La independencia de los órganos del Estado

La discusión sobre el tema ha vuelto al tapete por estos días, donde tal o cual acción de la justicia es cuestionada por unos y aplaudida por otros. Montesquieu estaría verdaderamente orgulloso, no sólo de su formulación, sino de la vigencia de la misma a lo largo de más de dos siglos. El debate, sin embargo, desaparece y reaparece en distintos escenarios, por lo que me atrevo a asegurar que no es la formulación la que registra desniveles, sino la forma como se aplica o los mecanismos que garantizan esa aplicación. Algo debe estar andando mal, o algo perverso ha permitido tales ambivalencias que a menudo uno se encuentra en debates donde todo el mundo tiene la razón. ¿Qué está sucediendo? Si alguien está verdaderamente interesado en absolver la cuestión debería preguntarse cómo se garantiza la independencia de los órganos del Estado, y cómo funciona aquello de la “armónica coordinación”, porque pareciera que una contradice a la otra. Dónde termina la independencia y dónde comienza la colaboración. O lo que es lo mismo: ¿dónde le es prohibido a un Órgano Superior del Estado inmiscuirse en los asuntos del otro? ¿Puede funcionar así el Estado? En los países del primer mundo, sólo la independencia efectiva de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad se ha convertido en garantía de lo que algunos llaman la seguridad jurídica. Y tiene que ser así por cuanto que, por ejemplo, la justicia no puede actuar en función de relaciones, favoritismos, consideraciones o cualquier tipo de concesión que a la postre dé al traste con la imparcialidad que requiere el sistema, ya que esto no solo para su funcionamiento, sino para su propia sobrevivencia. Claro que las formulaciones no eliminan las tentaciones, sobre todo por aquello de la preeminencia del subjetivismo, tan inherente al hombre como su propia vida. Por lo mismo la concurrencia colectiva a través de sus distintos organismos debe convertirse en un instrumento legítimo que asegure la independencia en cuestión, y al mismo tiempo la mayor imparcialidad y objetividad del caso. Que ese implique reformas al sistema. Pues si. La cuestión radica en quién se atreve a proponerlo, y quién a permitirlo.

*Ex Director de la Policía Nacional y de la extinta PTJ.