La justicia inerme
González actualmente prófugo en Cuba, había sido previamente indultado por el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, pero esta acción fue demandada por inconstitucional, quedando hasta hoy pendiente de fallo.
En lo sustancial, la Sala ha dictado un fallo definitivo que en palabras más o menos dice que, en el enredo judicial causado por el indulto y su posterior impugnación por supuesta inconstitucionalidad, se extinguió la pena de 20 años a la cual fuera originalmente condenado y sobre cuya indulgencia recaía el perdón.
¿Cómo explicar al gran público que un condenado prófugo, pueda regresar tranquilamente al país, sin haber cumplido un solo día de su pena?
La pregunta es importante porque, al margen de los legalismos sobre el aparato judicial del que participamos jueces, abogados y los ciudadanos que se ven precisados a acudir a sus servicios, recae una percepción de profunda desconfianza en el público. La situación llega al extremo que se resume en una oración cortante: "Aquí no hay justicia".
El de Gonzalo González es apenas uno de muchos ejemplos de un sistema judicial en deuda con la sociedad. El juicio por jurados ha protagonizado decenas de decisiones escandalosas en las que la impunidad es la tónica. Recordemos además los juicios por los crímenes de Spadafora, otro del estudiante que en El Valle fue muerto a tiros por uniformados que le oyeron gritar "Abajo la piña", el del crimen pasional que envolvió a un prominente empresario y a una pareja asesinada en San Miguelito, el de los asaltantes de la Sucursal del Banco General que mataron a un policía "lince" que en cumplimiento de su deber los perseguía, el de la ciudadana nicaragüense liberada luego de sorprendérsele con un millón de balboas en efectivo en el aeropuerto, y el de tantos casos de narcotráfico que corrieron igual suerte.
Pero en cambio, para los pequeños delincuentes que hacinan nuestras cárceles, sí hay justicia, - si es que puede llamarse así a un sistema en el que más del 60% de los presos no ha sido condenado. En contraste, los cárteles de la droga y del robo de vehículos, se mueven a sus anchas con su ejército de abogados con bolsillos repletos de dinero, oficinas y autos lujosos, frente a una justicia ciega que prefiere encausar a denunciantes y periodistas que investigar a los grandes delincuentes.
El sistema judicial penal está enfermo desde sus raíces. Esa es la percepción ciudadana que surge en todas las encuestas, la cual mucho de correcta ha de tener, si coincide con las evaluaciones periódicas que hacen de él diversas entidades en el extranjero.
Ya está llegando el momento de reestructurarlo todo desde sus cimientos y es bueno que el propio aparato judicial tome la iniciativa cuanto antes, porque de lo contrario, más temprano que tarde las soluciones les serán impuestas desde afuera, con o sin división de poderes.
En lo sustancial, la Sala ha dictado un fallo definitivo que en palabras más o menos dice que, en el enredo judicial causado por el indulto y su posterior impugnación por supuesta inconstitucionalidad, se extinguió la pena de 20 años a la cual fuera originalmente condenado y sobre cuya indulgencia recaía el perdón.
¿Cómo explicar al gran público que un condenado prófugo, pueda regresar tranquilamente al país, sin haber cumplido un solo día de su pena?
La pregunta es importante porque, al margen de los legalismos sobre el aparato judicial del que participamos jueces, abogados y los ciudadanos que se ven precisados a acudir a sus servicios, recae una percepción de profunda desconfianza en el público. La situación llega al extremo que se resume en una oración cortante: "Aquí no hay justicia".
El de Gonzalo González es apenas uno de muchos ejemplos de un sistema judicial en deuda con la sociedad. El juicio por jurados ha protagonizado decenas de decisiones escandalosas en las que la impunidad es la tónica. Recordemos además los juicios por los crímenes de Spadafora, otro del estudiante que en El Valle fue muerto a tiros por uniformados que le oyeron gritar "Abajo la piña", el del crimen pasional que envolvió a un prominente empresario y a una pareja asesinada en San Miguelito, el de los asaltantes de la Sucursal del Banco General que mataron a un policía "lince" que en cumplimiento de su deber los perseguía, el de la ciudadana nicaragüense liberada luego de sorprendérsele con un millón de balboas en efectivo en el aeropuerto, y el de tantos casos de narcotráfico que corrieron igual suerte.
Pero en cambio, para los pequeños delincuentes que hacinan nuestras cárceles, sí hay justicia, - si es que puede llamarse así a un sistema en el que más del 60% de los presos no ha sido condenado. En contraste, los cárteles de la droga y del robo de vehículos, se mueven a sus anchas con su ejército de abogados con bolsillos repletos de dinero, oficinas y autos lujosos, frente a una justicia ciega que prefiere encausar a denunciantes y periodistas que investigar a los grandes delincuentes.
El sistema judicial penal está enfermo desde sus raíces. Esa es la percepción ciudadana que surge en todas las encuestas, la cual mucho de correcta ha de tener, si coincide con las evaluaciones periódicas que hacen de él diversas entidades en el extranjero.
Ya está llegando el momento de reestructurarlo todo desde sus cimientos y es bueno que el propio aparato judicial tome la iniciativa cuanto antes, porque de lo contrario, más temprano que tarde las soluciones les serán impuestas desde afuera, con o sin división de poderes.
