La explotación sexual comercial de la niñez
La explotación sexual comercial infantil y adolescente constituye una de las más severas violaciones a los derechos humanos y es un fenómeno creciente que ocupa la atención de gobiernos, organizaciones sociales y la comunidad en general, pues aunque es una práctica cuya existencia es ampliamente reconocida, la misma no sólo es tolerada socialmente sino que permanece oculta en términos de políticas públicas.
Es por ello que bajo el auspicio de la Asamblea Legislativa, UNICEF, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, se realizó el pasado 23 y 24 de julio de 2003, el “Foro contra la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia en Panamá”; evento que reunió a más de 100 participantes representativos de ministerios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones gremiales y cívicas y agencias internacionales, que durante dos días tuvieron oportunidad de conocer más sobre este grave flagelo social, a través de las exposiciones de conferencistas iextranjeros y nacionales, así como detalles de tres importantes investigaciones sobre este tema realizadas en el país.
Un aspecto importante de este Foro fue la realización de dos talleres en los que los y las participantes pudieron expresar sus opiniones sobre las causas de la existencia de la explotación sexual comercial infantil, y hacer valiosas recomendaciones sobre los aspectos de prevención, protección y atención a las víctimas, como también de las reformas legales necesarias para la sanción ejemplar de los explotadores.
Al concluir el evento, se suscribió una “Declaración contra la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia en Panamá”, cuyos puntos más relevantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Que la explotación sexual comercial de las personas menores de edad, en sus diversas modalidades (relaciones sexuales remuneradas, pornografía turismo sexual, tráfico sexual, etc.); es un problema grave en Panamá, con presencia en todo el territorio nacional, que tiene entre sus causas, entre otras, la existencia de una cultura tolerante hacia la explotación sexual comercial; la impunidad de los explotadores debido a la inexistencia de una legislación específica para sancionarlos ejemplarmente; la poca efectividad de los planes y programas existentes para enfrentar el problema, lo que coloca a las víctimas en una situación de desprotección y mayor vulnerabilidad.
Frente a lo anterior, la Declaración rechaza de manera enérgica cualquier forma de explotación sexual comercial y no comercial, toda vez que constituye una violación a los derechos humanos, a la dignidad y al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, además de un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos y en consideración a ello, se exige de la Asamblea Legislativa, a la brevedad posible, la readecuación del marco jurídico nacional en concordancia con las convenciones internacionales relacionadas con la problemática de la explotación sexual comercial; instrumentos aprobados y ratificados por Panamá que obligan al gobierno a implementar acciones y articular medidas que posibiliten la eliminación progresiva de una situación de violencia teñida por la explotación y el uso abusivo del poder, intentando restituir a la niñez y a la adolescencia el derecho al pleno desarrollo de sus potencialidades humanas.
Se recomendó la necesidad de desarrollar de forma participativa un plan nacional contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad que abarque las dimensiones legal, preventiva, represiva y judicial; atención integral de las víctimas y sobrevivientes; monitoreo y seguimiento de la efectividad de las acciones, así como un cronograma para su implementación, la asignación de las partidas presupuestarias y la determinación de las responsabilidades de cada una de las instancias relacionadas con la investigación de estos delitos; la aplicación de las sanciones y el desarrollo de las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
Soy de la opinión que tanto las autoridades de investigación como las que tienen que aplicar las leyes, no deben titubear ni un segundo frente a la gran responsabilidad que tienen para con la niñez y la adolescencia, y respetando las garantías del debido proceso, deben ser enérgicas y ejemplares las sanciones que impongan a quienes impunemente y sin el menor remordimiento, quieren seguir explotando la inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Al conmemorarse este 23 de septiembre el “Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”, es oportuno hacer un llamado a las autoridades para que asuman, lo más pronto posible, el deber de solucionar este grave problema, pues como dijo Albert Thomas, primer director de la OIT: “La explotación de la infancia constituye el mal más espantoso e insoportable para el alma humana”. Por eso, ya es hora de poner un alto a la explotación sexual de la niñez y la adolescencia.
Es por ello que bajo el auspicio de la Asamblea Legislativa, UNICEF, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, se realizó el pasado 23 y 24 de julio de 2003, el “Foro contra la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia en Panamá”; evento que reunió a más de 100 participantes representativos de ministerios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones gremiales y cívicas y agencias internacionales, que durante dos días tuvieron oportunidad de conocer más sobre este grave flagelo social, a través de las exposiciones de conferencistas iextranjeros y nacionales, así como detalles de tres importantes investigaciones sobre este tema realizadas en el país.
Un aspecto importante de este Foro fue la realización de dos talleres en los que los y las participantes pudieron expresar sus opiniones sobre las causas de la existencia de la explotación sexual comercial infantil, y hacer valiosas recomendaciones sobre los aspectos de prevención, protección y atención a las víctimas, como también de las reformas legales necesarias para la sanción ejemplar de los explotadores.
Al concluir el evento, se suscribió una “Declaración contra la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia en Panamá”, cuyos puntos más relevantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Que la explotación sexual comercial de las personas menores de edad, en sus diversas modalidades (relaciones sexuales remuneradas, pornografía turismo sexual, tráfico sexual, etc.); es un problema grave en Panamá, con presencia en todo el territorio nacional, que tiene entre sus causas, entre otras, la existencia de una cultura tolerante hacia la explotación sexual comercial; la impunidad de los explotadores debido a la inexistencia de una legislación específica para sancionarlos ejemplarmente; la poca efectividad de los planes y programas existentes para enfrentar el problema, lo que coloca a las víctimas en una situación de desprotección y mayor vulnerabilidad.
Frente a lo anterior, la Declaración rechaza de manera enérgica cualquier forma de explotación sexual comercial y no comercial, toda vez que constituye una violación a los derechos humanos, a la dignidad y al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, además de un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos y en consideración a ello, se exige de la Asamblea Legislativa, a la brevedad posible, la readecuación del marco jurídico nacional en concordancia con las convenciones internacionales relacionadas con la problemática de la explotación sexual comercial; instrumentos aprobados y ratificados por Panamá que obligan al gobierno a implementar acciones y articular medidas que posibiliten la eliminación progresiva de una situación de violencia teñida por la explotación y el uso abusivo del poder, intentando restituir a la niñez y a la adolescencia el derecho al pleno desarrollo de sus potencialidades humanas.
Se recomendó la necesidad de desarrollar de forma participativa un plan nacional contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad que abarque las dimensiones legal, preventiva, represiva y judicial; atención integral de las víctimas y sobrevivientes; monitoreo y seguimiento de la efectividad de las acciones, así como un cronograma para su implementación, la asignación de las partidas presupuestarias y la determinación de las responsabilidades de cada una de las instancias relacionadas con la investigación de estos delitos; la aplicación de las sanciones y el desarrollo de las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
Soy de la opinión que tanto las autoridades de investigación como las que tienen que aplicar las leyes, no deben titubear ni un segundo frente a la gran responsabilidad que tienen para con la niñez y la adolescencia, y respetando las garantías del debido proceso, deben ser enérgicas y ejemplares las sanciones que impongan a quienes impunemente y sin el menor remordimiento, quieren seguir explotando la inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Al conmemorarse este 23 de septiembre el “Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”, es oportuno hacer un llamado a las autoridades para que asuman, lo más pronto posible, el deber de solucionar este grave problema, pues como dijo Albert Thomas, primer director de la OIT: “La explotación de la infancia constituye el mal más espantoso e insoportable para el alma humana”. Por eso, ya es hora de poner un alto a la explotación sexual de la niñez y la adolescencia.
