La justicia del PRD
Tamaña controversia ha surgido entre el ex Presidente Endara y el Presidente Pérez Balladares en torno al nombramiento de tres nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El primero acusa al segundo de querer controlar la justicia nombrando en las vacantes que se producirán a incondicionales suyos y el segundo le responde al primero que es un hipócrita puesto a que cuando él tomó posesión, después de la invasión, obligó a todos los magistrados existentes a renunciar y entre los nuevos que nombró ni uno sólo de la oposición escogió.
Ciertamente ambos tienen razón, pero el Presidente Pérez Balladares pretende validar una política anti constitucional con base a errores cometidos por su predecesor. Que el ex Presidente Endara hubiese nombrado a los ex magistrados de la Corte Suprema de la forma como se le imputa, es censurable, pero no le concede razón al actual Presidente de la República para contundir la justicia panameña.
Al Presidente de la República se le acusa de haber seleccionado como candidatos a ocupar las tres Magistraturas al actual fiscal Electoral, al vice Ministro de la Presidencia y a un muy controvertido asesor presidencial, todos de su partido político y de "indiscutible lealtad" a su persona. En su defensa, muy pobre ya que intrínsecamente es una aceptación de los cargos que se le imputan, el Presidente declaró: "Sí, claro, yo he dicho que no van a ser mis enemigos". Luego parece haber rectificado cuando aseguró, de acuerdo con versiones de este diario, "que por el momento no se analiza ningún nombre para estos cargos, y que aún ni siquiera se ha aprobado la ley correspondiente". El tiempo dirá si son o no ciertas las acusaciones formuladas que además le señalan deseos de crear una nueva Sala dentro de la Corte Suprema de Justicia que le permitirá, de acuerdo con algunos, el control absoluto de la justicia. Decía San Agustín que "lo único que distingue a una cuadrilla de malhechores de una sociedad política, es la decencia y la Justicia".
La Justicia no es tal si no es independiente. Si está sometida a un poder superior que se atribuye la capacidad de elegir a los jueces y sobre todo por banderías políticas, como es el caso del actual Primer Mandatario, si se somete a los jueces al Organo Ejecutivo, se pone fin irremisiblemente a la separación de los poderes tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Nacional, o lo que es lo mismo, se inicia el derribo de la democracia.
Resulta incomprensible que mandatarios que se jactan de ser estadistas y que dicen se someterán al juicio de la historia, quizás por aquello de que una vez muertos presuntamente no se enterarán de los juicios que se emitirán como consecuencia de su actual protagonismo, no se percaten de que la dependencia o subordinación de la justicia al poder político, transgrede su autonomía, independencia e imparcialidad.
La existencia de un Poder Judicial democrático, esto es, con una estructura institucional que permita el ejercicio de la administración de justicia que garantice el derecho al debido proceso, resulta condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Uno de los problemas que aquejan al Organo Judicial, el que más se menciona, es el económico, debido a la reducida dotación presupuestal que recibe y que incide, además de bajas remuneraciones para jueces y empleados, en una absurda limitación de personal.
La exigencia de asegurar un presupuesto en consonancia con las necesidades del Organo Judicial es esencial para consolidar la independencia e imparcialidad de sus operaciones. Debe tenerse presente que por mandato constitucional, los jueces no pueden percibir legalmente ningún otro tipo de ingresos ni ejercer otra actividad, salvo la docencia fuera de su horario de trabajo. Una óptima política salarial permitirá cumplir varias metas sustanciales del Organo Judicial, como es la incorporación a la carrera judicial a los mejores profesionales, la garantía de un recambio del personal judicial, sin mengua de la calidad profesional, e impedir que jueces calificados se aparten de la judicatura al no tener garantía de la satisfacción de sus mínimas necesidades. La necesidad de contar con funcionarios eficientes y con vocación de servicio es urgente en el Organo Judicial, pues una justicia mal dispensada no hace legítimo al Estado y cuestiona las instituciones democráticas.
Otra de las causas, muy mencionadas también, es la lentitud de la justicia que asfixia al más justo reclamo. Una justicia lenta no sirve a los intereses de ella pues el bien cuando es concedido en forma dilatada es menoscabado. El mejor ejemplo lo tenemos en el caso del Magistrado Faúndez en donde después del sainete que la mayoría parlamentaria del partido gobernante ofreció, aún todavía no hay sentencia, pero sí se resolvieron en forma expedita todos los indultos de los miembros de este gobierno que mantenían cuentas con la justicia.
Se requiere pues una política judicial y no precisamente la que lleva a cabo el actual Presidente y la de su predecesor de nombrar como magistrados y jueces a sus allegados y copartidarios. Leímos en el Programa de Gobierno del candidato a la Presidencia de la República, el Ingeniero Alberto Vallarino, en la parte concerniente a la Administración de Justicia (página 14 del folleto publicado), lo siguiente: " La administración de justicia es la función del Estado que más directamente afecta a la sociedad en su conjunto. Sin una justicia rápida e imparcial, la corrupción se extiende, la economía se estanca, la seguridad jurídica se pierde, la tranquilidad se compromete y los valores se pervierten, haciendo que los ciudadanos nos volvamos víctimas o victimarios. Habida cuenta de ello se compromete, entre otras medidas, a proponer los cambios constitucionales y legales que tiendan a dar autonomía y real independencia a todos los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público y para ello mantendrá esas posiciones al margen de las influencias político-partidistas y buscará la fórmula para que la iniciativa de nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no dependa exclusivamente del Organo Ejecutivo".
Ciertamente ambos tienen razón, pero el Presidente Pérez Balladares pretende validar una política anti constitucional con base a errores cometidos por su predecesor. Que el ex Presidente Endara hubiese nombrado a los ex magistrados de la Corte Suprema de la forma como se le imputa, es censurable, pero no le concede razón al actual Presidente de la República para contundir la justicia panameña.
Al Presidente de la República se le acusa de haber seleccionado como candidatos a ocupar las tres Magistraturas al actual fiscal Electoral, al vice Ministro de la Presidencia y a un muy controvertido asesor presidencial, todos de su partido político y de "indiscutible lealtad" a su persona. En su defensa, muy pobre ya que intrínsecamente es una aceptación de los cargos que se le imputan, el Presidente declaró: "Sí, claro, yo he dicho que no van a ser mis enemigos". Luego parece haber rectificado cuando aseguró, de acuerdo con versiones de este diario, "que por el momento no se analiza ningún nombre para estos cargos, y que aún ni siquiera se ha aprobado la ley correspondiente". El tiempo dirá si son o no ciertas las acusaciones formuladas que además le señalan deseos de crear una nueva Sala dentro de la Corte Suprema de Justicia que le permitirá, de acuerdo con algunos, el control absoluto de la justicia. Decía San Agustín que "lo único que distingue a una cuadrilla de malhechores de una sociedad política, es la decencia y la Justicia".
La Justicia no es tal si no es independiente. Si está sometida a un poder superior que se atribuye la capacidad de elegir a los jueces y sobre todo por banderías políticas, como es el caso del actual Primer Mandatario, si se somete a los jueces al Organo Ejecutivo, se pone fin irremisiblemente a la separación de los poderes tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Nacional, o lo que es lo mismo, se inicia el derribo de la democracia.
Resulta incomprensible que mandatarios que se jactan de ser estadistas y que dicen se someterán al juicio de la historia, quizás por aquello de que una vez muertos presuntamente no se enterarán de los juicios que se emitirán como consecuencia de su actual protagonismo, no se percaten de que la dependencia o subordinación de la justicia al poder político, transgrede su autonomía, independencia e imparcialidad.
La existencia de un Poder Judicial democrático, esto es, con una estructura institucional que permita el ejercicio de la administración de justicia que garantice el derecho al debido proceso, resulta condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Uno de los problemas que aquejan al Organo Judicial, el que más se menciona, es el económico, debido a la reducida dotación presupuestal que recibe y que incide, además de bajas remuneraciones para jueces y empleados, en una absurda limitación de personal.
La exigencia de asegurar un presupuesto en consonancia con las necesidades del Organo Judicial es esencial para consolidar la independencia e imparcialidad de sus operaciones. Debe tenerse presente que por mandato constitucional, los jueces no pueden percibir legalmente ningún otro tipo de ingresos ni ejercer otra actividad, salvo la docencia fuera de su horario de trabajo. Una óptima política salarial permitirá cumplir varias metas sustanciales del Organo Judicial, como es la incorporación a la carrera judicial a los mejores profesionales, la garantía de un recambio del personal judicial, sin mengua de la calidad profesional, e impedir que jueces calificados se aparten de la judicatura al no tener garantía de la satisfacción de sus mínimas necesidades. La necesidad de contar con funcionarios eficientes y con vocación de servicio es urgente en el Organo Judicial, pues una justicia mal dispensada no hace legítimo al Estado y cuestiona las instituciones democráticas.
Otra de las causas, muy mencionadas también, es la lentitud de la justicia que asfixia al más justo reclamo. Una justicia lenta no sirve a los intereses de ella pues el bien cuando es concedido en forma dilatada es menoscabado. El mejor ejemplo lo tenemos en el caso del Magistrado Faúndez en donde después del sainete que la mayoría parlamentaria del partido gobernante ofreció, aún todavía no hay sentencia, pero sí se resolvieron en forma expedita todos los indultos de los miembros de este gobierno que mantenían cuentas con la justicia.
Se requiere pues una política judicial y no precisamente la que lleva a cabo el actual Presidente y la de su predecesor de nombrar como magistrados y jueces a sus allegados y copartidarios. Leímos en el Programa de Gobierno del candidato a la Presidencia de la República, el Ingeniero Alberto Vallarino, en la parte concerniente a la Administración de Justicia (página 14 del folleto publicado), lo siguiente: " La administración de justicia es la función del Estado que más directamente afecta a la sociedad en su conjunto. Sin una justicia rápida e imparcial, la corrupción se extiende, la economía se estanca, la seguridad jurídica se pierde, la tranquilidad se compromete y los valores se pervierten, haciendo que los ciudadanos nos volvamos víctimas o victimarios. Habida cuenta de ello se compromete, entre otras medidas, a proponer los cambios constitucionales y legales que tiendan a dar autonomía y real independencia a todos los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público y para ello mantendrá esas posiciones al margen de las influencias político-partidistas y buscará la fórmula para que la iniciativa de nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no dependa exclusivamente del Organo Ejecutivo".
