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La indolencia de un mandatario


Una tarde cualquiera, de un lunes cualquiera de 2002, cuando atendía a las 3:00 p.m. una cita en el edificio HSBC en la Avenida Samuel Lewis, donde me esperaba la Superintendente de Bancos, me llamó la atención la caravana de autos que llegaba frente a la Joyería Mercurio. Luego de bajarse varios guardaespaldas a proteger todos los flancos, asustando con sus metralletas a varios transeúntes que por casualidad allí caminaban, salieron del BMW blindado la Sra. Presidenta y su Ministra de la Presidencia, aparentemente, como dirían en inglés, su "shopping companion". Por las sonrisas que lucían, parecían niñas que llegaban a la tienda favorita de pastillas y dulces.
La lista de pagos que aparece en la página digital de la Presidencia, www.presidencia.gob.pa, efectuados por Mireya Moscoso durante el último año de su gestión (agosto 2003 a agosto 2004) refleja la clase de gobernante que tuvimos por cinco largos y tormentosos años. Una sola palabra me cabe para calificar su proceder: indolencia. Mientras el país durante los cinco años de su gobierno vio truncadas sus soluciones de medicinas y camas para hospitales, reparaciones para escuelas y de vías públicas y los niveles de pobreza iban en aumento, la mandataria, el día que supuestamente debía tener más trabajo por ser el primero de la semana, lunes, iba a diferentes joyerías para satisfacer su ego de verse más joven y más elegante, usando para ello fondos públicos a ellas confiados para emergencias, catástrofes, eventualidades propias de su cargo, pero nunca para pagar por sus desvaríos y caprichos personales.
Indolente significa "que se no afecta o conmueve". O sea que a quien gobernó cinco años Panamá, y que inicialmente dijo lo haría por el bienestar de los más pobres y en todo su mandato dijo gobernar para los campesinos, no le afectaba y menos le conmovía gastar a manos rotas lo que no era de ella y que a diario le negaba a los sectores del país que clamaban por ayuda. Sólo en los últimos 12 meses de su mandato se gastó la friolera de 86 mil dólares en joyas, en locales de prestigio como Mercurio, Imperiale, Alessi, Jabell. ¿Cuánto se habrá gastado en esos lujos durante los otros cuatro años restantes de su imperial mandato? ¿A cuántos o a cuántas les habrá regalado costosas joyas con los fondos públicos a ella confiados?
Los viajes que realizó o realizaron su hijo y sus amiguitos a expensas de los panameños, no tienen nombre. Los gastos de atención al Despacho Superior pagados en ese último año a Manuel Cohen superan los $62 mil. ¿O es que la Presidencia no tenía presupuesto, que debía financiarse con los recursos de esas partidas discrecionales? ¿Será que nunca hubo control alguno sobre esos fondos por parte de la Contraloría General de la República? En sólo dos viajes a España de la Presidenta, excluyendo pasajes y es de suponer viáticos, en el 2003-2004 se fueron en "gastos imprevistos" más de 243 mil dólares.
El pasado domingo, en el programa "Enfoque" que dirige la periodista Dorita de Reyna, solicité que las autoridades ante la inexistencia de los recibos que justificarán el uso de los $23 millones gastados en el anterior gobierno en las llamadas partidas discrecionales de la Presidencia, debían presumir la existencia de una lesión patrimonial. Por ello, resultaba imprescindible, para dar al público las señales correctas, que se decretará la cautelación de todos los bienes de Mireya Moscoso, de Ruby Moscoso de Young y de Fernando Gracia, estos dos últimos por los inexplicables fondos de Taiwan de la Fundación Tucán y Fundación la Mar del Sur. En el caso de la ex mandataria, ante la innumerable cantidad de joyas que adquirió con fondos públicos, previa acción exhibitoria a las joyerías donde las adquirió, que se le obligue a devolverlas para ser subastadas, ya que le pertenecen a todos los panameños y bien podrían servir para algunos proyectos de la Primer Dama.
Para los que han destruido documentos públicos, es nuestro deber recordarles el texto de los primeros dos párrafos del Art. 348 del Código Penal, que señala que: "El que sustraiga, suprima, destruya o altere algún instrumento, acta o documento que pertenezcan o reposen bajo la custodia de una oficina pública, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
Si el autor fuere el mismo servidor público que por razón de sus funciones tenía la custodia de los instrumentos, actas o documentos, la sanción será por uno o cuatro años de prisión."
Frente a la indolencia demostrada por la ex presidenta en el ejercicio del máximo cargo del país, confundiendo lo público, que nos pertenecía a todos, con lo particular de ella y sus allegados, los panameños sólo pedimos justicia. No es posible que tanto despilfarro e indolencia queden en el olvido donde tantas cosas se han guardado en los últimos años.
(gcochez@cableonda.net)

101 años de Panamá América

 
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