La incomunicabilidad jurídica y la historia del gato negro
En 1981, cuando acababa de regresar del Japón después de trece años de ausencia, me tocó hablar en una ceremonia de entrega de premios del Concurso "Ricardo Miró", y mucha gente quedó bastante intrigada cuando dije que había notado que los panameños comenzaban a comunicarse por aproximación. Un par de amigos, Tristán Solarte y Julio Quijano, que entendieron lo que había querido decir, se rieron mucho además cuando añadí que todas las leyes que estaban aprobando eran inconstitucionales porque la Constitución establece que el idioma nacional es el español, y las que había llegado a ver estaban escritas en un idioma que a veces se parecía al español pero sin satisfacer realmente el requisito constitucional.
Había observado ya que, con frecuencia, cuando un joven le hablaba al otro, este último entendía algo que se parecía a lo que había oído, y el que había hablado se quedaba creyendo que había logrado poner en palabras algo que quería decir, aunque en verdad la flecha no hubiera pasado ni cerca del blanco. El asunto se tornó más serio unos años después cuando, por razón del trabajo, asistí a una "Sesión del Gabinete Ampliado", o sea todos los ministros, los directores y los gerentes de las entidades autónomas. Recuerdo que, cuando terminó la sesión, le comenté a Jorge Riba y a Pepe Fierro, que también habían estado allí, que en esas reuniones nunca iban a decidir nada y mucho menos podrían lograr ponerse de acuerdo porque cada uno le atribuía un significado distinto a una misma palabra, pero la usaba como si significara lo mismo para todos.
Desde esos tiempos me he preocupado mucho por el proceso de descomposición del idioma español en Panamá, donde, por cierto, antes de la guerra y hasta mediados de la década del sesenta se hablaba mejor que en cualquier parte del mundo de habla española. En los últimos tiempos, por cierto, la preocupación logró hacerse de la compañía de una buena dosis de resignación, viendo como están las cosas en todas partes. Pareciera, en verdad, que a nuestro español le va a pasar lo que le pasó al latín después de la caída del Imperio Romano, cuando el habla racional, coherente y culta se refugió durante siglos en los monasterios. ¡Y aquí no hay monasterios!
Sin embargo, este lunes 15 de abril es una fecha que conservaré en la memoria no porque cayó después del quincuagésimo cuarto aniversario de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, sino porque cayó en mis manos una publicación de la Procuraduría General de la Nación, en forma de suplemento insertado en un periódico, intitulado "Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia - Gestión 2001, Boletín No. 2" y con un colgado que confesaba la paternidad de la Procuraduría General de la Nación.
Pocas veces en la vida, incluyendo la experiencia de traducciones hechas en departamentos de publicidad de firmas exportadoras japonesas, he visto tal profusión de errores gramaticales o una colección semejante de disparates conceptuales juntos.
No sólo encontré una y otra vez la costumbre local de separar el sujeto y el verbo con una coma, incluso con otra coma añadida entre el verbo y el complemento directo, como si lo correcto fuera decir: Juan (coma) mató (coma) el ratón. Entre los errores de sintaxis sobresalen la concordancia del verbo con la palabra inmediatamente anterior, los gerundios utilizados como punto de partida de subordinadas que sólo necesitaban la conjunción "y" (v.gr. "convocándose a los medios de prensa", "lográndose mejorar la atención"), el uso de aún con tilde en vez de aun sin tilde (que significan cosas distintas), participios femeninos que representan sustantivos masculinos y viceversa, la tercera persona de un verbo conjugado como reflexivo pero usado como transitivo (v.gr. "se ha adquirido vehículos" o "se capacitan a los funcionarios"), a lo que hay que añadir una puntuación que me recordó el chiste del periodista que guardaba un cartucho lleno de comas y puntos, y después de terminar un artículo le dejaba caer un puñado encima para que se acomodaran a su gusto.
Además, como si fuera poco lo anterior, hay oraciones enteras que no tienen ningún significado como si estuvieran acatando el decreto del Mufti de Voltaire que ordenaba a sus súbditos que usaran siempre palabras que no significaran nada. Ejemplo: "Se ha apostado en países vecinos y de la región en la línea de dictar nuevos códigos de procedimientos, considerando que esta es la mejor medida para condicionar el actuar de los operadores jurídicos".
Por último, hay una buena dosis de palabras empleadas como si tuvieran un significado que no tienen, como por ejemplo: "Este servicio se ha replicado progresivamente en la Ciudad de Colón, David y Santiago", "los agentes del Ministerio Público aprehenden las evidencias", "el registro de las personas que comparecen por diferentes índoles en busca de servicios forenses". Por cierto, esta última cita venía acompañada de la revelación de que en el Instituto de Medicina Legal hay "consulta externa" y los que van allí son "pacientes".
Durante estos veinte años he visto muchas cosas y he tomado nota de las más notables como el hecho de que en la ley de fundaciones una de las causales de remoción de los directores es sencillamente "por concurso", sin especificar si es el de Miss Universo o el Miró. De similar connotación es la división de la tripulación de los barcos en la ley sobre el trabajo en el mar, que de repente nos pone frente a un "personal de cámara" sin decir si es Nikon o Canon o es la cámara de gas donde algunos asesinos estadounidenses cumplen su sentencia de muerte. En cuanto a la adopción generalizada de la oración negativa sin negación que inventaron los mejicanos, en otra ocasión escribiré sobre lo que representa.
El copón de ahora, o sea el suplemento de la Procuraduría General de la Nación sobre el mejoramiento de la administración de justicia, me ha movido a pensar que es indispensable e impostergable que el gobierno nacional negocie con España a ver si es posible que nos organicen un programa de mejoramiento del idioma que sirva de apoyo al de mejoramiento de la administración de justicia o bien, pensando en el venerable anciano de la Real Academia que llegó a decir que ya nadie hablaba español en España, con Colombia o con Costa Rica. Después de todo, estos últimos están en deuda con nosotros debido a la gracia de Montería y demás tránsitos gratuitos por el Canal, por lo que debería interesarles que sus capitanes entiendan lo que dicen los pilotos panameños para no chocarse con un barco lleno de desechos nucleares. Si no se hace algo radical, a conciencia y sin demora, llegaremos a un estado en que ni los que hacen las leyes ni los que las interpretan ni los que las divulgan ni los que las aplican entenderán lo que, en fin de cuentas, significa su texto, particularmente el de la que establece que "la ignorancia de la ley no es excusa". En efecto, los códigos callan en cuanto a qué se debe hacer si una ley está escrita en forma tal que no haya nadie que pueda entenderla y además no cabe hablar de invocar su espíritu sencillamente porque intentar discernir en qué consiste ese espíritu en fin de cuentas vendría a ser lo mismo que ponerse a buscar en un cuarto totalmente a oscuras un gato negro que no está allí.
Había observado ya que, con frecuencia, cuando un joven le hablaba al otro, este último entendía algo que se parecía a lo que había oído, y el que había hablado se quedaba creyendo que había logrado poner en palabras algo que quería decir, aunque en verdad la flecha no hubiera pasado ni cerca del blanco. El asunto se tornó más serio unos años después cuando, por razón del trabajo, asistí a una "Sesión del Gabinete Ampliado", o sea todos los ministros, los directores y los gerentes de las entidades autónomas. Recuerdo que, cuando terminó la sesión, le comenté a Jorge Riba y a Pepe Fierro, que también habían estado allí, que en esas reuniones nunca iban a decidir nada y mucho menos podrían lograr ponerse de acuerdo porque cada uno le atribuía un significado distinto a una misma palabra, pero la usaba como si significara lo mismo para todos.
Desde esos tiempos me he preocupado mucho por el proceso de descomposición del idioma español en Panamá, donde, por cierto, antes de la guerra y hasta mediados de la década del sesenta se hablaba mejor que en cualquier parte del mundo de habla española. En los últimos tiempos, por cierto, la preocupación logró hacerse de la compañía de una buena dosis de resignación, viendo como están las cosas en todas partes. Pareciera, en verdad, que a nuestro español le va a pasar lo que le pasó al latín después de la caída del Imperio Romano, cuando el habla racional, coherente y culta se refugió durante siglos en los monasterios. ¡Y aquí no hay monasterios!
Sin embargo, este lunes 15 de abril es una fecha que conservaré en la memoria no porque cayó después del quincuagésimo cuarto aniversario de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, sino porque cayó en mis manos una publicación de la Procuraduría General de la Nación, en forma de suplemento insertado en un periódico, intitulado "Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia - Gestión 2001, Boletín No. 2" y con un colgado que confesaba la paternidad de la Procuraduría General de la Nación.
Pocas veces en la vida, incluyendo la experiencia de traducciones hechas en departamentos de publicidad de firmas exportadoras japonesas, he visto tal profusión de errores gramaticales o una colección semejante de disparates conceptuales juntos.
No sólo encontré una y otra vez la costumbre local de separar el sujeto y el verbo con una coma, incluso con otra coma añadida entre el verbo y el complemento directo, como si lo correcto fuera decir: Juan (coma) mató (coma) el ratón. Entre los errores de sintaxis sobresalen la concordancia del verbo con la palabra inmediatamente anterior, los gerundios utilizados como punto de partida de subordinadas que sólo necesitaban la conjunción "y" (v.gr. "convocándose a los medios de prensa", "lográndose mejorar la atención"), el uso de aún con tilde en vez de aun sin tilde (que significan cosas distintas), participios femeninos que representan sustantivos masculinos y viceversa, la tercera persona de un verbo conjugado como reflexivo pero usado como transitivo (v.gr. "se ha adquirido vehículos" o "se capacitan a los funcionarios"), a lo que hay que añadir una puntuación que me recordó el chiste del periodista que guardaba un cartucho lleno de comas y puntos, y después de terminar un artículo le dejaba caer un puñado encima para que se acomodaran a su gusto.
Además, como si fuera poco lo anterior, hay oraciones enteras que no tienen ningún significado como si estuvieran acatando el decreto del Mufti de Voltaire que ordenaba a sus súbditos que usaran siempre palabras que no significaran nada. Ejemplo: "Se ha apostado en países vecinos y de la región en la línea de dictar nuevos códigos de procedimientos, considerando que esta es la mejor medida para condicionar el actuar de los operadores jurídicos".
Por último, hay una buena dosis de palabras empleadas como si tuvieran un significado que no tienen, como por ejemplo: "Este servicio se ha replicado progresivamente en la Ciudad de Colón, David y Santiago", "los agentes del Ministerio Público aprehenden las evidencias", "el registro de las personas que comparecen por diferentes índoles en busca de servicios forenses". Por cierto, esta última cita venía acompañada de la revelación de que en el Instituto de Medicina Legal hay "consulta externa" y los que van allí son "pacientes".
Durante estos veinte años he visto muchas cosas y he tomado nota de las más notables como el hecho de que en la ley de fundaciones una de las causales de remoción de los directores es sencillamente "por concurso", sin especificar si es el de Miss Universo o el Miró. De similar connotación es la división de la tripulación de los barcos en la ley sobre el trabajo en el mar, que de repente nos pone frente a un "personal de cámara" sin decir si es Nikon o Canon o es la cámara de gas donde algunos asesinos estadounidenses cumplen su sentencia de muerte. En cuanto a la adopción generalizada de la oración negativa sin negación que inventaron los mejicanos, en otra ocasión escribiré sobre lo que representa.
El copón de ahora, o sea el suplemento de la Procuraduría General de la Nación sobre el mejoramiento de la administración de justicia, me ha movido a pensar que es indispensable e impostergable que el gobierno nacional negocie con España a ver si es posible que nos organicen un programa de mejoramiento del idioma que sirva de apoyo al de mejoramiento de la administración de justicia o bien, pensando en el venerable anciano de la Real Academia que llegó a decir que ya nadie hablaba español en España, con Colombia o con Costa Rica. Después de todo, estos últimos están en deuda con nosotros debido a la gracia de Montería y demás tránsitos gratuitos por el Canal, por lo que debería interesarles que sus capitanes entiendan lo que dicen los pilotos panameños para no chocarse con un barco lleno de desechos nucleares. Si no se hace algo radical, a conciencia y sin demora, llegaremos a un estado en que ni los que hacen las leyes ni los que las interpretan ni los que las divulgan ni los que las aplican entenderán lo que, en fin de cuentas, significa su texto, particularmente el de la que establece que "la ignorancia de la ley no es excusa". En efecto, los códigos callan en cuanto a qué se debe hacer si una ley está escrita en forma tal que no haya nadie que pueda entenderla y además no cabe hablar de invocar su espíritu sencillamente porque intentar discernir en qué consiste ese espíritu en fin de cuentas vendría a ser lo mismo que ponerse a buscar en un cuarto totalmente a oscuras un gato negro que no está allí.
