La Guerra contra las Drogas
Los carteles productores de drogas ilegales en Colombia y otros países de Sur América encuentran el aliento para mantenerse en este peligroso negocio merced el inmenso lucro que obtienen. Están continuamente buscando nuevas rutas, más económicas y menos arriesgadas para transportar sus productos ilegales hacia los mercados de consumo. Así, los países en medio de sus rutas y objetivos, estamos en constante amenaza.
En Panamá, hemos visto el ciclo entero. Primero durante los ochentas establecieron contactos con los comerciantes y entidades financieras locales para transportar los productos y luego poder lavar el dinero.
En el proceso, penetraron hasta los más altos niveles del gobierno, desde las fuerzas armadas hasta las jefaturas el Ejecutivo. Hoy tenemos lo que algunos consideran lo peor: un porcentaje importante de la población enviciada con drogas ilegales en todas las clases sociales, una ruta preferida de tránsito hacia otros países.
En República Dominicana los ingredientes podrían estarse mezclando para convertirla en el más nuevo de los centros de transbordo hacia los Estados Unidos, el principal mercado de consumo de las drogas, y de lavado de dinero. Su su posición geográfica es óptima. Está a solo 100 kilómetros de Puerto Rico y los dominicanos mantienen una presencia importante en grandes ciudades de los Estados Unidos, en especial Miami y Nueva York, lo cual facilita las comunicaciones y transacciones.
Por otra parte México, otro importante centro de transbordo, se ha convertido a los barones de la droga en un país de alto costo y riesgo, ya que los intermediarios mexicanos están exigiendo una mayor parte del pastel al mismo tiempo que las autoridades del país están ejerciendo creciente presión sobre el ilícito negocio, gracias a su vez a las presiones de Estados Unidos, como ilustran los escándalos recientes.
Por su lado Leonel Fernández, Presidente de República Dominicana, enfrenta un gran reto, el cual tiene que llevar adelante con la ineficiente y recargada burocracia que dejó Joaquín Balaguer y los escasos recursos. Pero mientras refuerza la infraestructura policial e investigativa necesaria para combatir el narcotráfico, su convicción lo ha llevado a utilizar las leyes para mantener a estos criminales en jaque. Por ejemplo, ya extraditó a los Estados Unidos a dos dominicanos encausados por tales delitos. La amenaza de este tipo de medida parece ser muy efectiva ya que los nacionales tradicionalmente han visto a la extradición como la consecuencia más temible por su conducta criminal.
Los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico y consumo de drogas así como el lavado de dinero deben continuar y redoblarse. A medida que los criminales ajustan sus prácticas y operaciones, las autoridades en los diferentes países de trasbordo tienen que contar con los recursos para combatirlos. La guerra contra las drogas debe enfocarse como un problema internacional, no de ningún país en particular. Bajo esa perspectiva debe verse el caso Castrillón Henao, y no en forma aislada bajo los tradicionales conceptos de jurisdicción territorial y soberanías nacionales.
En Panamá, hemos visto el ciclo entero. Primero durante los ochentas establecieron contactos con los comerciantes y entidades financieras locales para transportar los productos y luego poder lavar el dinero.
En el proceso, penetraron hasta los más altos niveles del gobierno, desde las fuerzas armadas hasta las jefaturas el Ejecutivo. Hoy tenemos lo que algunos consideran lo peor: un porcentaje importante de la población enviciada con drogas ilegales en todas las clases sociales, una ruta preferida de tránsito hacia otros países.
En República Dominicana los ingredientes podrían estarse mezclando para convertirla en el más nuevo de los centros de transbordo hacia los Estados Unidos, el principal mercado de consumo de las drogas, y de lavado de dinero. Su su posición geográfica es óptima. Está a solo 100 kilómetros de Puerto Rico y los dominicanos mantienen una presencia importante en grandes ciudades de los Estados Unidos, en especial Miami y Nueva York, lo cual facilita las comunicaciones y transacciones.
Por otra parte México, otro importante centro de transbordo, se ha convertido a los barones de la droga en un país de alto costo y riesgo, ya que los intermediarios mexicanos están exigiendo una mayor parte del pastel al mismo tiempo que las autoridades del país están ejerciendo creciente presión sobre el ilícito negocio, gracias a su vez a las presiones de Estados Unidos, como ilustran los escándalos recientes.
Por su lado Leonel Fernández, Presidente de República Dominicana, enfrenta un gran reto, el cual tiene que llevar adelante con la ineficiente y recargada burocracia que dejó Joaquín Balaguer y los escasos recursos. Pero mientras refuerza la infraestructura policial e investigativa necesaria para combatir el narcotráfico, su convicción lo ha llevado a utilizar las leyes para mantener a estos criminales en jaque. Por ejemplo, ya extraditó a los Estados Unidos a dos dominicanos encausados por tales delitos. La amenaza de este tipo de medida parece ser muy efectiva ya que los nacionales tradicionalmente han visto a la extradición como la consecuencia más temible por su conducta criminal.
Los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico y consumo de drogas así como el lavado de dinero deben continuar y redoblarse. A medida que los criminales ajustan sus prácticas y operaciones, las autoridades en los diferentes países de trasbordo tienen que contar con los recursos para combatirlos. La guerra contra las drogas debe enfocarse como un problema internacional, no de ningún país en particular. Bajo esa perspectiva debe verse el caso Castrillón Henao, y no en forma aislada bajo los tradicionales conceptos de jurisdicción territorial y soberanías nacionales.