La Iglesia y el Canal
Hace poco más de una semana, por invitación del Arzobispo Metropolitano de Panamá, Monseñor José Dimas Cedeño, participé en una reunión de la Comisión Interdiocesana de Acompañamiento a la Población afectada por la Ley 44 de 1999, (Coclé, Colón, Panamá), en la que se pusieron de relieve principios de solidaridad humana que promueven la paz social y enriquecen el espíritu de identidad nacional.
Unos meses antes del acontecimiento histórico del 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la Ley 44 de 1999 (Gaceta Oficial No.23,877 de 2 de septiembre de 1999) por la cual se impartió aprobación legislativa a "los límites de la cuenca hidrográfica del Canal, propuestos por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá", con una superficie de 552,761 hectáreas, o sea, cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos diez kilómetros cuadrados (5,527,610 km2).
La Ley 44, en síntesis se limita a fijar los linderos y la cabida, por cierto bastante exagerada, de la cuenca hidrográfica ampliada del Canal interoceánico. Se contrae a la descripción del polígono de una extensión de terreno que incluye áreas adicionales en el sector de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, que pudieran -esto no está confirmado científicamente- tener la capacidad para producir recursos hídricos en suficiente volumen para la ampliación del Canal. Valga señalar que dicha ley no contiene disposición alguna sobre los asentamientos humanos ni sobre los habitantes del área objeto de la mensura. Dentro del régimen constitucional vigente, estos compatriotas nuestros no están sujetos política ni jurídicamente a las potestades de la Autoridad del Canal de Panamá, que no pueden ir más allá de la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos. Repito: de los recursos hídricos.
La Ley 44, al momento de ser aprobada, produjo conmoción en las comunidades que habitan esas tierras y viven de sus recursos. Dichas comunidades no habían tenido nunca ni la experiencia ni el sentimiento de estar vinculados con la entidad canalera, que -según se informa- envía funcionarios en helicópteros a hacer anuncios desestabilizadores y a tomar acciones y medidas que corresponden a la competencia privativa de corregidores, alcaldes, gobernadores, ministros y otros organismos estatales. Se trata de panameños y panameñas, hombres, mujeres, niños y ancianos que se ven amenazados por obra de una ley, inconsulta, mal entendida y peor interpretada que se pretende utilizar para enfrentar a esos compatriotas nuestros a una realidad diferente, que, sin base constitucional, dejaría sus vidas y sus bienes a merced de las decisiones de la Autoridad del Canal.
Desde que entró en vigencia la Ley 44, esas comunidades temen la eventual construcción de un tercer juego de esclusas porque piensan que éste se haría a expensas de las tierras, de las aguas, de los recursos naturales que ellos vienen ocupando y usufructuando desde tiempos inmemoriales.
En el curso de la reunión de la Comisión Interdiocesana, el Arzobispo Cedeño reiteró la preocupación de la Conferencia Episcopal por el status que por normas de la Constitución y de la Ley 19 de 1997, se trata de otorgar a la Autoridad del Canal al dejarla al margen de los Órganos del poder público constitucionalmente establecidos y convertirla en un Estado dentro de otro Estado. En el mismo cónclave interdiocesano, hice presente que no se puede mirar a los habitantes de la región de Coclé del Norte, Caño Sucio y Rió Indio como intrusos, ni como precaristas, sino como seres humanos que son titulares de derechos básicos como ciudadanos de primera clase, como titulares de la soberanía sobre sus tierras, del derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la identidad nacional y también como beneficiarios de las reivindicaciones hechas realidad el 31 de diciembre de 1999.
Estos hechos ocurren cuando "vivimos una coyuntura histórica única", en el concepto de los obispos panameños. En su Carta Pastoral del 6 de enero de 2001, los obispos Lacunza, Cedeño, Ariz, Ashley, Torres, Brown, Cabuza, Zuluaga y el Presbítero Sidera, destacaron que "La recuperación plena de la soberanía en el territorio nacional y la administración total del Canal de Panamá son acontecimientos que permiten al país vislumbrar el momento actual como una oportunidad histórica para la reconstrucción de la sociedad panameña."
Para nuestros obispos "El Estado tiene la responsabilidad de promover el mayor uso social de las áreas revertidas y las riquezas del Canal, para que beneficien a toda la sociedad panameña." Sin embargo, número plural de actividades de la ACP se alejan de los sabios y justos razonamientos de la Iglesia panameña. En contraste con los 52 millones de galones de agua que se pierden en el mar, en cada esclusaje, y la precaria situación del IDAAN, la ACP recibe ganancias exageradas por el suministro de agua potable, incluyendo la venta que se hace de la misma al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Las cifras oficiales demuestran que en el año fiscal 2001 el costo del procesamiento de agua potable por la ACP ascendió a 6 millones 111 mil balboas, en tanto que la venta o suministro de esa misma agua potable le produjo a la ACP ingresos por la suma de 17 millones 484 mil balboas. Con el mismo costo de alrededor de 6 millones se ha previsto para el año fiscal 2002, un ingreso de 16 millones de balboas y para el año fiscal 2003 se ha propuesto un ingreso por suministro de agua de 17 millones de balboas.
Durante decenios, los panameños estuvimos inhibidos, por el Tratado de 1903, para organizar y fomentar los recursos naturales de la "región canalera". Pero los panameños hemos vivido siempre con el sentimiento de que el Canal y especialmente las tierras, las aguas y los recursos naturales que lo circundan, son un valor patrimonial común.
A juicio de la iglesia panameña, es necesario asegurar que la modernización de la vía interoceánica no vaya en contra de las personas empobrecidas. En su carta pastoral declararon que "En nombre de la modernización, en ningún caso podemos aceptar que se atropellen derechos humanos fundamentales, ni que se perjudique la calidad y el respeto a la vida. Cuando el desarrollo es auténtico, es sostenible y respetuoso de las personas." Desde la fiesta de la Epifanía del Señor el 6 de enero de 2001, los obispos hicieron público su compromiso, de "acompañar en sus luchas a las poblaciones campesinas de las provincias de Colón, Coclé y Panamá, donde se tiene proyectada una ampliación de la cuenca occidental para el Canal."
Es evidente que los obispos se referían a las acciones, a nuestro juicio poco transparentes de la ACP, en los proyectos que guardan relación con la provisión de agua y la expansión de la capacidad del Canal. Entre éstos, se han mencionado insistentemente: 1. La posibilidad de construir embalses y represas en los ríos Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio; 2. El establecimiento de hidroeléctricas en Coclé del Norte y Río Indio con capacidad de 150 y 25 megavatios respectivamente; 3. La construcción del tercer juego de esclusas para acomodar barcos Post-Panamax; y 4. Ensanchar y profundizar el Canal. La realidad es que hasta ahora no se han despejado las ambigüedades que surgen alrededor de estos temas, singularmente en cuanto a que:
1. Están muy lejos de determinarse los costos precisos de: a. Las represas de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio; b. Las hidroeléctricas en Coclé del Norte y Río Indio; c. El tercer juego de esclusas; d. El ensanche y profundización del Canal. ¿Quién asumirá el financiamiento? El financiamiento debe proceder de fuentes ajenas al Estado panameño y ajenas también a los activos de la ACP. Lo contrario sería destruir al país.
2. No se han determinado los costos ambientales de inundar las regiones donde se pretende hacer embalses.
3. No se han medido los costos sociales que recaen sobre la población afectada y desplazada por los proyectados embalses.
4. Tampoco se han determinado los proyectados ingresos o ganancias y los costos de operación aumentados por la expansión.
Luego de la recuperación del valor patrimonial representado por los bienes revertidos y por el Canal mismo, no hay que asombrarse o encontrar sospechoso que muchos panameños hayamos expresado solidaridad con esas poblaciones hermanas que habitan en la cuenca occidental. El Gobierno Nacional virtualmente se ha desentendido del problema. Un distinguido sociólogo sostiene que "en el caso del uso de las aguas de las cuencas de los ríos en la parte Norte de la provincia de Coclé, el Gobierno Nacional se lavó las manos y deja que la ACP defina las líneas de acción." Es justo, por tanto, que la Iglesia panameña con toda la fuerza de su credibilidad y de su autoridad espiritual se haga presente. Para la ciudadanía es bien interpretado el papel asumido por la jerarquía de la Iglesia Católica en facilitar las consultas, los diálogos, en los cuales sean tomados en cuenta las preocupaciones, la sensibilidad y los intereses de esas poblaciones. La jerarquía eclesiástica ha apreciado, con singular agudeza de criterio, que la nueva situación que viven las comunidades de la ribera occidental del Canal envuelve toda una serie de aspectos que no sólo afectan lo material sino también lo cultural y por tanto, lo espiritual. Dicho de otra manera, la Iglesia, con acertada y fina percepción, ha visto que en esa nueva situación están involucrados importantes aspectos culturales entre los cuales es evidente la inhabilidad de esas comunidades para decidir la organización de sus vidas y por tanto, de decidir sobre su presente y su futuro.
En otras ocasiones he aludido a lo que me parece una vana ambición de la ACP de sacar sus decisiones y sus actividades fuera del campo visual de la ciudadanía, fuera del juicio público. Al insistir en esta posición no me siento solo ni percibo que voy contra la corriente. Considero que estoy en convergencia con otras voces, entre las que se destaca la voz de la jerarquía eclesiástica católica. Esta, al manifestar preocupación por la posibilidad de que la ACP funcione "como un Estado dentro de otro Estado", ha sumado su autoridad, que es moral, a los señalamientos hechos por muchos panameños a este respecto.
Las declaraciones que hizo la semana pasada Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá, sobre este tema constituyen un nuevo estímulo para que la sociedad panameña se interrogue sobre la naturaleza misma de las relaciones de la ACP con el resto del país y especialmente con las comunidades que viven dentro de los linderos del polígono descrito por la Ley 44 de 1999. En este ámbito creo que la actitud asumida por la jerarquía de la Iglesia Católica nos obliga a recordar la existencia de principios e intereses superiores que ninguna voluntad de cultivar un estatuto de excepcionalidad pueden sacar del campo del juicio moral.
A partir del 31 de Diciembre de 1999 todos los panameños concebimos el prodigioso diseño de fijarnos nuestras propias metas y de fomentar los medios de alcanzarlos. Toda empresa de la ACP que se fundara sobre una suerte de "autodesarrollo" de sí misma o de "autojustificación" de sí misma, sería una reducción del proyecto colectivo de desarrollo sostenido, solidario y mancomunado, armonioso, justo y pacífico del país.
La ACP debe tener en cuenta que cuando las tierras, las aguas y el mismo Canal "revirtieron" a Panamá, todos los panameños asumimos que eso significaba que recuperábamos lo que nos pertenecía, -a todos- como patrimonio. Al preocuparse por la suerte, por el destino de las comunidades de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, la jerarquía de la Iglesia está bien ubicada en su esfera de competencia. Esa preocupación de la jerarquía de la Iglesia está entrañablemente vinculada al celo por una concepción humanista de las cosas de este mundo, de las cosas de nuestro país. Esa concepción humanista es guía de cualquier criterio, es fundamento de cualquier esfuerzo para que nada que hagamos los panameños sobrepase a los panameños.
La jerarquía eclesiástica, como muchos otros panameños, está empeñada en que no sea prohibido para los panameños meterse en cosas que nos conciernen, que nos afectan. Estamos empeñados en que en Panamá no se verifique aquello que el filósofo alemán Keyserling, apuntó en sus "Meditaciones Sudamericanas", al decir que constató en Latinoamérica lo que calificó como la cultura del "no te metas" lo cual en su opinión, es factor de subdesarrollo económico, pero además, factor de subdesarrollo espiritual.
El 18 de octubre de 2001 la empresa Rancho Bajo Robles, S.A., manifestó al Gobierno su interés por extraer arena continental en las mencionadas áreas, dijo Illueca. Sostuvo que la solicitud fue presentada en forma legal y tiene el respectivo sustento técnico.
Unos meses antes del acontecimiento histórico del 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la Ley 44 de 1999 (Gaceta Oficial No.23,877 de 2 de septiembre de 1999) por la cual se impartió aprobación legislativa a "los límites de la cuenca hidrográfica del Canal, propuestos por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá", con una superficie de 552,761 hectáreas, o sea, cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos diez kilómetros cuadrados (5,527,610 km2).
La Ley 44, en síntesis se limita a fijar los linderos y la cabida, por cierto bastante exagerada, de la cuenca hidrográfica ampliada del Canal interoceánico. Se contrae a la descripción del polígono de una extensión de terreno que incluye áreas adicionales en el sector de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, que pudieran -esto no está confirmado científicamente- tener la capacidad para producir recursos hídricos en suficiente volumen para la ampliación del Canal. Valga señalar que dicha ley no contiene disposición alguna sobre los asentamientos humanos ni sobre los habitantes del área objeto de la mensura. Dentro del régimen constitucional vigente, estos compatriotas nuestros no están sujetos política ni jurídicamente a las potestades de la Autoridad del Canal de Panamá, que no pueden ir más allá de la administración, mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos. Repito: de los recursos hídricos.
La Ley 44, al momento de ser aprobada, produjo conmoción en las comunidades que habitan esas tierras y viven de sus recursos. Dichas comunidades no habían tenido nunca ni la experiencia ni el sentimiento de estar vinculados con la entidad canalera, que -según se informa- envía funcionarios en helicópteros a hacer anuncios desestabilizadores y a tomar acciones y medidas que corresponden a la competencia privativa de corregidores, alcaldes, gobernadores, ministros y otros organismos estatales. Se trata de panameños y panameñas, hombres, mujeres, niños y ancianos que se ven amenazados por obra de una ley, inconsulta, mal entendida y peor interpretada que se pretende utilizar para enfrentar a esos compatriotas nuestros a una realidad diferente, que, sin base constitucional, dejaría sus vidas y sus bienes a merced de las decisiones de la Autoridad del Canal.
Desde que entró en vigencia la Ley 44, esas comunidades temen la eventual construcción de un tercer juego de esclusas porque piensan que éste se haría a expensas de las tierras, de las aguas, de los recursos naturales que ellos vienen ocupando y usufructuando desde tiempos inmemoriales.
En el curso de la reunión de la Comisión Interdiocesana, el Arzobispo Cedeño reiteró la preocupación de la Conferencia Episcopal por el status que por normas de la Constitución y de la Ley 19 de 1997, se trata de otorgar a la Autoridad del Canal al dejarla al margen de los Órganos del poder público constitucionalmente establecidos y convertirla en un Estado dentro de otro Estado. En el mismo cónclave interdiocesano, hice presente que no se puede mirar a los habitantes de la región de Coclé del Norte, Caño Sucio y Rió Indio como intrusos, ni como precaristas, sino como seres humanos que son titulares de derechos básicos como ciudadanos de primera clase, como titulares de la soberanía sobre sus tierras, del derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, a la identidad nacional y también como beneficiarios de las reivindicaciones hechas realidad el 31 de diciembre de 1999.
Estos hechos ocurren cuando "vivimos una coyuntura histórica única", en el concepto de los obispos panameños. En su Carta Pastoral del 6 de enero de 2001, los obispos Lacunza, Cedeño, Ariz, Ashley, Torres, Brown, Cabuza, Zuluaga y el Presbítero Sidera, destacaron que "La recuperación plena de la soberanía en el territorio nacional y la administración total del Canal de Panamá son acontecimientos que permiten al país vislumbrar el momento actual como una oportunidad histórica para la reconstrucción de la sociedad panameña."
Para nuestros obispos "El Estado tiene la responsabilidad de promover el mayor uso social de las áreas revertidas y las riquezas del Canal, para que beneficien a toda la sociedad panameña." Sin embargo, número plural de actividades de la ACP se alejan de los sabios y justos razonamientos de la Iglesia panameña. En contraste con los 52 millones de galones de agua que se pierden en el mar, en cada esclusaje, y la precaria situación del IDAAN, la ACP recibe ganancias exageradas por el suministro de agua potable, incluyendo la venta que se hace de la misma al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Las cifras oficiales demuestran que en el año fiscal 2001 el costo del procesamiento de agua potable por la ACP ascendió a 6 millones 111 mil balboas, en tanto que la venta o suministro de esa misma agua potable le produjo a la ACP ingresos por la suma de 17 millones 484 mil balboas. Con el mismo costo de alrededor de 6 millones se ha previsto para el año fiscal 2002, un ingreso de 16 millones de balboas y para el año fiscal 2003 se ha propuesto un ingreso por suministro de agua de 17 millones de balboas.
Durante decenios, los panameños estuvimos inhibidos, por el Tratado de 1903, para organizar y fomentar los recursos naturales de la "región canalera". Pero los panameños hemos vivido siempre con el sentimiento de que el Canal y especialmente las tierras, las aguas y los recursos naturales que lo circundan, son un valor patrimonial común.
A juicio de la iglesia panameña, es necesario asegurar que la modernización de la vía interoceánica no vaya en contra de las personas empobrecidas. En su carta pastoral declararon que "En nombre de la modernización, en ningún caso podemos aceptar que se atropellen derechos humanos fundamentales, ni que se perjudique la calidad y el respeto a la vida. Cuando el desarrollo es auténtico, es sostenible y respetuoso de las personas." Desde la fiesta de la Epifanía del Señor el 6 de enero de 2001, los obispos hicieron público su compromiso, de "acompañar en sus luchas a las poblaciones campesinas de las provincias de Colón, Coclé y Panamá, donde se tiene proyectada una ampliación de la cuenca occidental para el Canal."
Es evidente que los obispos se referían a las acciones, a nuestro juicio poco transparentes de la ACP, en los proyectos que guardan relación con la provisión de agua y la expansión de la capacidad del Canal. Entre éstos, se han mencionado insistentemente: 1. La posibilidad de construir embalses y represas en los ríos Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio; 2. El establecimiento de hidroeléctricas en Coclé del Norte y Río Indio con capacidad de 150 y 25 megavatios respectivamente; 3. La construcción del tercer juego de esclusas para acomodar barcos Post-Panamax; y 4. Ensanchar y profundizar el Canal. La realidad es que hasta ahora no se han despejado las ambigüedades que surgen alrededor de estos temas, singularmente en cuanto a que:
1. Están muy lejos de determinarse los costos precisos de: a. Las represas de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio; b. Las hidroeléctricas en Coclé del Norte y Río Indio; c. El tercer juego de esclusas; d. El ensanche y profundización del Canal. ¿Quién asumirá el financiamiento? El financiamiento debe proceder de fuentes ajenas al Estado panameño y ajenas también a los activos de la ACP. Lo contrario sería destruir al país.
2. No se han determinado los costos ambientales de inundar las regiones donde se pretende hacer embalses.
3. No se han medido los costos sociales que recaen sobre la población afectada y desplazada por los proyectados embalses.
4. Tampoco se han determinado los proyectados ingresos o ganancias y los costos de operación aumentados por la expansión.
Luego de la recuperación del valor patrimonial representado por los bienes revertidos y por el Canal mismo, no hay que asombrarse o encontrar sospechoso que muchos panameños hayamos expresado solidaridad con esas poblaciones hermanas que habitan en la cuenca occidental. El Gobierno Nacional virtualmente se ha desentendido del problema. Un distinguido sociólogo sostiene que "en el caso del uso de las aguas de las cuencas de los ríos en la parte Norte de la provincia de Coclé, el Gobierno Nacional se lavó las manos y deja que la ACP defina las líneas de acción." Es justo, por tanto, que la Iglesia panameña con toda la fuerza de su credibilidad y de su autoridad espiritual se haga presente. Para la ciudadanía es bien interpretado el papel asumido por la jerarquía de la Iglesia Católica en facilitar las consultas, los diálogos, en los cuales sean tomados en cuenta las preocupaciones, la sensibilidad y los intereses de esas poblaciones. La jerarquía eclesiástica ha apreciado, con singular agudeza de criterio, que la nueva situación que viven las comunidades de la ribera occidental del Canal envuelve toda una serie de aspectos que no sólo afectan lo material sino también lo cultural y por tanto, lo espiritual. Dicho de otra manera, la Iglesia, con acertada y fina percepción, ha visto que en esa nueva situación están involucrados importantes aspectos culturales entre los cuales es evidente la inhabilidad de esas comunidades para decidir la organización de sus vidas y por tanto, de decidir sobre su presente y su futuro.
En otras ocasiones he aludido a lo que me parece una vana ambición de la ACP de sacar sus decisiones y sus actividades fuera del campo visual de la ciudadanía, fuera del juicio público. Al insistir en esta posición no me siento solo ni percibo que voy contra la corriente. Considero que estoy en convergencia con otras voces, entre las que se destaca la voz de la jerarquía eclesiástica católica. Esta, al manifestar preocupación por la posibilidad de que la ACP funcione "como un Estado dentro de otro Estado", ha sumado su autoridad, que es moral, a los señalamientos hechos por muchos panameños a este respecto.
Las declaraciones que hizo la semana pasada Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá, sobre este tema constituyen un nuevo estímulo para que la sociedad panameña se interrogue sobre la naturaleza misma de las relaciones de la ACP con el resto del país y especialmente con las comunidades que viven dentro de los linderos del polígono descrito por la Ley 44 de 1999. En este ámbito creo que la actitud asumida por la jerarquía de la Iglesia Católica nos obliga a recordar la existencia de principios e intereses superiores que ninguna voluntad de cultivar un estatuto de excepcionalidad pueden sacar del campo del juicio moral.
A partir del 31 de Diciembre de 1999 todos los panameños concebimos el prodigioso diseño de fijarnos nuestras propias metas y de fomentar los medios de alcanzarlos. Toda empresa de la ACP que se fundara sobre una suerte de "autodesarrollo" de sí misma o de "autojustificación" de sí misma, sería una reducción del proyecto colectivo de desarrollo sostenido, solidario y mancomunado, armonioso, justo y pacífico del país.
La ACP debe tener en cuenta que cuando las tierras, las aguas y el mismo Canal "revirtieron" a Panamá, todos los panameños asumimos que eso significaba que recuperábamos lo que nos pertenecía, -a todos- como patrimonio. Al preocuparse por la suerte, por el destino de las comunidades de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, la jerarquía de la Iglesia está bien ubicada en su esfera de competencia. Esa preocupación de la jerarquía de la Iglesia está entrañablemente vinculada al celo por una concepción humanista de las cosas de este mundo, de las cosas de nuestro país. Esa concepción humanista es guía de cualquier criterio, es fundamento de cualquier esfuerzo para que nada que hagamos los panameños sobrepase a los panameños.
La jerarquía eclesiástica, como muchos otros panameños, está empeñada en que no sea prohibido para los panameños meterse en cosas que nos conciernen, que nos afectan. Estamos empeñados en que en Panamá no se verifique aquello que el filósofo alemán Keyserling, apuntó en sus "Meditaciones Sudamericanas", al decir que constató en Latinoamérica lo que calificó como la cultura del "no te metas" lo cual en su opinión, es factor de subdesarrollo económico, pero además, factor de subdesarrollo espiritual.
El 18 de octubre de 2001 la empresa Rancho Bajo Robles, S.A., manifestó al Gobierno su interés por extraer arena continental en las mencionadas áreas, dijo Illueca. Sostuvo que la solicitud fue presentada en forma legal y tiene el respectivo sustento técnico.
