La FENASEP y la Carrera Administrativa
La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) sólo aparece y se activa cada cinco años, como partido político en busca de protagonismo trasnochado por medio de amenaza e imposición. No sé si esta federación recibe algún subsidio del Estado o de los funcionarios, ni qué cantidad de ellos están afiliados a ésta, que dice representarlos a todos. Laboré por muchos años en la Contraloría y nunca me afilié, la vi siempre con recelo.
Sus actuaciones, desde Héctor Alemán, como brazo de los militares, pasando por Leandro Ávila y terminando con Berrocal que no sé cuándo se le vence el período, buscan protagonismo político y así lo han aprovechado los dos primeros llegando a ser Diputados. Pero por ahora no conozco estadísticas, ni actividades directas que haya realizado la FENASEP en beneficio del empleado público en su colectivo; son sus dirigentes los que siempre obtienen beneficios.
En cuanto a la Carrera Administrativa, si se creó a finales del gobierno de Endara, fue el de Pérez Balladares el que comenzó a implementarla, con el ingrediente político de rigor de, una vez perdido el referéndum de la reelección y las elecciones de 1999, precipitarse a ingresar personas adeptas al PRD y a los gobernantes, en los dos últimos meses de administración gubernamental. Véase las primeras acreditaciones de DIGECA que datan de julio y agosto de ese año.
Al subir el gobierno de Mireya Moscoso, tocó la difícil tarea de revisar ese sistema, ya que teníamos conocimiento, por información de los propios funcionarios de DIGECA, que se había ingresado a personas sin cumplir los requisitos mínimos del manual de cargos de diferentes instituciones. Por ello, se comenzó con la verificación. A mí me correspondió el IFARHU y, sorpresa, más del 80% no cumplía con los requisitos mínimos, incluso habían cambiado de posiciones de estructura a jefes para convertirlos en funcionarios comunes e ingresarlos al sistema.
No fue una cacería de brujas, sino una verificación objetiva, que dio como resultado que muchos funcionarios fueran excluidos. Lo que dio lastima era que el empleado público que sí cumplía, que tenía muchos años de experiencia lo dejaban por fuera por no tener un padrino que lo promoviera.
Ahora bien, acepto que cuando el PRD gobierna, piensa a largo plazo y se atreve a hacer este tipo de acciones, sin importar riesgos; lastimosamente, en el gobierno de Mireya no se pensó igual y sólo entraron a trabajar por un periodo de cinco años y no se acreditó a ningún funcionario. Fue una administración que pensaba con luces cortas y dejó desprotegido a los funcionarios; y FENASEP, mudo observador y cómplice silencioso de lo que se hacía.
Tras la Reforma de la Ley de Carrera Administrativa, por medio de la Ley 24 de julio de 2007, se trastoca de nuevo el sistema y se permite ingresar a personas en forma directa para poder acomodar a funcionarios en altos cargos, léase el vocero del Presidente, cuya posición era de un personal de confianza, pero lo acreditaron. ¿Qué toca hacer ahora? Volver a suspender y comenzar a revisar las acreditaciones, y contrario a lo que afirma Berrocal en su análisis superficial del acto administrativo, de que no se puede revocar el mismo, olvidando por completo el artículo 62 de la Ley 30 de 2000, que señala taxativamente que las entidades publicas sólo podrán revocar o anular de oficio, una resolución en la que se reconozca o declare derecho subjetivos, cuando quien la emite no tiene competencia para ello, cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones falsas o haya aportado pruebas falsas, que es el caso común en las acreditaciones, donde se pone experiencia o conocimientos que no tienen los funcionarios. Por lo tanto, la norma esta allí, vigente, y es de urgente aplicación.
