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La inmunidad cubre actos inmorales


A pesar que la inmunidad es una ley entre los que la aprueban, en su contenido y aplicación es inmoral porque en ella se cubren muchos por sus acciones deshonestas. Si todos los elementos de elección popular y aquellos que se cubren de la inmunidad, actuaron en su vida pública y en sus funciones estatales con transparencia, respeto a sus conciencias, a la patria y a los derechos, no tendrían necesidad de ella.
Aparte de ello, se supone que si alguien por despecho, envidia o mala fe pretendiera hacerle daño a un elemento honesto en su vida pública o mediante un infundio, entonces Dios, la justicia y la misma sociedad se encargarían de su defensa. En el sistema parlamentario y en otros órganos del Estado existe la ley de inmunidad donde se amparan algunos. La inmunidad para muchos no es otra cosa que un mecanismo político donde pretenden cubrirse algunos hombres involucrados en faltas y delitos.
Cuando cualquier favorecido de la inmunidad es acusado o llamado a una investigación por un supuesto delito, se resiste a cumplirla y corre amparándose por su inmunidad; es decir, no puede ser detenido, mientras no se despoje de ella. El hecho de no despojarse por voluntad propia de su inmunidad indica, aparentemente, que no se atreve por temor que le salgan otros delitos. "Quien no la debe no la teme", debe ser la norma de todo ser humano honesto con él mismo y con la Patria. Dios, la conciencia, la justicia y la honestidad son leyes naturales y morales que debemos tomar de base en el correr de la vida, y no la inmunidad, que es una ley artificial creada por el hombre como un mecanismo político inmoral para su conveniencia y privilegios, y en algunos casos para cubrirse de sus delitos sin respetar los perjuicios morales, económicos, la imagen y el prestigio del país.
En cuanto a la situación en que vive la patria debido a los escándalos en la Asamblea Legislativa con motivo a la ratificación de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el CEMIS, las transacciones de nuestros puertos marítimos y en otras operaciones que tiene que ver con el patrimonio del Estado, tenemos que felicitar aquellos legisladores que por voluntad propia, sin el temor a nada pecaminoso, se han despojado de su inmunidad para que los investiguen y los auditen.
Ojalá los demás legisladores y funcionarios involucrados en escándalos contra la nación tomen ese maravilloso ejemplo patriótico para satisfacer y no entorpecer el proceso de investigaciones que con tanto deseo espera la sociedad y la patria sin condiciones de ninguna naturaleza. Sería my penoso y peligroso para los panameños que los que dicen ser padres de la patria y de aquellos que ostentan grandes posiciones burocráticas, se nieguen a despojarse de su inmunidad impidiendo que el pueblo y la sociedad sepan la verdad de los acontecimientos que estremecieron a la sociedad en los últimos meses.
De quedar esos escándalos sin ningún efecto judicial contribuiría a la continuidad de la corrupción en Panamá y al peligro de una explosión social que después lamentaremos todos.
La inmunidad es negativa para los intereses de Panamá, al tener la plena convicción de que si no existiera la inmunidad, los privilegios y los altos salarios entre los legisladores y los funcionarios burocráticos, entonces evidentemente no existieran las abundantes pretensiones reeleccionistas en los diferentes órganos del Estado, aunque digan con gran demagogia y pregón de que lo hacen por amor a la patria y a las clases marginadas del país.

101 años de Panamá América

 
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