrasos en la solución de los problemas de la Caja de Seguro Social, del BHN y del BDA. Cabe recordar que la Presidenta Moscoso recibió sólo el 45% del voto, mientras que su adversarios recibieron juntos el 55%, y que ella no goza de una mayoría automática de copartidarios y aliados en la Asamblea Legislativa. De allí que dicha estrategia deba también ser, si del todo posible, objeto de consenso. Ello requiere una propuesta económico-social específica y cuantificable que el Gobierno no sólo no ha formulado, sino que parece rehuir.
Como mínimo, esta propuesta debe responder a varias preguntas, por ejemplo: 1.¿Qué políticas adoptará el Gobierno para que si obtenemos el grado de inversión atraigamos efectivamente inversiones? 2.¿Qué políticas adoptará para que las inversiones generen efectivamente más empleos? 3. ¿Cómo modificará el Gobiernos las señales de la política económica para tratar de superar la dualidad entre el área metropolitana y el Interior? 4. ¿Aceptará el Gobierno una ley marco de negociación y contratación de empréstitos y organización del crédito que impida se desate una nueva carrera al endeudamiento? 5. ¿Qué reformas impositivas propondrá el Gobierno para mejorar los ingresos del Estado, el cobro de los impuestos y la equidad del sistema impositivo? 6. ¿Cómo fortalecerá el Gobierno el control de sus gastos y la lucha contra la corrupción que comienza a resurgir? 7. ¿Sobre todo, a qué inversiones sociales -no meros gastos sociales- dedicará el Gobierno los fondos disponibles y de acuerdo con qué criterios medibles evaluará si mejora la condición humana de los más pobres?
Si el Gobierno no responde a estas preguntas, su política financiera, aunque fuera aprobada (lo que parece improbable) fracasaría. Las panameñas y los panameños no nos merecemos ese fracaso y menos aún podemos desearlo.
El Plan de Gobierno que presentó la Presidenta Moscoso como candidata de la Unión por Panamá establecía algunos principios en materia financiera: en cuanto a la preparación del presupuesto establecía que "bajo ningún concepto se proyectarán ingresos de improbable realización"; añadía que "nuestro Gobierno honrará los compromisos adquiridos (de deuda pública), pero será sumamente cauteloso en la contratación de nuevas obligaciones" y "en todo caso, le dará la preferencia, en igualdad de condiciones, al financiamiento interno sobre el externo". A pesar de que previó que el servicio de la deuda pública estaría por encima de los 1,000 millones de balboas a partir del año 2000, nunca sugirió recurrir al uso del Fondo Fiduciario para resolver este problema.
De ello estaban conscientes el Ministro de Economía y Finanzas y sus dos Viceministros, puesto que los tres formaron parte de la Comisión General que elaboró el Plan. Y por eso en los primeros tiempos del Gobierno lo que el Ejecutivo sugirió con respecto a dicho Fondo es hacer uso de parte de su capital para cubrir gastos sociales. Pero la reacción negativa de la comunidad financiera internacional fue tan rápida que tuvieron que abandonar este proyecto, que por lo menos era consistente con la prioridad social que el Plan consignó explícitamente.
Pasado este chasco, el Ministro de Economía y Finanzas ha propuesto lo que llama su "estrategia financiera", consistente en usar todo el capital del Fondo y en vender el 49% de las acciones de Cable & Wireless que aún son propiedad del Estado, para reducir la deuda pública externa, liberar fondos del servicio de la misma, aumentar las inversiones sociales, lograr el grado de inversión en el riesgo-país y así estimular inversiones y crear empleos.
Sorprende que se pase de un silencio casi total en el Plan de Gobierno en cuanto a política financiera, a una confianza casi ilimitada en dos medidas de esta índole como clave de la solución de los problemas económicos del país. De hecho, el Ministro no ha presentado un Plan de Desarrollo con objetivos económicos y sociales específicos y procedimientos para intentar alcanzarlos. En un tono sarcástico anunció que publicaría en pocos días un tal plan, en folleto bonito con letras grandes y figuritas, pero ni tan siquiera lo ha intentado.
El Lic. Gilberto Sucre, destacado profesional de MOLIRENA, partido del Gobierno, se sintió obligado a escribir el 3 de febrero un artículo, intitulado "La Presidenta sí tiene una política económica". Pero como se trata de un político inteligente e intelectualmente honrado, tuvo que reconocer que el Gobierno patinaba: en el aumento selectivo de aranceles del sector agropecuario, reconoció que "se están colando algunos rubros no sensitivos y pareciera estarse aplicando medidas proteccionistas indirectas" y además que no se vislumbra "un compromiso de reconversión"; en la regulación del mercado señaló que "se han enfilado los cañones contra los miembros del Ente Regulador y la CLICLAC, olvidando la revisión de la legislación correspondiente y el respeto a la seguridad jurídica de los contratos-leyes en telecomunicaciones y electricidad; en cuanto a la reforma tributaria advirtió que se introdujo el tema precipitadamente, sin referencia a la política presupuestaria y al control del gasto; con respecto a la nueva estrategia financiera indicó que "la recompra de la deuda es un proceso lento y complicado" y que "carecen de sustento las expectativas...en cuanto al precio alcanzable" en la venta del 49% de Cable & Wireless; y para concluir expresó el temor de "que se podría perder la oportunidad -al menos este verano- de iniciar con todo ímpetu las inversiones sociales...que constituyen la médula...de todo el plan de gobierno".
¿De qué vale entonces para un Gobierno tener una política económica si el Ejecutivo la desvirtúa y el Ministro de Economía y Finanzas ni siquiera se atreve a resumirla y explicarla por escrito? Ello no le ha impedido al Ministro augurar "un colapso económico" y a uno de sus Viceministros predecir medidas presupuestarias traumáticas si la Asamblea Legislativa no aprobara la estrategia financiera propuesta y el país tuviera que seguir endeudándose, como si estas fueran las únicas alternativas. Viniendo de las máximas autoridades económicas estas amenazas a los Legisladores se convierten en irresponsables profecías de auto-realización.
Vale la pena en estas circunstancias tomar nota de cómo el servicio de evaluación de riesgo-país Standard & Poor´s evalúa nuestra situación económico-financiera, ya que fue su rebaja de nuestro grado que provocó la nueva estrategia financiera del Gobierno. En su análisis de Panamá de febrero de este año, Standard & Poor´s destaca los siguientes rasgos negativos de nuestra situación: 1.Un carga muy pesada de la deuda pública, que todavía representa el 77% del PDB. 2. La dualidad de la economía panameña, en la cual el 80% se concentra en servicios en enclaves intensivos en capital, no en mano de obra, y que tienen pocos nexos con el resto de la economía, de manera que fuera del área metropolitana se presentan bajos indicadores sociales e infraestructuras débiles y en el plano nacional una alta tasa de desempleo. 3. Fallas estructurales en las finanzas públicas, debido a una frágil estructura impositiva, a un gasto público rígido y a un bajo nivel de inversiones. 4. La expansión del crédito doméstico por parte de la banca, que en 1999 alcanzó el nivel de 123% del PDB, para financiar sobre todo actividades comerciales, vivienda y consumo personal a través de financieras, lo cual implica que, si se diera una baja en ciclo de negocios y en las condiciones del crédito internacional, se podría generar problemas en la banca y se podría acentuar una recesión.
La simple enumeración de estos aspectos negativos de nuestra situación, según Standard & Poor´s, nos revela que la política del Gobierno no debe ser puramente financiera, sino que debe enmarcarse en una estrategia económica y social explícita y bien delineada. Esta percepción la refuerza el informe de febrero del Directorio del FMI que destaca retrasos en la solución de los problemas de la Caja de Seguro Social, del BHN y del BDA. Cabe recordar que la Presidenta Moscoso recibió sólo el 45% del voto, mientras que su adversarios recibieron juntos el 55%, y que ella no goza de una mayoría automática de copartidarios y aliados en la Asamblea Legislativa. De allí que dicha estrategia deba también ser, si del todo posible, objeto de consenso. Ello requiere una propuesta económico-social específica y cuantificable que el Gobierno no sólo no ha formulado, sino que parece rehuir.
Como mínimo, esta propuesta debe responder a varias preguntas, por ejemplo: 1.¿Qué políticas adoptará el Gobierno para que si obtenemos el grado de inversión atraigamos efectivamente inversiones? 2.¿Qué políticas adoptará para que las inversiones generen efectivamente más empleos? 3. ¿Cómo modificará el Gobiernos las señales de la política económica para tratar de superar la dualidad entre el área metropolitana y el Interior? 4. ¿Aceptará el Gobierno una ley marco de negociación y contratación de empréstitos y organización del crédito que impida se desate una nueva carrera al endeudamiento? 5. ¿Qué reformas impositivas propondrá el Gobierno para mejorar los ingresos del Estado, el cobro de los impuestos y la equidad del sistema impositivo? 6. ¿Cómo fortalecerá el Gobierno el control de sus gastos y la lucha contra la corrupción que comienza a resurgir? 7. ¿Sobre todo, a qué inversiones sociales -no meros gastos sociales- dedicará el Gobierno los fondos disponibles y de acuerdo con qué criterios medibles evaluará si mejora la condición humana de los más pobres?
Si el Gobierno no responde a estas preguntas, su política financiera, aunque fuera aprobada (lo que parece improbable) fracasaría. Las panameñas y los panameños no nos merecemos ese fracaso y menos aún podemos desearlo.
