La ira y el derecho
La Biblia enseña que la Ley produce ira. ¿Cómo puede ser que el instrumento jurídico que ha sido establecido por los hombres en sociedad para normar sus acciones como consecuencia de la interacción social pueda producir o desatar la ira entre ellos mismos? En la Biblia está la respuesta: Allí en donde hay contravención a la ley se desata la ira, la contienda.
Algunos juristas, que se adscriben en el realismo sociológico, han podido comprender que cuando se quebranta la Ley no existe la infracción de la norma, sino la realización efectiva de sus prescripciones.
Por ejemplo, cuando alguien perpetra una determinada acción delictiva: hurto, homicidio, robo, secuestro, lesiones personales, peculado, etc., al decir de estos juristas, no hay infracción o quebrantamiento de la ley sino que ésta, a través de la acción ilícita o delictiva realizada por el sujeto, logra su efectiva o real existencia. Sin duda, la norma jurídica, cuando está plasmada en un texto legal, no deja de ser una mera hipótesis normativa, dado que ella adquiere feliz existencia allí en donde alguien desenvuelve una actividad, conducta, acción o comportamiento, que desarrolla el precepto jurídico y a cuya consecuencia adviene la sanción prevista en la misma norma.
La ira que produce la ley al ser irrespetada mediante la realización de su precepto, hablamos básicamente de la ley penal, por parte de un sujeto o persona natural, tiene un radio de acción que va más allá de la mera relación entre la víctima y el victimario. La ira no se queda en un ámbito bilateral, sino que trasciende a la sociedad en general. Algunos delitos, ciertamente, como la lesión personal, la apropiación indebida, la calumnia o la injuria, etc., tienen un efecto bilateral; es decir, que todo queda entre las partes: sujeto activo y sujeto pasivo del delito; pero, muchas acciones delictivas trascienden ese radio de acción para afectar a todo un conglomerado social, a toda una nación. Es el caso de los delitos que violentan bienes jurídicos propios del Estado, de la sociedad en general, dado que sus consecuencias jurídicas son tan devastadoras que causan daños, agravios, perjuicios, a todo un pueblo. Básicamente, nos estamos refiriendo a los delitos contra la administración pública, en donde resaltan las distintas formas de peculado; también los abusos de autoridad y toda especie de corrupción administrativa o de cualquier otra naturaleza que se da en el ámbito de la esfera estatal. No deben quedar por fuera los delitos ecológicos.
Desde estos prolegómenos, precisa advertir que no podemos comprender o condescender con aquellas posiciones ambivalentes, imprecisas, que esgrimen quienes han venido sosteniendo que ante las distintas formas de peculados, de actos propios de corrupción administrativa y política perpetrados por el anterior gobierno, hay primero que determinar si lo que existe de por medio es una falta administrativa o un delito. Se trata de un argumento altamente peligroso por cuanto tiende a diluir la real trama que se esconde en esas operaciones o transacciones bancarias o mercantiles que se hicieron a través de fundaciones ad hoc y que ponen de relieve un alto fraude en detrimento o perjuicio del erario público.
Estamos comportándonos o asumiendo posiciones muy tibias antes estos grandes escándalos que parecieran ir enervando la razón de los panameños para desatar eso que ha preconizado la Biblia: La ley genera ira. Se está desatando una especie de ira colectiva, una violencia societaria, que está al borde de producir efectos o consecuencias inmediatas al extremo de poder viabilizar o encausar serios reveses a la administración del actual gobierno de Patria Nueva. En ese orden de ideas, también precisa denotar que aunque no tengamos un presupuesto óptimo para empezar a desarrollar obras públicas para nuestro pueblo, la nación entera reciente mucho que nada se haya hecho, hasta el momento, para combatir la corrupción de los estamentos de gobierno que se retiraron hace escasamente un mes y seis días.
En lo personal, no creemos en la existencia de un "pacto mami", pero, la demora en la toma inmediata de decisiones puede afectar "la gran cuenta bancaria de credibilidad social" que el pueblo aún preserva a favor del Presidente Martín Torrijos. Se requiere proceder con mesura y equidad, con templanza y respeto a los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso; pero es que ni siquiera hemos dado inicio a una instrucción sumarial que denote que los juega vivos de la Patria tienen que ser sentados en el banquillo de los acusados.
¿Quién pondrá una pica en Flandes? Patria Nueva tiene ese reto que no puede seguir dilatando porque se trató de una promesa, no tan solo electoral, sino que fue parte ínsita o integral del discurso del Presidente al momento de tomar posesión como primer magistrado de la nación. Credibilidad existe, sin embargo si la duda del pueblo sigue cobijándose en la mente de más seres en esta nación, la cuenta bancaria quedará en un déficit devastador que apadrinará la ingobernabilidad de este Estado.
Señor Presidente: tenga cuidado de la lengua aduladora, de aquella que aconseja preservando sus propios intereses, porque como dice la Biblia, la lengua de ellos es peor que la del áspid cuando muerde a su presa. Allí estaremos para preservarlo del mal consejo y de la lengua aduladora.
Los ciudadanos indultados estaban en su mayoría siendo investigados por causas penales electorales, seguidas por la supuesta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficiar a candidatos de la alianza gubernamental o en específico al Partido Arnulfista. Se trata de una práctica altamente reprochable.
Las circunstancias sociales y políticas por las que atraviesa nuestra nación, no justifican en nada este tipo de conducta. Estos delitos no son políticos; no se trata de hechos provocados por una inestabilidad manifiesta del sistema político; son, por el contrario, acciones de tipo individual, aisladas, que brotan en un ambiente de transparencia e igualdad que debe ser respetado.
Me veo obligado, como representante de los derechos políticos de los ciudadanos, a sobre estresar el peligro que acecha a nuestra democracia si se permitiera, erróneamente, que todos los delitos electorales fueran calificados perse como políticos; ya que bajo este concepto, equivocado, se permitiría a un presidente, cualquiera, instigar a sus copartidarios y funcionarios en general a violar la Ley Electoral en plena campaña política, bajo la seguridad de la impunidad que les proporcionaría un indulto presidencial otorgado el día siguiente de la elección.
Algunos juristas, que se adscriben en el realismo sociológico, han podido comprender que cuando se quebranta la Ley no existe la infracción de la norma, sino la realización efectiva de sus prescripciones.
Por ejemplo, cuando alguien perpetra una determinada acción delictiva: hurto, homicidio, robo, secuestro, lesiones personales, peculado, etc., al decir de estos juristas, no hay infracción o quebrantamiento de la ley sino que ésta, a través de la acción ilícita o delictiva realizada por el sujeto, logra su efectiva o real existencia. Sin duda, la norma jurídica, cuando está plasmada en un texto legal, no deja de ser una mera hipótesis normativa, dado que ella adquiere feliz existencia allí en donde alguien desenvuelve una actividad, conducta, acción o comportamiento, que desarrolla el precepto jurídico y a cuya consecuencia adviene la sanción prevista en la misma norma.
La ira que produce la ley al ser irrespetada mediante la realización de su precepto, hablamos básicamente de la ley penal, por parte de un sujeto o persona natural, tiene un radio de acción que va más allá de la mera relación entre la víctima y el victimario. La ira no se queda en un ámbito bilateral, sino que trasciende a la sociedad en general. Algunos delitos, ciertamente, como la lesión personal, la apropiación indebida, la calumnia o la injuria, etc., tienen un efecto bilateral; es decir, que todo queda entre las partes: sujeto activo y sujeto pasivo del delito; pero, muchas acciones delictivas trascienden ese radio de acción para afectar a todo un conglomerado social, a toda una nación. Es el caso de los delitos que violentan bienes jurídicos propios del Estado, de la sociedad en general, dado que sus consecuencias jurídicas son tan devastadoras que causan daños, agravios, perjuicios, a todo un pueblo. Básicamente, nos estamos refiriendo a los delitos contra la administración pública, en donde resaltan las distintas formas de peculado; también los abusos de autoridad y toda especie de corrupción administrativa o de cualquier otra naturaleza que se da en el ámbito de la esfera estatal. No deben quedar por fuera los delitos ecológicos.
Desde estos prolegómenos, precisa advertir que no podemos comprender o condescender con aquellas posiciones ambivalentes, imprecisas, que esgrimen quienes han venido sosteniendo que ante las distintas formas de peculados, de actos propios de corrupción administrativa y política perpetrados por el anterior gobierno, hay primero que determinar si lo que existe de por medio es una falta administrativa o un delito. Se trata de un argumento altamente peligroso por cuanto tiende a diluir la real trama que se esconde en esas operaciones o transacciones bancarias o mercantiles que se hicieron a través de fundaciones ad hoc y que ponen de relieve un alto fraude en detrimento o perjuicio del erario público.
Estamos comportándonos o asumiendo posiciones muy tibias antes estos grandes escándalos que parecieran ir enervando la razón de los panameños para desatar eso que ha preconizado la Biblia: La ley genera ira. Se está desatando una especie de ira colectiva, una violencia societaria, que está al borde de producir efectos o consecuencias inmediatas al extremo de poder viabilizar o encausar serios reveses a la administración del actual gobierno de Patria Nueva. En ese orden de ideas, también precisa denotar que aunque no tengamos un presupuesto óptimo para empezar a desarrollar obras públicas para nuestro pueblo, la nación entera reciente mucho que nada se haya hecho, hasta el momento, para combatir la corrupción de los estamentos de gobierno que se retiraron hace escasamente un mes y seis días.
En lo personal, no creemos en la existencia de un "pacto mami", pero, la demora en la toma inmediata de decisiones puede afectar "la gran cuenta bancaria de credibilidad social" que el pueblo aún preserva a favor del Presidente Martín Torrijos. Se requiere proceder con mesura y equidad, con templanza y respeto a los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso; pero es que ni siquiera hemos dado inicio a una instrucción sumarial que denote que los juega vivos de la Patria tienen que ser sentados en el banquillo de los acusados.
¿Quién pondrá una pica en Flandes? Patria Nueva tiene ese reto que no puede seguir dilatando porque se trató de una promesa, no tan solo electoral, sino que fue parte ínsita o integral del discurso del Presidente al momento de tomar posesión como primer magistrado de la nación. Credibilidad existe, sin embargo si la duda del pueblo sigue cobijándose en la mente de más seres en esta nación, la cuenta bancaria quedará en un déficit devastador que apadrinará la ingobernabilidad de este Estado.
Señor Presidente: tenga cuidado de la lengua aduladora, de aquella que aconseja preservando sus propios intereses, porque como dice la Biblia, la lengua de ellos es peor que la del áspid cuando muerde a su presa. Allí estaremos para preservarlo del mal consejo y de la lengua aduladora.
Los ciudadanos indultados estaban en su mayoría siendo investigados por causas penales electorales, seguidas por la supuesta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficiar a candidatos de la alianza gubernamental o en específico al Partido Arnulfista. Se trata de una práctica altamente reprochable.
Las circunstancias sociales y políticas por las que atraviesa nuestra nación, no justifican en nada este tipo de conducta. Estos delitos no son políticos; no se trata de hechos provocados por una inestabilidad manifiesta del sistema político; son, por el contrario, acciones de tipo individual, aisladas, que brotan en un ambiente de transparencia e igualdad que debe ser respetado.
Me veo obligado, como representante de los derechos políticos de los ciudadanos, a sobre estresar el peligro que acecha a nuestra democracia si se permitiera, erróneamente, que todos los delitos electorales fueran calificados perse como políticos; ya que bajo este concepto, equivocado, se permitiría a un presidente, cualquiera, instigar a sus copartidarios y funcionarios en general a violar la Ley Electoral en plena campaña política, bajo la seguridad de la impunidad que les proporcionaría un indulto presidencial otorgado el día siguiente de la elección.
