La impunidad de la señora
La teoría sobre el estado de derecho y la separación de los poderes con que nos atiborran los profesores en las escuelas de leyes, disfrazada de Ciencia Política, es un ejemplo de las tantas cosas inútiles que aprenden y enseñan los hombres de leyes. Pero amantes como somos de las repeticiones (es decir: poco dados a adecuar o innovar) no hemos podido o no hemos querido percatarnos de que en Panamá estos poderes no se hallan separados sino fusionados por la corrupción y la impunidad de que hacen gala, exceptuando lo que haya que exceptuarse, algunos altos personeros del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿qué palabras habrá en nuestra lengua que sean idóneas para describir su inutilidad y su impunidad? Sobres amarillos, relojes Cartier, Afú exhibiendo el delitis corpus, riñas arrabaleras, legisladores robadores de energía eléctrica, legisladores clientes de Thonya, legisladores que hablan y escriben con faltas de ortografías y otros que ni hablan ni escriben, legisladores que se convierten en magistrados de la noche a la mañana, proyectos de ley (como el que penaliza las transgresiones ambientales) engavetados, entre otras cosas, constituyen el perfil de nuestro flamante Organo Legislativo.
Y un legislativo así, de bajo y roñoso perfil, ¿qué otra cosa podría hacer que no fuera sacarle provecho a su impunidad y a la impunidad de que hace gala la señora presidenta en su condición de Jefa del Ejecutivo al convertir sus caprichos en política de estado? El artículo 115 de nuestra Carta Magna, por ejemplo, dice: "El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas".
En desarrollo de esta norma constitucional, se ha aprobado una legislación especial que en su conjunto integra la política o estrategia ambiental del estado panameño. Pero con la complicidad tácita de la Asamblea Legislativa, la señora presidenta viola la Constitución, modifica leyes especiales (como el Decreto No. 40 que creó el Parque Nacional Volcán Barú), contrata por urgencia notoria la construcción de una carretera que la mayor parte de la población panameña no quiere, desatiende anticipadamente el criterio de la Corte Suprema al anunciar en forma prepotente que "la carretera va", gústele a quien no le guste; pero lo más grave de todo esto es que sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental, Categoría 3, ya las máquinas de CUSA viran los accesos al llamado "Camino Ecológico".
Esto es una locura; es la impunidad elevada a política de estado. Es, además, un retroceso en materia de libertad de expresión -un control natural que reemplaza la ineficacia del legislativo en momentos de crisis en que los gobernantes traicionan la voluntad de sus mandantes- porque ya la voz del pueblo dejó de ser la voz de dios para convertirse en la voz de gente indeseable, de parias, de conjurados políticos, que buscan entorpecer la magnífica labor que ha realizado la señora presidenta para beneficio de sus amigos personales y socios empresariales.
En los países civilizados, cuando un gobernante se embrutece, cuando amenaza la majestad del país o de la administración de justicia, los diputados o magistrados no dudan de hacer lo que esté a su alcance para frenar estos excesos. Pero aquí lo que hay es una involución de valores que se hace salvajemente patética cuando un legislador de la talla de Afú se lo pelean los dos partidos mayoritarios como si se tratara de un prominente jurisconsulto o de un hombre de una trayectoria moral impecable. ¡Pobre mi país! ¿Podrán hombres de esa catadura servir de freno a los excesos de nuestra mandataria? De freno, no. De aceleradores, sí. ¡Y esto es indignante para cualquier persona decente!
En esta coyuntura histórica, nada podemos esperar los ambientalistas o los panameños decentes de este gobierno que con total impunidad pisotea la Constitución y la Ley, con la complicidad tácita de casi todos los personeros del Legislativo y de algunos otros malos panameños enquistados en las altas esferas del Órgano Judicial.
Jamás en cien años de vida republicana, que yo sepa, había conocido Panamá tanta impunidad, tanta corrupción y tanto desprecio por la opinión pública. Ni Torrijos ni Noriega ni nadie había tenido la osadía de convertir sus caprichos en política estado.
Éstos dieron un paso atrás con el tema de camino de concreto absurdamente llamado ecológico por la señora presidenta. ¿Y esto cómo se llama? Se llama: ¡Impunidad! ¡Prepotencia! ¡Abuso de Autoridad! ¡Corrupción! ¡Desprecio a la racionalidad y desprecio por el bienestar de las presentes y futuras generaciones! Y usted, señora presidenta, que prohijó la dilapidación de una fortuna con motivo del show del centenario, haga imprimir (aunque sea en cartón barato) lo que pensaban los próceres (mensaje de la Junta de Gobierno Provisional a la Asamblea Nacional Constituyente, 15/01/04) sobre los bienes que usted hoy pretende disponer en forma egoísta y arbitraria: "Las tierras que hoy recorremos con la vista desde la frontera de Costa Rica hasta las soledades del Darién no son nuestro patrimonio exclusivo; son la herencia de las generaciones futuras que vienen atropellándose a buscar su puesto en el concierto de los pueblos y de las razas; y esas generaciones tienen derecho a los mismos bienes que nosotros; tienen derecho a que no las desposeamos de su parte de sol, de calor y luz".
¡Basta de impunidad, señora presidenta! ¡Dele oportunidad a las actuales y futuras generaciones de nacer, crecer y multiplicarse en un ambiente libre de contaminación y libre también de abusos e injusticias gubernamentales!
La Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿qué palabras habrá en nuestra lengua que sean idóneas para describir su inutilidad y su impunidad? Sobres amarillos, relojes Cartier, Afú exhibiendo el delitis corpus, riñas arrabaleras, legisladores robadores de energía eléctrica, legisladores clientes de Thonya, legisladores que hablan y escriben con faltas de ortografías y otros que ni hablan ni escriben, legisladores que se convierten en magistrados de la noche a la mañana, proyectos de ley (como el que penaliza las transgresiones ambientales) engavetados, entre otras cosas, constituyen el perfil de nuestro flamante Organo Legislativo.
Y un legislativo así, de bajo y roñoso perfil, ¿qué otra cosa podría hacer que no fuera sacarle provecho a su impunidad y a la impunidad de que hace gala la señora presidenta en su condición de Jefa del Ejecutivo al convertir sus caprichos en política de estado? El artículo 115 de nuestra Carta Magna, por ejemplo, dice: "El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas".
En desarrollo de esta norma constitucional, se ha aprobado una legislación especial que en su conjunto integra la política o estrategia ambiental del estado panameño. Pero con la complicidad tácita de la Asamblea Legislativa, la señora presidenta viola la Constitución, modifica leyes especiales (como el Decreto No. 40 que creó el Parque Nacional Volcán Barú), contrata por urgencia notoria la construcción de una carretera que la mayor parte de la población panameña no quiere, desatiende anticipadamente el criterio de la Corte Suprema al anunciar en forma prepotente que "la carretera va", gústele a quien no le guste; pero lo más grave de todo esto es que sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental, Categoría 3, ya las máquinas de CUSA viran los accesos al llamado "Camino Ecológico".
Esto es una locura; es la impunidad elevada a política de estado. Es, además, un retroceso en materia de libertad de expresión -un control natural que reemplaza la ineficacia del legislativo en momentos de crisis en que los gobernantes traicionan la voluntad de sus mandantes- porque ya la voz del pueblo dejó de ser la voz de dios para convertirse en la voz de gente indeseable, de parias, de conjurados políticos, que buscan entorpecer la magnífica labor que ha realizado la señora presidenta para beneficio de sus amigos personales y socios empresariales.
En los países civilizados, cuando un gobernante se embrutece, cuando amenaza la majestad del país o de la administración de justicia, los diputados o magistrados no dudan de hacer lo que esté a su alcance para frenar estos excesos. Pero aquí lo que hay es una involución de valores que se hace salvajemente patética cuando un legislador de la talla de Afú se lo pelean los dos partidos mayoritarios como si se tratara de un prominente jurisconsulto o de un hombre de una trayectoria moral impecable. ¡Pobre mi país! ¿Podrán hombres de esa catadura servir de freno a los excesos de nuestra mandataria? De freno, no. De aceleradores, sí. ¡Y esto es indignante para cualquier persona decente!
En esta coyuntura histórica, nada podemos esperar los ambientalistas o los panameños decentes de este gobierno que con total impunidad pisotea la Constitución y la Ley, con la complicidad tácita de casi todos los personeros del Legislativo y de algunos otros malos panameños enquistados en las altas esferas del Órgano Judicial.
Jamás en cien años de vida republicana, que yo sepa, había conocido Panamá tanta impunidad, tanta corrupción y tanto desprecio por la opinión pública. Ni Torrijos ni Noriega ni nadie había tenido la osadía de convertir sus caprichos en política estado.
Éstos dieron un paso atrás con el tema de camino de concreto absurdamente llamado ecológico por la señora presidenta. ¿Y esto cómo se llama? Se llama: ¡Impunidad! ¡Prepotencia! ¡Abuso de Autoridad! ¡Corrupción! ¡Desprecio a la racionalidad y desprecio por el bienestar de las presentes y futuras generaciones! Y usted, señora presidenta, que prohijó la dilapidación de una fortuna con motivo del show del centenario, haga imprimir (aunque sea en cartón barato) lo que pensaban los próceres (mensaje de la Junta de Gobierno Provisional a la Asamblea Nacional Constituyente, 15/01/04) sobre los bienes que usted hoy pretende disponer en forma egoísta y arbitraria: "Las tierras que hoy recorremos con la vista desde la frontera de Costa Rica hasta las soledades del Darién no son nuestro patrimonio exclusivo; son la herencia de las generaciones futuras que vienen atropellándose a buscar su puesto en el concierto de los pueblos y de las razas; y esas generaciones tienen derecho a los mismos bienes que nosotros; tienen derecho a que no las desposeamos de su parte de sol, de calor y luz".
¡Basta de impunidad, señora presidenta! ¡Dele oportunidad a las actuales y futuras generaciones de nacer, crecer y multiplicarse en un ambiente libre de contaminación y libre también de abusos e injusticias gubernamentales!
