La gran ciudad y el turismo
El alcalde Juan Carlos Navarro comenzó su campaña política con gran motivación para promover y desarrollar en el distrito capital el concepto de la Gran Ciudad, a fin, de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, generar empleos y seguridad. Hasta ahora el esfuerzo más conocido ha sido dirigido a la recolección y limpieza y el remozamiento de los parques públicos. La gran aceptación popular del Alcalde en las encuestas se debe a estás iniciativas.
La Gran Ciudad se desarrolla sobre un espacio geográfico que va más allá del Municipio de Panamá; incluye San Miguelito y Arraiján. Por lo que, es preciso una coordinación armónica con estos municipios, porque lo importante es dar la imagen de planificación y desarrollo de actividades en forma coherente con los que vivimos en esta área, garantizar seguridad, espacios libres y ambiente adecuado.
La Gran Ciudad requiere de esfuerzos extras dirigidos a reconocer las normas urbanas y promover el turismo. Un ejemplo de ello es la necesidad de que el Municipio brinde servicios, entre otro mobiliario urbano; pero misteriosamente la firma de un contrato lleva dos años y no había posibilidades porque existía una demanda ante la corte; felizmente se ha resuelto. Ahora a esperar que el Contralor General de la República refrende el contrato y así los ciudadanos podamos disponer de paradas cómodas y adecuadas a nuestro trópico, pero sólo cubrirán parte de la Gran Ciudad, es decir, excluye San Miguelito y al Oeste (Arraiján).
La ciudad de Panamá tiene su encanto para los turistas, por su paisaje, áreas verdes, comercio, sistema bancarios, etc., y por los hechos observados, hay esfuerzos de la municipalidad para mejorar. Pero observamos una ausencia de coordinación entre el IPAT y su danza de millones para la promoción del turismo a nivel internacional. El desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Panamá se concentra en la inversión gubernamental, dejando al municipio fuera de toda participación en la planificación de las decisiones. Sólo que el municipio es responsable de una parte importante de lo que pasa con las inversiones privadas. La ingeniería municipal no debe ser como hoy un espacio político, es y debe ser el principal instrumento para planificar y ordenar la Gran Ciudad.
Es en la ingeniería municipal donde se aprueban los planos de la inversión privada, donde se puede definir y orientar el desarrollo la Gran Ciudad. El Municipio se ha olvidado que su principal función es la de promover el desarrollo y se ha quedado buscando recursos para la inversión local.
Existen avances importantes en la limpieza y los parques, pero se mantienen latente los problemas de normas urbanización, limitada infraestructura y deficiente sistema de transporte. La ciudad pierde cada día espacios para circular porque la Ingeniería Municipal no aplica en forma coherente las disposiciones sobre el número de estacionamiento en los edificios y los negocios nuevos. Así los nuevos edificios cumplen con el mínimo de estacionamientos para sus apartamentos, pero no hay regulación efectiva para las visitas, por lo que éstas se estacionan en las calles y avenidas. De allí, la saturación de vehículos en los barrios de Obarrio, Paitilla, Marbella, El Cangrejo, etc.
La ciudad amerita cuanto antes un esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Autoridad Nacional de Transporte, para mejorar el movimiento de los vehículos comerciales de carga, a fin de disminuir el costo de la ciudad en el combustible originado por el exceso de vehículos a toda hora del día; lo que requiere una adecuación en los horarios de circulación de los transportes de carga. En todas las ciudades del mundo existe un horario para estos.
El Municipio debe actuar armónicamente con el Gobierno, en función del bienestar del pueblo; encaminar a la Ingeniería Municipal a cumplir con la legislación vigente sobre urbanizaciones; instruir al Tesorero para que disponga de un catastro eficiente y con un sistema de informática apropiado para el pago de las placas y demás impuestos; el Alcalde a iniciar negociaciones con la Autoridad del Transporte Terrestre para implementar medidas con la distribución del transporte de carga; acelerar el contrato de mobiliario urbano, y ordenar el sistema de taxímetros. El turismo es viable en la medida en que comencemos a poner orden y control a las cosas, respetar las leyes y garantizarle seguridad a los ciudadanos, y la Alcaldía debe jugar un rol.
(yesimaria@hotmail.com)
Una atrocidad análoga a la anterior ha sido el reclutamiento forzado de mujeres en burdeles como se hizo con las coreanas y otras mujeres asiáticas durante la segunda guerra mundial, lo cual constituye un agravio que aún permanecía sin reparación a fines del siglo XX. Es realmente horrendo realizar que durante las hostilidades en la antigua Yugoslavia se sucedieron no menos de 20,000 casos de violaciones cometidas como cuestión de política del Estado y de estrategia de guerra. Este patrón de conducta continuó con la práctica de las violaciones realizadas en 1998 y en 1999 contra mujeres albanesas oriundas de Kosovo, según se dio a conocer en la publicación circulada el año siguiente por "Human Rights Watch" bajo el título de "Kosovo: Rape as a Weapon of "Ethnic Cleansing" " - "Kosovo: La violación de mujeres como arma de limpieza étnica".
Muchos pensadores eminentes han hecho contribuciones luminosas para definir y entender los profundos desajustes de todo orden que se dan en los seres humanos y que los conducen a comportarse en las guerras y en los conflictos internos o internacionales como seres que han perdido la más preciada referencia de la condición humana: la conciencia del bien y del mal. El problema crece en complejidad, por la dimensión que le atribuye Donald H. Rumsfeld, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, al señalar que "el reto de este nuevo siglo es particularmente difícil: defender a la nación contra lo desconocido, contra lo incierto, contra lo invisible y lo inesperado". (Donald H. Rumsfeld, "Transforming the Military", Foreign Affairs, May / June 2002, p.23).
La fundación en 1945 de las Naciones Unidas fue un logro histórico. Pero esa obra, aunque de una indudable coherencia de ideales y de propósitos no estaba completa. Esta imperfección ha sido dolorosamente ilustrada en Cambodia, en Rwanda, en Yugoslavia. Paralelamente las Naciones Unidas fue cumpliendo un programa extenso y ambicioso en la esfera de la acción normativa y de la acción humanitaria.
La creación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, fueron victorias auténticas en la lucha que libra las Naciones Unidas para convencer a los Estados del mundo de la necesidad y de las ventajas de ceder en sus atributos soberanos una cuota-parte de las atribuciones y competencias en el campo de la jurisdicción penal internacional.
En los últimos 50 años la comunidad internacional ha reconocido que no se puede tener la convicción de que está actuando por la paz, por la seguridad, por el desarrollo, por la cooperación internacionales con los pies chapaleando en la sangre, con la hipocresía de aplicar pesos y medidas diferentes según sea el país o el Gobierno de que se trate, no obstante la buena conciencia que ha caracterizado una época que se dice estar motivada por los ideales de lo humanitario.
La entrada en vigor del Estatuto de Roma que creó en 1998 la Corte Penal Internacional es la penúltima victoria en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra, del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad. Digo que es la penúltima victoria, porque la victoria final sólo tendrá lugar a lo largo de los años. De hecho, esa victoria final tendrá lugar cada vez que la Corte Penal Internacional logre sentar en el banquillo a los autores de los crímenes tipificados por el Estatuto de Roma, cada vez que a la Corte Penal Internacional le sea posible ejercer su mandato con absoluta imparcialidad y en ejercicio de una jurisdicción universal.
Ante las necesidades nutricionales, se ha tomado como medida que el kiosco escolar no venda gaseosas a los niños, sólo a los adultos. A los pequeños se les vende maltas y refrescos naturales. Ninguna medida se descarta para enfrentar un problema que pone en riesgo el activo más valioso del país: su gente.
El Programa de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, a cargo de Ella Ferguson, cubre 2,661 escuelas con 362,669 estudiantes a un costo de 11 millones de balboas. "Si alguien está comiendo en este país son estos niños", aseguró Ferguson. Destacó que por las metas alcanzadas ya no existe la anemia en los niños que llegaban con seis gramos de hemoglobina. La deficiencia de yodo está totalmente controlada porque se yoda toda la sal por ley y por supervisión del Ministerio de Salud y la vitamina A y el hierro se le está dando en los alimentos, además de las vitaminas de hierro y ácido fólico que proporciona Salud. Para este programa, que se inició en 1993 con B/. 1.2 millones solicitarán el próximo año B/. 18 millones, porque ha aumentado la matrícula. Esto es meta número 1 del Gobierno, aseguró.
Dijo que el Fondo de Inversión Social participa en las zonas rurales y les lleva el almuerzo. Según Ferguson el programa de la crema y la galleta nutritiva cubre a 174 mil 445 estudiantes de escuela primaria. En las comarcas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá, también se ofrece la crema y galleta nutritiva, además del almuerzo del Fondo de Inversión Social.
En la alimentación complementaria el programa abarca a 496 escuelas de la zona urbana con bolsones de pobreza, que están en todo el país, inclusive "detrás de nuestras casas". Esos chicos reciben leche galleta y el almuerzo, aseguró.
Este medio también supo que en México ha habido quejas ante las oficinas respectivas de defensa del consumidor sobre los cursos vendidos por KOE.
En esa entidad, Rigoberto De La Rosa, encargado de la dirección de Asuntos del Consumidor, informó que cuando la empresa comenzó a funcionar en Panamá, el contrato no establecía que en caso de insatisfacción por parte del cliente, éste podía devolver el material en un lapso de 48 horas. Desde el año pasado, contiene esa cláusula.
Informó que en un tiempo hubo muchas quejas ante la CLICAC, por lo que la empresa tuvo que confeccionar otro tipo de contrato más específico, luego de conversaciones y asesoría por parte de los abogados de la institución. El anterior decía en la parte de abajo "Pagaré", con letras chicas. El actual dice "Letra de cambio", con letras rojas, y en centro del contrato.
En estos momentos, sin embargo, aunque hay un nuevo documento, siguen llegando las denuncias, por lo que las investigaciones en la CLICAC continúan. Explicó que los acuerdos a que han llegado los afectados con KOE están basados en la conciliación, una figura establecida en la Ley 29 sobre libre competencia y protección del consumidor (Artículo 103, numeral 18, en correspondencia con los artículos 119 y siguientes), con la que se busca que ambas partes se atengan a un arreglo que les parezca justo y conveniente.
En ese sentido, el denunciado y el denunciante proponen y aceptan pautas durante las audiencias de conciliación, siempre basados en lo que establece la ley. Las quejas se basan en la falta de información cuando se vende el curso, que desencadena en un engaño, según los afectados.
De La Rosa fue enfático al informar que la ley indica que existe la obligación de informar, por parte del proveedor al consumidor, lo que se está vendiendo. El deber del primero es informar detalladamente sobre las características del producto o servicio ofrecido.
Si no se hace, entonces la CLICAC acepta atender las quejas que se presentan. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son los deberes del consumidor, que tiene la obligación de leer qué es lo que firma. En este caso, el contrato dice claramente que se trata de una letra de cambio, informó De La Rosa, quien advirtió que el consumidor jamás debe firmar contratos en blanco.
Muchos de los casos en los que no se han logrado acuerdos y siguen la vía judicial, es porque la entidad no puede resarcir ni llevar al consumidor a un estado perfecto cuando el servicio que adquiere supera los 500 balboas. Se trata por todos los medios de conciliar, pero cuando no se logra, el consumidor tiene la opción de la vía judicial, resaltó.
Debido a las múltiples denuncias, la entidad citó a los directivos y abogados de KOE, señaló la fuente, para hacer cambios en los términos de la redacción de los contratos. Además, se hicieron inspecciones a las instalaciones. Esto trajo como consecuencia que bajara la cantidad de denuncias, de 41 a 9. Por ahora KOE no ha sido sancionada por la CLICAC, aunque la entidad tiene potestad para hacerlo.
El Panamá América entrevistó a Jhon Mario Mejía, gerente administrativo de KOE, quien argumentó que el contrato es claro y especifica que el cliente paga por el material didáctico. Las asesorías son gratis. El cliente debe pagar este material, si no es devuelto en el término de 48 horas.
Pero, ¿cuesta ese material más de B/.2 mil 200? A juicio de Mejía sí. También lo considera así el director de cobros, Gerardo Sánchez, porque, según dijo, no son sólo los tres textos de modismos y ejercicios de comprensión, ocho cintas de audio de Inglés básico, 16 casetes de Inglés intermedio, 16 casetes de Inglés avanzado y un maletín, sino los derechos de autor del sistema y del contenido de libros y casetes.
Sánchez destacó que el programa es científico, natural y sugestopédico. Esto último proviene de la "sugestología", que es la ciencia que se encarga de despertar la parte inactiva del cerebro. Se usa el método "Fast and easy".
Pero para que resulte, la persona debe hacer el EPA: Ejercicio Previo Autónomo, que es leer los libros y escuchar los casetes antes de llegar a la asesoría de una hora dos veces por semana. Hay que tener voluntad de aprender por sí mismos, sin horarios ni exámenes, destaca la fuente, aunque con asesoría.
Los planes de enseñanza son de 9, 12 y 14 meses, a un costo de más de B/.1,200.00, con mensualidades de entre B/.83.00 y B/.97.00. Según Mejía, KOE no acepta la devolución del material didáctico porque puede haber sido copiado o reproducido para venderlo más adelante y porque el cliente no firma un contrato leonino, sino uno muy sencillo.
Sánchez a su vez dijo no comprender por qué hay tantas quejas, y lo que ocurre es que la gente adquiere un compromiso de pago (pagaré) y luego ve que tiene otras prioridades, como pagar el carro, y desea dejar de cancelar su compromiso con KOE.
Esta empresa tiene unos 130 empleados a los que debe pagar sus salarios, señaló, y unos 6 mil clientes en todo el país, que deben seguir recibiendo atención. La empresa se estableció oficialmente en Panamá en agosto del 2000 y su representante legal es el bufete Solís, Endara, Delgado y Guevara.
La Gran Ciudad se desarrolla sobre un espacio geográfico que va más allá del Municipio de Panamá; incluye San Miguelito y Arraiján. Por lo que, es preciso una coordinación armónica con estos municipios, porque lo importante es dar la imagen de planificación y desarrollo de actividades en forma coherente con los que vivimos en esta área, garantizar seguridad, espacios libres y ambiente adecuado.
La Gran Ciudad requiere de esfuerzos extras dirigidos a reconocer las normas urbanas y promover el turismo. Un ejemplo de ello es la necesidad de que el Municipio brinde servicios, entre otro mobiliario urbano; pero misteriosamente la firma de un contrato lleva dos años y no había posibilidades porque existía una demanda ante la corte; felizmente se ha resuelto. Ahora a esperar que el Contralor General de la República refrende el contrato y así los ciudadanos podamos disponer de paradas cómodas y adecuadas a nuestro trópico, pero sólo cubrirán parte de la Gran Ciudad, es decir, excluye San Miguelito y al Oeste (Arraiján).
La ciudad de Panamá tiene su encanto para los turistas, por su paisaje, áreas verdes, comercio, sistema bancarios, etc., y por los hechos observados, hay esfuerzos de la municipalidad para mejorar. Pero observamos una ausencia de coordinación entre el IPAT y su danza de millones para la promoción del turismo a nivel internacional. El desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Panamá se concentra en la inversión gubernamental, dejando al municipio fuera de toda participación en la planificación de las decisiones. Sólo que el municipio es responsable de una parte importante de lo que pasa con las inversiones privadas. La ingeniería municipal no debe ser como hoy un espacio político, es y debe ser el principal instrumento para planificar y ordenar la Gran Ciudad.
Es en la ingeniería municipal donde se aprueban los planos de la inversión privada, donde se puede definir y orientar el desarrollo la Gran Ciudad. El Municipio se ha olvidado que su principal función es la de promover el desarrollo y se ha quedado buscando recursos para la inversión local.
Existen avances importantes en la limpieza y los parques, pero se mantienen latente los problemas de normas urbanización, limitada infraestructura y deficiente sistema de transporte. La ciudad pierde cada día espacios para circular porque la Ingeniería Municipal no aplica en forma coherente las disposiciones sobre el número de estacionamiento en los edificios y los negocios nuevos. Así los nuevos edificios cumplen con el mínimo de estacionamientos para sus apartamentos, pero no hay regulación efectiva para las visitas, por lo que éstas se estacionan en las calles y avenidas. De allí, la saturación de vehículos en los barrios de Obarrio, Paitilla, Marbella, El Cangrejo, etc.
La ciudad amerita cuanto antes un esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Autoridad Nacional de Transporte, para mejorar el movimiento de los vehículos comerciales de carga, a fin de disminuir el costo de la ciudad en el combustible originado por el exceso de vehículos a toda hora del día; lo que requiere una adecuación en los horarios de circulación de los transportes de carga. En todas las ciudades del mundo existe un horario para estos.
El Municipio debe actuar armónicamente con el Gobierno, en función del bienestar del pueblo; encaminar a la Ingeniería Municipal a cumplir con la legislación vigente sobre urbanizaciones; instruir al Tesorero para que disponga de un catastro eficiente y con un sistema de informática apropiado para el pago de las placas y demás impuestos; el Alcalde a iniciar negociaciones con la Autoridad del Transporte Terrestre para implementar medidas con la distribución del transporte de carga; acelerar el contrato de mobiliario urbano, y ordenar el sistema de taxímetros. El turismo es viable en la medida en que comencemos a poner orden y control a las cosas, respetar las leyes y garantizarle seguridad a los ciudadanos, y la Alcaldía debe jugar un rol.
(yesimaria@hotmail.com)
Una atrocidad análoga a la anterior ha sido el reclutamiento forzado de mujeres en burdeles como se hizo con las coreanas y otras mujeres asiáticas durante la segunda guerra mundial, lo cual constituye un agravio que aún permanecía sin reparación a fines del siglo XX. Es realmente horrendo realizar que durante las hostilidades en la antigua Yugoslavia se sucedieron no menos de 20,000 casos de violaciones cometidas como cuestión de política del Estado y de estrategia de guerra. Este patrón de conducta continuó con la práctica de las violaciones realizadas en 1998 y en 1999 contra mujeres albanesas oriundas de Kosovo, según se dio a conocer en la publicación circulada el año siguiente por "Human Rights Watch" bajo el título de "Kosovo: Rape as a Weapon of "Ethnic Cleansing" " - "Kosovo: La violación de mujeres como arma de limpieza étnica".
Muchos pensadores eminentes han hecho contribuciones luminosas para definir y entender los profundos desajustes de todo orden que se dan en los seres humanos y que los conducen a comportarse en las guerras y en los conflictos internos o internacionales como seres que han perdido la más preciada referencia de la condición humana: la conciencia del bien y del mal. El problema crece en complejidad, por la dimensión que le atribuye Donald H. Rumsfeld, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, al señalar que "el reto de este nuevo siglo es particularmente difícil: defender a la nación contra lo desconocido, contra lo incierto, contra lo invisible y lo inesperado". (Donald H. Rumsfeld, "Transforming the Military", Foreign Affairs, May / June 2002, p.23).
La fundación en 1945 de las Naciones Unidas fue un logro histórico. Pero esa obra, aunque de una indudable coherencia de ideales y de propósitos no estaba completa. Esta imperfección ha sido dolorosamente ilustrada en Cambodia, en Rwanda, en Yugoslavia. Paralelamente las Naciones Unidas fue cumpliendo un programa extenso y ambicioso en la esfera de la acción normativa y de la acción humanitaria.
La creación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, fueron victorias auténticas en la lucha que libra las Naciones Unidas para convencer a los Estados del mundo de la necesidad y de las ventajas de ceder en sus atributos soberanos una cuota-parte de las atribuciones y competencias en el campo de la jurisdicción penal internacional.
En los últimos 50 años la comunidad internacional ha reconocido que no se puede tener la convicción de que está actuando por la paz, por la seguridad, por el desarrollo, por la cooperación internacionales con los pies chapaleando en la sangre, con la hipocresía de aplicar pesos y medidas diferentes según sea el país o el Gobierno de que se trate, no obstante la buena conciencia que ha caracterizado una época que se dice estar motivada por los ideales de lo humanitario.
La entrada en vigor del Estatuto de Roma que creó en 1998 la Corte Penal Internacional es la penúltima victoria en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra, del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad. Digo que es la penúltima victoria, porque la victoria final sólo tendrá lugar a lo largo de los años. De hecho, esa victoria final tendrá lugar cada vez que la Corte Penal Internacional logre sentar en el banquillo a los autores de los crímenes tipificados por el Estatuto de Roma, cada vez que a la Corte Penal Internacional le sea posible ejercer su mandato con absoluta imparcialidad y en ejercicio de una jurisdicción universal.
Ante las necesidades nutricionales, se ha tomado como medida que el kiosco escolar no venda gaseosas a los niños, sólo a los adultos. A los pequeños se les vende maltas y refrescos naturales. Ninguna medida se descarta para enfrentar un problema que pone en riesgo el activo más valioso del país: su gente.
El Programa de Nutrición Escolar del Ministerio de Educación, a cargo de Ella Ferguson, cubre 2,661 escuelas con 362,669 estudiantes a un costo de 11 millones de balboas. "Si alguien está comiendo en este país son estos niños", aseguró Ferguson. Destacó que por las metas alcanzadas ya no existe la anemia en los niños que llegaban con seis gramos de hemoglobina. La deficiencia de yodo está totalmente controlada porque se yoda toda la sal por ley y por supervisión del Ministerio de Salud y la vitamina A y el hierro se le está dando en los alimentos, además de las vitaminas de hierro y ácido fólico que proporciona Salud. Para este programa, que se inició en 1993 con B/. 1.2 millones solicitarán el próximo año B/. 18 millones, porque ha aumentado la matrícula. Esto es meta número 1 del Gobierno, aseguró.
Dijo que el Fondo de Inversión Social participa en las zonas rurales y les lleva el almuerzo. Según Ferguson el programa de la crema y la galleta nutritiva cubre a 174 mil 445 estudiantes de escuela primaria. En las comarcas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá, también se ofrece la crema y galleta nutritiva, además del almuerzo del Fondo de Inversión Social.
En la alimentación complementaria el programa abarca a 496 escuelas de la zona urbana con bolsones de pobreza, que están en todo el país, inclusive "detrás de nuestras casas". Esos chicos reciben leche galleta y el almuerzo, aseguró.
Este medio también supo que en México ha habido quejas ante las oficinas respectivas de defensa del consumidor sobre los cursos vendidos por KOE.
En esa entidad, Rigoberto De La Rosa, encargado de la dirección de Asuntos del Consumidor, informó que cuando la empresa comenzó a funcionar en Panamá, el contrato no establecía que en caso de insatisfacción por parte del cliente, éste podía devolver el material en un lapso de 48 horas. Desde el año pasado, contiene esa cláusula.
Informó que en un tiempo hubo muchas quejas ante la CLICAC, por lo que la empresa tuvo que confeccionar otro tipo de contrato más específico, luego de conversaciones y asesoría por parte de los abogados de la institución. El anterior decía en la parte de abajo "Pagaré", con letras chicas. El actual dice "Letra de cambio", con letras rojas, y en centro del contrato.
En estos momentos, sin embargo, aunque hay un nuevo documento, siguen llegando las denuncias, por lo que las investigaciones en la CLICAC continúan. Explicó que los acuerdos a que han llegado los afectados con KOE están basados en la conciliación, una figura establecida en la Ley 29 sobre libre competencia y protección del consumidor (Artículo 103, numeral 18, en correspondencia con los artículos 119 y siguientes), con la que se busca que ambas partes se atengan a un arreglo que les parezca justo y conveniente.
En ese sentido, el denunciado y el denunciante proponen y aceptan pautas durante las audiencias de conciliación, siempre basados en lo que establece la ley. Las quejas se basan en la falta de información cuando se vende el curso, que desencadena en un engaño, según los afectados.
De La Rosa fue enfático al informar que la ley indica que existe la obligación de informar, por parte del proveedor al consumidor, lo que se está vendiendo. El deber del primero es informar detalladamente sobre las características del producto o servicio ofrecido.
Si no se hace, entonces la CLICAC acepta atender las quejas que se presentan. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son los deberes del consumidor, que tiene la obligación de leer qué es lo que firma. En este caso, el contrato dice claramente que se trata de una letra de cambio, informó De La Rosa, quien advirtió que el consumidor jamás debe firmar contratos en blanco.
Muchos de los casos en los que no se han logrado acuerdos y siguen la vía judicial, es porque la entidad no puede resarcir ni llevar al consumidor a un estado perfecto cuando el servicio que adquiere supera los 500 balboas. Se trata por todos los medios de conciliar, pero cuando no se logra, el consumidor tiene la opción de la vía judicial, resaltó.
Debido a las múltiples denuncias, la entidad citó a los directivos y abogados de KOE, señaló la fuente, para hacer cambios en los términos de la redacción de los contratos. Además, se hicieron inspecciones a las instalaciones. Esto trajo como consecuencia que bajara la cantidad de denuncias, de 41 a 9. Por ahora KOE no ha sido sancionada por la CLICAC, aunque la entidad tiene potestad para hacerlo.
El Panamá América entrevistó a Jhon Mario Mejía, gerente administrativo de KOE, quien argumentó que el contrato es claro y especifica que el cliente paga por el material didáctico. Las asesorías son gratis. El cliente debe pagar este material, si no es devuelto en el término de 48 horas.
Pero, ¿cuesta ese material más de B/.2 mil 200? A juicio de Mejía sí. También lo considera así el director de cobros, Gerardo Sánchez, porque, según dijo, no son sólo los tres textos de modismos y ejercicios de comprensión, ocho cintas de audio de Inglés básico, 16 casetes de Inglés intermedio, 16 casetes de Inglés avanzado y un maletín, sino los derechos de autor del sistema y del contenido de libros y casetes.
Sánchez destacó que el programa es científico, natural y sugestopédico. Esto último proviene de la "sugestología", que es la ciencia que se encarga de despertar la parte inactiva del cerebro. Se usa el método "Fast and easy".
Pero para que resulte, la persona debe hacer el EPA: Ejercicio Previo Autónomo, que es leer los libros y escuchar los casetes antes de llegar a la asesoría de una hora dos veces por semana. Hay que tener voluntad de aprender por sí mismos, sin horarios ni exámenes, destaca la fuente, aunque con asesoría.
Los planes de enseñanza son de 9, 12 y 14 meses, a un costo de más de B/.1,200.00, con mensualidades de entre B/.83.00 y B/.97.00. Según Mejía, KOE no acepta la devolución del material didáctico porque puede haber sido copiado o reproducido para venderlo más adelante y porque el cliente no firma un contrato leonino, sino uno muy sencillo.
Sánchez a su vez dijo no comprender por qué hay tantas quejas, y lo que ocurre es que la gente adquiere un compromiso de pago (pagaré) y luego ve que tiene otras prioridades, como pagar el carro, y desea dejar de cancelar su compromiso con KOE.
Esta empresa tiene unos 130 empleados a los que debe pagar sus salarios, señaló, y unos 6 mil clientes en todo el país, que deben seguir recibiendo atención. La empresa se estableció oficialmente en Panamá en agosto del 2000 y su representante legal es el bufete Solís, Endara, Delgado y Guevara.
