La extraña situación del PARVIS
A estas alturas en que nos acercamos a la entrada del nuevo milenio multiplican los discursos políticos sobre la necesidad de unir esfuerzos de todas las tendencias para encontrar soluciones y dar atención prioritaria a los problemas sociales que afectan a una elevada proporción de la población de Panamá, sumergida en niveles alarmantes de pobreza. Son problemas que se manifiestan en condiciones infrahumanas, denigrantes y humillantes, difíciles de pasar desapercibidas por cualquier ser sensible amante de su país y deseoso de que superen los constreñimientos para marcar el progreso nacional. El momento no admite la demagogia. Los que han sido favorecidos para representar los intereses ciudadanos a todos los niveles tienen que regular sus comportamientos y ser asiduos vigilantes de las ejecutorias oficiales, para honrar la confianza que el pueblo ha depositado en ellos.
Las soluciones de los problemas sociales dependen de la disponibilidad de recursos monetarios y humanos. Los primeros son cada vez más escasos, por lo que se requiere de austeridad en su aplicación para obtener los mejores resultados; los segundos tienen que desenvolverse dentro de arreglos institucionales eficientes, gerenciados por gente idónea de reconocida capacidad y antecedentes éticos, con autoridad pero también responsabilidad por los hechos buenos y malos.
Los mayores enemigos de los problemas sociales son los deficientes arreglos institucionales. Permiten las improvisaciones y facilitan la corrupción. En nuestro hemisferio gobiernos e instituciones internacionales así lo han hecho saber. Los primeros incluyeron los temas de corrupción, ética y administración pública en la Agenda de la Séptima Cumbre de Presidentes. Entre los segundos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su cuerpo político examina la corrupción para formular recomendaciones sobre medidas correctivas; las entidades financieras incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- en sus esfuerzos por combatir el flagelo han exhortado a los gobiernos a introducir reformas a sus instituciones, para garantizar transparencia en la aplicación de los recursos que se invierten con el fin de lograr los resultados que se programen.
Los problemas que surgen con el Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS), que administra el Ministerio de Vivienda (MIVI), hacen evidentes la ausencia de arreglos institucionales eficientes para fiscalizar la ejecución del Programa. La naturaleza de las acusaciones aparecidas en El Panamá América y otros diarios locales presentan una situación de corrupción, aparentemente difícil de haber escapado del conocimiento de una alta gerencia capaz. Según lo informado, se manifestó con el desvío de sumas cuantiosas para financiar numerosas obras ajenas al Programa. Los sistemas de controles, uno interno y el otro externo controlados de las finanzas públicas, de haber sido eficientes, tenían que haber detectado las irregularidades denunciadas. El control como proceso obliga a verificar periódicamente las ejecuciones conformes al programa aprobado antes de efectuar nuevos desembolsos de dineros para insumos adicionales.
Lo más grave de la situación es el daño a la reputación de Panamá en la comunidad internacional, donde en su nombre se han suscrito compromisos de obligatorio cumplimiento moral para modernizar su estructura administrativa y erradicar la corrupción de las ejecutorias oficiales. Más así a los que afectan los programas dirigidos a disminuir los rasgos de pobreza.
Sobre aquel particular, perturba una declaración que el diario El Panamá América (26-05-99) le atribuye al Representante del BID en Panamá. Sin informar de la responsabilidad que le compete a la institución en esta situación para procurar el mejoramiento de la administración del BID que Panamá tendrá que pagar, se limita a decir que "esto es algo que pasa en muchos países". Esta declaración, poco constructiva, no es buena para Panamá.
Las declaraciones de un alto ejecutivo del sector privado de excluir de sus filas a empresas afiliadas que pudieran estar y .vinculadas. a esta infortunada situación, debería de limitarse por otros gremios interesados en iniciar una nueva era de guerra contra la corrupción.
Las soluciones de los problemas sociales dependen de la disponibilidad de recursos monetarios y humanos. Los primeros son cada vez más escasos, por lo que se requiere de austeridad en su aplicación para obtener los mejores resultados; los segundos tienen que desenvolverse dentro de arreglos institucionales eficientes, gerenciados por gente idónea de reconocida capacidad y antecedentes éticos, con autoridad pero también responsabilidad por los hechos buenos y malos.
Los mayores enemigos de los problemas sociales son los deficientes arreglos institucionales. Permiten las improvisaciones y facilitan la corrupción. En nuestro hemisferio gobiernos e instituciones internacionales así lo han hecho saber. Los primeros incluyeron los temas de corrupción, ética y administración pública en la Agenda de la Séptima Cumbre de Presidentes. Entre los segundos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su cuerpo político examina la corrupción para formular recomendaciones sobre medidas correctivas; las entidades financieras incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- en sus esfuerzos por combatir el flagelo han exhortado a los gobiernos a introducir reformas a sus instituciones, para garantizar transparencia en la aplicación de los recursos que se invierten con el fin de lograr los resultados que se programen.
Los problemas que surgen con el Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS), que administra el Ministerio de Vivienda (MIVI), hacen evidentes la ausencia de arreglos institucionales eficientes para fiscalizar la ejecución del Programa. La naturaleza de las acusaciones aparecidas en El Panamá América y otros diarios locales presentan una situación de corrupción, aparentemente difícil de haber escapado del conocimiento de una alta gerencia capaz. Según lo informado, se manifestó con el desvío de sumas cuantiosas para financiar numerosas obras ajenas al Programa. Los sistemas de controles, uno interno y el otro externo controlados de las finanzas públicas, de haber sido eficientes, tenían que haber detectado las irregularidades denunciadas. El control como proceso obliga a verificar periódicamente las ejecuciones conformes al programa aprobado antes de efectuar nuevos desembolsos de dineros para insumos adicionales.
Lo más grave de la situación es el daño a la reputación de Panamá en la comunidad internacional, donde en su nombre se han suscrito compromisos de obligatorio cumplimiento moral para modernizar su estructura administrativa y erradicar la corrupción de las ejecutorias oficiales. Más así a los que afectan los programas dirigidos a disminuir los rasgos de pobreza.
Sobre aquel particular, perturba una declaración que el diario El Panamá América (26-05-99) le atribuye al Representante del BID en Panamá. Sin informar de la responsabilidad que le compete a la institución en esta situación para procurar el mejoramiento de la administración del BID que Panamá tendrá que pagar, se limita a decir que "esto es algo que pasa en muchos países". Esta declaración, poco constructiva, no es buena para Panamá.
Las declaraciones de un alto ejecutivo del sector privado de excluir de sus filas a empresas afiliadas que pudieran estar y .vinculadas. a esta infortunada situación, debería de limitarse por otros gremios interesados en iniciar una nueva era de guerra contra la corrupción.
