La gobernabilidad y el papel de la sociedad civil organizada
Cuando se habla de gobernabilidad, la reacción usual es considerar que la misma depende de la interacción armoniosa entre los actores políticos. Esta noción, que en el pasado fue apropiada, ha traído como consecuencia que en ocasiones, los actores políticos consideren que resulta suficiente el acuerdo entre los interlocutores políticos.
No obstante, en la sociedad moderna en que vivimos, es fundamental que, mediante una agenda común y acuerdos y compromisos serios y respetuosos, los actores políticos y sociales, lleven adelante programas y planes de acción conjuntos. El reconocimiento, el estímulo y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil así como la interacción constructiva entre las mismas es requisito indispensable a fin de promover la gobernabildad en aras de acceder a una sociedad más justa, más rica y más democrática.
Para ello, la sociedad civil organizada, tanto en gremios empresariales, laborales, organizaciones cívicas y ONG, conscientes de su papel, debe modificarse la cultura tradicional de la protesta, a la propuesta. Es, pues, tarea de los actores políticos fomentar una cultura de propuestas, mediante la interacción institucionalizada y transparente, que fomente el diálogo, la consulta, la coordinación y la cooperación entre los actores sociales y los actores políticos. Por otra parte, resulta obligante para la sociedad civil organizada, contribuir al desarrollo del país, a través de aportes propositivos, cooperativos y solidarios que lejos de intereses particulares, propongan políticas de Estado para temas de trascendental importancia como el Canal de Panamá, las áreas revertidas, la educación, la salud, entre muchos otros, de fundamental importancia.
Es oportuno comentar que a finales del mes de junio, tuvimos el privilegio de representar al sector empresarial panameño, en una reunión preparatoria a la Cumbre de Río, donde junto a actores sociales, participamos en el Encuentro de los representantes de la sociedad civil Europa-América Latina -Caribe. La declaración, consecuencia de este importante evento, resalta la relevancia, en el contexto de la integración , de hacer que el diálogo entre las dos regiones, confinado a las instancias gubernamentales, pase a incorporar a la sociedad civil y a sus legítimos representantes. Así, en su punto Número 1, claramente destaca que " el fortalecimiento y la diversificación de los lazos entre asociaciones empresariales, sindicales, de consumidores, profesionales y de la economía social, son imprescindibles para la plena realización del potencial de las relaciones interregionales y la creación de una auténtica cooperación social entre ambas regiones". Igualmente, en el punto dos de este histórico documento se advierte la necesidad que el diálogo político y las relaciones institucionalizadas entre las dos regiones, esté inseparablemente ligado a la existencia de una sociedad civil vigorosa, plural y dinámica, como marco propicio para fomentar la práctica de los principios democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así se recomienda la "participación institucionalizada de las instancias representativas de la sociedad civil en los diferentes foros de diálogo y cooperación políticos, al nivel nacional, interregional e internacional".
En Panamá, la cúpula empresarial ha hecho un notable esfuerzo, en aras de que, mediante propuestas, cumpla con el papel que le corresponde jugar en el contexto social. Así, por varios períodos presidenciales, ha llevado adelante un diálogo con los actores políticos, como corresponde, con propuestas y aportes, redefiniendo en la práctica, los parámetros de interacción entre los sectores público y privado.
Con miras a contribuir a la elaboración de una visión común, aportó un importante documento de trabajo: la propuesta del sector privado para una estrategia nacional de desarrollo, a través de la cual, invita a los actores sociales y políticos, a utilizar como base, esta herramienta en aras de construir una agenda común fundada en aquellos puntos de coincidencia como lo son la tasa de desempleo, la educación, la salud, el Canal de Panamá, las áreas revertidas, entre tantos temas que requieren de atención por parte de los actores sociales y políticos.
Hoy, más que nunca, ante desafíos como la reversión del Canal y sus áreas aledañas, ante los niveles de extrema pobreza, y la desigual distribución de la riqueza, todos los panameños tenemos un compromiso patriótico e histórico. La sociedad civil organizada no escapa a esa responsabilidad: es por ello que hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas vivas del país para que mediante propuestas constructivas, iniciativas novedosas y compromiso firme, hagan su mejor esfuerzo en aras de que juntos, en unidad nacional, enfrentemos los desafíos que imponen los tiempos y ofrezcamos al país un futuro promisorio, gracias a la responsabilidad compartida de todos los ciudadanos y de todos los sectores, los cuales mediante un gran contrato social, tenemos el deber de contribuir al crecimiento económico, social, político y cultural del país, ya que el desarrollo es responsabilidad de todos.
No obstante, en la sociedad moderna en que vivimos, es fundamental que, mediante una agenda común y acuerdos y compromisos serios y respetuosos, los actores políticos y sociales, lleven adelante programas y planes de acción conjuntos. El reconocimiento, el estímulo y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil así como la interacción constructiva entre las mismas es requisito indispensable a fin de promover la gobernabildad en aras de acceder a una sociedad más justa, más rica y más democrática.
Para ello, la sociedad civil organizada, tanto en gremios empresariales, laborales, organizaciones cívicas y ONG, conscientes de su papel, debe modificarse la cultura tradicional de la protesta, a la propuesta. Es, pues, tarea de los actores políticos fomentar una cultura de propuestas, mediante la interacción institucionalizada y transparente, que fomente el diálogo, la consulta, la coordinación y la cooperación entre los actores sociales y los actores políticos. Por otra parte, resulta obligante para la sociedad civil organizada, contribuir al desarrollo del país, a través de aportes propositivos, cooperativos y solidarios que lejos de intereses particulares, propongan políticas de Estado para temas de trascendental importancia como el Canal de Panamá, las áreas revertidas, la educación, la salud, entre muchos otros, de fundamental importancia.
Es oportuno comentar que a finales del mes de junio, tuvimos el privilegio de representar al sector empresarial panameño, en una reunión preparatoria a la Cumbre de Río, donde junto a actores sociales, participamos en el Encuentro de los representantes de la sociedad civil Europa-América Latina -Caribe. La declaración, consecuencia de este importante evento, resalta la relevancia, en el contexto de la integración , de hacer que el diálogo entre las dos regiones, confinado a las instancias gubernamentales, pase a incorporar a la sociedad civil y a sus legítimos representantes. Así, en su punto Número 1, claramente destaca que " el fortalecimiento y la diversificación de los lazos entre asociaciones empresariales, sindicales, de consumidores, profesionales y de la economía social, son imprescindibles para la plena realización del potencial de las relaciones interregionales y la creación de una auténtica cooperación social entre ambas regiones". Igualmente, en el punto dos de este histórico documento se advierte la necesidad que el diálogo político y las relaciones institucionalizadas entre las dos regiones, esté inseparablemente ligado a la existencia de una sociedad civil vigorosa, plural y dinámica, como marco propicio para fomentar la práctica de los principios democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Así se recomienda la "participación institucionalizada de las instancias representativas de la sociedad civil en los diferentes foros de diálogo y cooperación políticos, al nivel nacional, interregional e internacional".
En Panamá, la cúpula empresarial ha hecho un notable esfuerzo, en aras de que, mediante propuestas, cumpla con el papel que le corresponde jugar en el contexto social. Así, por varios períodos presidenciales, ha llevado adelante un diálogo con los actores políticos, como corresponde, con propuestas y aportes, redefiniendo en la práctica, los parámetros de interacción entre los sectores público y privado.
Con miras a contribuir a la elaboración de una visión común, aportó un importante documento de trabajo: la propuesta del sector privado para una estrategia nacional de desarrollo, a través de la cual, invita a los actores sociales y políticos, a utilizar como base, esta herramienta en aras de construir una agenda común fundada en aquellos puntos de coincidencia como lo son la tasa de desempleo, la educación, la salud, el Canal de Panamá, las áreas revertidas, entre tantos temas que requieren de atención por parte de los actores sociales y políticos.
Hoy, más que nunca, ante desafíos como la reversión del Canal y sus áreas aledañas, ante los niveles de extrema pobreza, y la desigual distribución de la riqueza, todos los panameños tenemos un compromiso patriótico e histórico. La sociedad civil organizada no escapa a esa responsabilidad: es por ello que hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas vivas del país para que mediante propuestas constructivas, iniciativas novedosas y compromiso firme, hagan su mejor esfuerzo en aras de que juntos, en unidad nacional, enfrentemos los desafíos que imponen los tiempos y ofrezcamos al país un futuro promisorio, gracias a la responsabilidad compartida de todos los ciudadanos y de todos los sectores, los cuales mediante un gran contrato social, tenemos el deber de contribuir al crecimiento económico, social, político y cultural del país, ya que el desarrollo es responsabilidad de todos.
