La "Joyita Resort" y otros cuentos segregacionistas
UN BUEN AMIGO mío escribía por estos días un artículo de opinión sobre el sistema penitenciario y el debate surgido a raíz del descubrimiento en el Centro Penitenciario La Joyita, de celdas equipadas con artefactos electrónicos y otras facilidades domésticas.
Al parecer la susceptibilidad de muchas personas se ha visto afectada por la avalancha de críticas dirigidas contra este suceso, al que muchos han tildado de privilegio. Igualmente han manifestado que esas comodidades son un derecho establecido en la ley y que las críticas desatadas no son más que un "alboroto" o nada más que "juicios de valor subjetivos".
El problema verdadero va más allá de cualquier determinismo o definición legal y de un vano pragmatismo personal; cualquiera postura limítrofe lo que viene es a desnaturalizar la esencia de un debate tan delicado como lo es el colapso del sistema penitenciario.
Es cierto que el Decreto Ejecutivo No. 393 de 2005 -que por supuesto esto no se debe regular en un decreto, sino en una ley- asegura que es un derecho de los detenidos contar con mecanismos de comunicación como radios y televisores, así como otro tipo de electrodomésticos; pero cuando existen más de diez mil detenidos en las oprobiosas cárceles y mazmorras del país, y sólo una veintena de ellos goza de tales facilidades, la concesión de esos objetos o facilidades se convierte en algo más bochornoso que un simple privilegio.
Existe allí, entonces, una desviación de poder, una corruptela carcelaria que se vende al mejor postor, funcionarios cargados de favoritismos y clientelismos carcelarios, que al final de cuenta lo que viene es a contravenir un principio constitucional más importante que cualquier debate reglamentario y superficial: La Igualdad.
El colapso del sistema penitenciario, reafirmamos, es una realidad inminente e insultante; individuos desprovistos de las más elementales facilidades higiénicas, gente enclaustrada sin atención médica, enfermos terminales que mueren en las cárceles por el cubismo inquisitorio de las autoridades, un sistema penitenciario que promueve el ocio -el mejor consejero de la delincuencia- y el revanchismo social, el cual debe ser reestructurado en su arquitectura administrativa, tan plagada de deficiencias y de favoritismos políticos.
El apartamiento de unos individuos frente a otros, aún cuando se le confieran derechos legalmente reconocidos, pero otorgados exclusivamente a ese solo grupo en detrimento de una aplastante mayoría, sí es un privilegio. Es una constatación material y no teórica. También es una práctica segregacionista y discriminatoria vergonzosa que golpea los espíritus garantistas de los hombres y mujeres que desean una nación justa y cuyos ciudadanos sean iguales, los unos y los otros.
En definitiva, creer que las cárceles del país deben convertirse en una sucursal infernal al estilo Divina Comedia, y que así deben expiar sus culpas los infractores de la ley, es un error olímpico; pero tildar de juicios subjetivos y alborotos inocuos la críticas lanzadas contra el sistema penitenciario lo es aún más, es ocultar deliberadamente la realidad dantesca de las cárceles y la mediocridad de sus regentes, porque es el Estado quien debe garantizar un tratamiento digno, pero también igualitario, que al final de cuentas es el principio liberal por el que más vidas se han ofrecido y más sangre se ha derramado en el devenir de la historia humana. Lo demás es puro cuento.
Al parecer la susceptibilidad de muchas personas se ha visto afectada por la avalancha de críticas dirigidas contra este suceso, al que muchos han tildado de privilegio. Igualmente han manifestado que esas comodidades son un derecho establecido en la ley y que las críticas desatadas no son más que un "alboroto" o nada más que "juicios de valor subjetivos".
El problema verdadero va más allá de cualquier determinismo o definición legal y de un vano pragmatismo personal; cualquiera postura limítrofe lo que viene es a desnaturalizar la esencia de un debate tan delicado como lo es el colapso del sistema penitenciario.
Es cierto que el Decreto Ejecutivo No. 393 de 2005 -que por supuesto esto no se debe regular en un decreto, sino en una ley- asegura que es un derecho de los detenidos contar con mecanismos de comunicación como radios y televisores, así como otro tipo de electrodomésticos; pero cuando existen más de diez mil detenidos en las oprobiosas cárceles y mazmorras del país, y sólo una veintena de ellos goza de tales facilidades, la concesión de esos objetos o facilidades se convierte en algo más bochornoso que un simple privilegio.
Existe allí, entonces, una desviación de poder, una corruptela carcelaria que se vende al mejor postor, funcionarios cargados de favoritismos y clientelismos carcelarios, que al final de cuenta lo que viene es a contravenir un principio constitucional más importante que cualquier debate reglamentario y superficial: La Igualdad.
El colapso del sistema penitenciario, reafirmamos, es una realidad inminente e insultante; individuos desprovistos de las más elementales facilidades higiénicas, gente enclaustrada sin atención médica, enfermos terminales que mueren en las cárceles por el cubismo inquisitorio de las autoridades, un sistema penitenciario que promueve el ocio -el mejor consejero de la delincuencia- y el revanchismo social, el cual debe ser reestructurado en su arquitectura administrativa, tan plagada de deficiencias y de favoritismos políticos.
El apartamiento de unos individuos frente a otros, aún cuando se le confieran derechos legalmente reconocidos, pero otorgados exclusivamente a ese solo grupo en detrimento de una aplastante mayoría, sí es un privilegio. Es una constatación material y no teórica. También es una práctica segregacionista y discriminatoria vergonzosa que golpea los espíritus garantistas de los hombres y mujeres que desean una nación justa y cuyos ciudadanos sean iguales, los unos y los otros.
En definitiva, creer que las cárceles del país deben convertirse en una sucursal infernal al estilo Divina Comedia, y que así deben expiar sus culpas los infractores de la ley, es un error olímpico; pero tildar de juicios subjetivos y alborotos inocuos la críticas lanzadas contra el sistema penitenciario lo es aún más, es ocultar deliberadamente la realidad dantesca de las cárceles y la mediocridad de sus regentes, porque es el Estado quien debe garantizar un tratamiento digno, pero también igualitario, que al final de cuentas es el principio liberal por el que más vidas se han ofrecido y más sangre se ha derramado en el devenir de la historia humana. Lo demás es puro cuento.
