La gobernabilidad democrática
A la gobernabilidad me he referido en ocasiones anteriores, para tratar de contribuir a la comprensión y difusión del contenido de este término, muy de moda en el lenguaje político de nuestros días y que será el tema central del diálogo de los cancilleres que se reunirán en el trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en Santiago de Chile, del 8 al 10 de junio, próximos.
El título de este artículo, aunque bien podría considerarse redundante por incluir el calificativo “democrática”, se justifica porque así fue adoptado por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, con base en la formulación propuesta por el país anfitrión. En mi opinión, la gobernabilidad sólo puede existir en los regímenes democráticos, aunque no en todos ellos exista. En 34 de los 35 países del continente americano, la excepción es Cuba, hay gobiernos democráticamente elegidos por eso no significa que en todos exista la gobernabilidad.
En el ámbito de nuestro continente, con la aprobación de la Carta Democrática, y tomando en cuenta sus principales postulados, se facilita la caracterización de la gobernabilidad. La Carta destaca los elementos esenciales y los aspectos fundamentales que definen la democracia, a la que se sigue dándole el apellido de “representativa”, lo que no es necesario y, además, puede resultar inconveniente, pues da lugar a interpretaciones restrictivas. La democracia no debe reducirse al aspecto de la representación, pues existen otras formas de expresión que no utilizan a los intermediarios electos. Hay ejemplos de países en los que la consulta directa mediante el referendo o el plebiscito se utiliza en largueza, especialmente en el nivel local, para tomar decisiones de interés general.
Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana son claves para la precisión del concepto gobernabilidad. Para que pueda considerarse que existe democracia debe haber “respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los pobres públicos”.
Si en principio todos estos elementos esenciales existen en nuestros países, entonces ¿por qué no está garantizada la gobernabilidad? La respuesta no es complicada. No hay auténtica gobernabilidad porque la mayoría de los actores humanos que deben contribuir a que estos elementos esenciales tengan plena vigencia con frecuencia anteponen sus intereses particulares a la preservación y promoción de la institucionalidad democrática.
Para que pueda existir la gobernabilidad es imprescindible que cada uno de los sectores que existen y conviven en una sociedad democrática cumpla responsablemente las tareas que le son propias. Ello significa, por ejemplo, que los partidos políticos sean verdaderos canales para la orientación y formación de la opinión pública, que los medios de comunicación se despojen de actitudes parciales o interesadas para consagrarse a la búsqueda y difusión de la información objetiva o que los grupos de presión que constituyen lo que se conoce como la sociedad civil no pretendan ejercer como “cogobiernos”. También significa que uno de los actores sociales aporte, según las responsabilidades de su respectiva parcela, para construir una sociedad más equitativa y justa. Ello significa, por ejemplo, que se supere el mercantilismo que anima a la mayoría de los actores económicos, de manera que puedan ensayarse vías para asegurar una distribución más justa de la riqueza.
La gobernabilidad puede definirse de manera llana como el conjunto de condiciones que permiten que cada una de las instituciones y componentes de una sociedad democrática cumplan las responsabilidades que le son propias. Si esa primera parte se logra, es de esperar que, como consecuencia, puedan construirse conjuntamente los consensos que permitan encarar los retos que las naciones democráticas, y especialmente las subdesarrolladas como las nuestras, tienen urgencia de enfrentar para rescatar a sus sectores más rezagados y castigados por la pobreza.
Importante por su significado, es la última declaración del Grupo de Río, enfocada a revisar los desafíos que enfrenta la gobernabilidad y la consolidación de la democracia en las Américas. Y en ella me concentraré en un próximo artículo.
Los partidos laboristas y populares se encuentran en las finales de sus gobiernos. La guerra les ha golpeado y el haber querido remover militarmente a Hussein podría conducir ulteriormente a cambios dentro de los mandatarios de Londres y Washington.
El título de este artículo, aunque bien podría considerarse redundante por incluir el calificativo “democrática”, se justifica porque así fue adoptado por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, con base en la formulación propuesta por el país anfitrión. En mi opinión, la gobernabilidad sólo puede existir en los regímenes democráticos, aunque no en todos ellos exista. En 34 de los 35 países del continente americano, la excepción es Cuba, hay gobiernos democráticamente elegidos por eso no significa que en todos exista la gobernabilidad.
En el ámbito de nuestro continente, con la aprobación de la Carta Democrática, y tomando en cuenta sus principales postulados, se facilita la caracterización de la gobernabilidad. La Carta destaca los elementos esenciales y los aspectos fundamentales que definen la democracia, a la que se sigue dándole el apellido de “representativa”, lo que no es necesario y, además, puede resultar inconveniente, pues da lugar a interpretaciones restrictivas. La democracia no debe reducirse al aspecto de la representación, pues existen otras formas de expresión que no utilizan a los intermediarios electos. Hay ejemplos de países en los que la consulta directa mediante el referendo o el plebiscito se utiliza en largueza, especialmente en el nivel local, para tomar decisiones de interés general.
Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana son claves para la precisión del concepto gobernabilidad. Para que pueda considerarse que existe democracia debe haber “respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los pobres públicos”.
Si en principio todos estos elementos esenciales existen en nuestros países, entonces ¿por qué no está garantizada la gobernabilidad? La respuesta no es complicada. No hay auténtica gobernabilidad porque la mayoría de los actores humanos que deben contribuir a que estos elementos esenciales tengan plena vigencia con frecuencia anteponen sus intereses particulares a la preservación y promoción de la institucionalidad democrática.
Para que pueda existir la gobernabilidad es imprescindible que cada uno de los sectores que existen y conviven en una sociedad democrática cumpla responsablemente las tareas que le son propias. Ello significa, por ejemplo, que los partidos políticos sean verdaderos canales para la orientación y formación de la opinión pública, que los medios de comunicación se despojen de actitudes parciales o interesadas para consagrarse a la búsqueda y difusión de la información objetiva o que los grupos de presión que constituyen lo que se conoce como la sociedad civil no pretendan ejercer como “cogobiernos”. También significa que uno de los actores sociales aporte, según las responsabilidades de su respectiva parcela, para construir una sociedad más equitativa y justa. Ello significa, por ejemplo, que se supere el mercantilismo que anima a la mayoría de los actores económicos, de manera que puedan ensayarse vías para asegurar una distribución más justa de la riqueza.
La gobernabilidad puede definirse de manera llana como el conjunto de condiciones que permiten que cada una de las instituciones y componentes de una sociedad democrática cumplan las responsabilidades que le son propias. Si esa primera parte se logra, es de esperar que, como consecuencia, puedan construirse conjuntamente los consensos que permitan encarar los retos que las naciones democráticas, y especialmente las subdesarrolladas como las nuestras, tienen urgencia de enfrentar para rescatar a sus sectores más rezagados y castigados por la pobreza.
Importante por su significado, es la última declaración del Grupo de Río, enfocada a revisar los desafíos que enfrenta la gobernabilidad y la consolidación de la democracia en las Américas. Y en ella me concentraré en un próximo artículo.
Los partidos laboristas y populares se encuentran en las finales de sus gobiernos. La guerra les ha golpeado y el haber querido remover militarmente a Hussein podría conducir ulteriormente a cambios dentro de los mandatarios de Londres y Washington.
