La honestidad sí paga
Las noticias divulgadas por los medios escritos, radiales y televisivos del país nos relatan con lujo de detalles, las querellas legales, las injusticias, los abusos, la explotación del hombre por el hombre; es decir que, el genero humano está en estado de guerra, contra su propia especie, situación que, prácticamente, no se observa en los llamados seres irracionales, los animales salvajes.
Los hombre y mujeres del mundo moderno, siguiendo la tradición y costumbres heredadas de nuestros padres y abuelos, eligen dentro de cada comunidad a las personas que se consideran las más adecuadas para administrar la hacienda pública; es decir, los fondos recaudados con los diferentes impuestos en beneficio de las propias comunidades, con énfasis en los desprotegidos, en los más débiles, en los más necesitados.
No obstante, en la práctica, salvo honrosas excepciones, los responsables de las administraciones públicas parecieran venir de otros planetas, donde se les inculcó que el género humano existe para ser explotado, esclavizado y denigrado en cada oportunidad que les convenga, para saciar sus propios gustos, extravagancias y ansias de poder.
Mientras la Constitución Nacional vigente en Panamá prohibe los fueros y privilegios, es decir que hace énfasis en la igualdad de derechos y deberes de todos los panameños; los diputados, los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, tienen el privilegio de comprar automóviles exonerados del Impuesto Nacional que el resto de los ciudadanos residentes en el país debemos pagar.
Las leyes y reglamentos que los países democráticos emiten para salvaguardar la paz social y el respeto mutuo entre todos los habitantes, son violados impunemente por funcionarios deshonestos, lo que contribuye al clima de inseguridad, a la falta de respeto a las autoridades y la falta de credibilidad hacia los funcionarios.
Si todos los responsables de las diferentes posiciones gubernamentales cumplieran con honestidad sus obligaciones públicas, la percepción de la ciudadanía sería muy diferente, pues los actos desempeñados darían fe de la hombría de bien de cada uno de los empleados públicos.
Recordemos el viejo adagio que dice: "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo". No tienen valor las palabras huecas repetidas por los políticos, sino las obras y decisiones públicas que llevan a cabo los servidores públicos, dando prueba de transparencia y honestidad. La persona que aspira ocupar un cargo público para salir de la pobreza, no es una persona honesta.
Los funcionarios deben dar lo mejor de sí, en cada cargo público que ocupen, defendiendo de su remuneración legal para su sustento familiar.
No existe justificación para las "coimas", "regalos" o simples "sobornos"; o sea, es honesto de verdad y ciudadano digno, respetado por todos o deshonesto y picado confeso, sin vergüenza de pacotilla. No hay otra forma de decirlo.
