La ley es inteligencia sin pasiones
Cuando destacados pensadores de la edad moderna hicieron posible, por sus trascendentes y analíticas producciones intelectuales, políticas y sociales, que su época fuera reconocida por la posteridad como "de la ilustración", nos estaban enviando un mensaje que para el buen desarrollo de una humanidad civilizada, opuesta a la barbarie y al salvajismo, debemos siempre recordar y aplicar.
De tales aportaciones, sólo queremos referirnos en esta nota a la valiosa iniciativa de Charles Montesquieu, cuando, a pesar de desenvolverse en un sistema de gobierno monárquico-absoluto, presentó la tesis de la división de poderes como la mejor fórmula para la conducción de un Estado. Un ejecutivo, un legislativo y un judicial; autónomos, aunque relacionados armónicamente, pues la función de todos ellos debe ir orientada a servir a los mejores intereses del Estado en su integridad.
El Organo o Poder Judicial, entre los tres mencionados, es reconocido desde Thomas Hobbes como el elemento cuya balanza a ciegas, será responsable de la existencia de una sociedad humana civilizada y su ausencia o inoperancia, de una vivencia en "estado de naturaleza" con el imperio del más fuerte sobre el más débil; y en donde se manifestará en toda su realidad, aquella frase: "El hombre, lobo del hombre."
De Aristóteles (algunos siglos antes de Cristo) y su pensamiento aleccionador, tomamos sus ideas sabias, cuando interpreta al Estado como "una creación de la naturaleza humana en donde el hombre alcanza su pleno desarrollo". Agregando en cuanto a las leyes, que "ellas no han de aspirar simplemente a garantizar los derechos de cada uno, sino a hacer mejores a los ciudadanos." Y afirmaba: "Es mejor estar gobernados por leyes óptimas que por hombres óptimos, pues las leyes no son corruptibles ni están sujetas a pasiones, pero los hombres sí" "La ley es inteligencia sin pasiones", decía. Si desde la antigüedad se nos está indicando las reglas para una buena convivencia en la sociedad de hombres y mujeres, ¿a qué se debe, entonces, el empeño de personeros que ostentan el poder de juzgar, de querer dirimir los asuntos que llegan a sus despachos según sus particulares criterios, estados emocionales o anímicos, igual que lo podría hacer un jurado de conciencia y de no aplicar el derecho tal como lo determinan las disposiciones legales vigentes para cada caso?
¿No tiende esta práctica a constituirse en causal de caos y violencia generalizada por quienes se ven afectados y por quienes consideran que pueden verse afectados en su más ambicionada aspiración como es su vida en libertad?
¿No se supone que los actos de justicia emanados de los jueces, precisamente designados como tales por su preparación como profesionales del derecho, deben ser resueltos en estricto derecho y que las decisiones de conciencia sólo respondan a aquel complemento o figura conocida como Jurado de Conciencia?
¿Es comprensible que la sociedad deba vivir atemorizada ante la inseguridad que se desprende de la calificación de un juzgador, dirimente o juez que se empecine en sentenciar de acuerdo con sus criterios personales o inducidos; desestimando, o desconociendo lo que diga la ley, únicamente porque él es el juez o dirimente? Si las cosas son así, tendríamos que preguntarnos, ¿para qué son las leyes? Y negar el pensamiento aristotélico de "La Ley inteligencia sin pasiones", por el que se aplica en la actualidad que es: la ley es pasión sin inteligencia.
Una vez terminada la tarea, esos empleados quedarán cesados, por lo que no es de extrañar que en 17 meses el proceso de la liquidación haya sido prácticamente nulo.
Encima, el "Frankenstein Bank" no pudo cerrar su balance del año 2003 porque el fondo de liquidaciones no le permitió acceder a los valores correspondientes.
Cuando el Ejecutivo quiso "encauzar" la situación, la Cámara de Diputados intervino, pidiéndole que "suspenda los procesos de venta, remate o tercerización de los fondos de recuperación".
En los últimos tres meses, 1,850,000 dólares de los ahorristas fueron transferidos a los bolsillos de los empleados bancarios; el dinero le pertenece a los mismos ahorristas que, según se declara públicamente, se quiere "proteger" al promulgar leyes especiales.
La razón por la cual Latinoamérica es pobre radica en que nuestra dirigencia política sistemáticamente se niega a aplicar la ética de la responsabilidad.
*Analista uruguaya.
© www.aipenet.com
De tales aportaciones, sólo queremos referirnos en esta nota a la valiosa iniciativa de Charles Montesquieu, cuando, a pesar de desenvolverse en un sistema de gobierno monárquico-absoluto, presentó la tesis de la división de poderes como la mejor fórmula para la conducción de un Estado. Un ejecutivo, un legislativo y un judicial; autónomos, aunque relacionados armónicamente, pues la función de todos ellos debe ir orientada a servir a los mejores intereses del Estado en su integridad.
El Organo o Poder Judicial, entre los tres mencionados, es reconocido desde Thomas Hobbes como el elemento cuya balanza a ciegas, será responsable de la existencia de una sociedad humana civilizada y su ausencia o inoperancia, de una vivencia en "estado de naturaleza" con el imperio del más fuerte sobre el más débil; y en donde se manifestará en toda su realidad, aquella frase: "El hombre, lobo del hombre."
De Aristóteles (algunos siglos antes de Cristo) y su pensamiento aleccionador, tomamos sus ideas sabias, cuando interpreta al Estado como "una creación de la naturaleza humana en donde el hombre alcanza su pleno desarrollo". Agregando en cuanto a las leyes, que "ellas no han de aspirar simplemente a garantizar los derechos de cada uno, sino a hacer mejores a los ciudadanos." Y afirmaba: "Es mejor estar gobernados por leyes óptimas que por hombres óptimos, pues las leyes no son corruptibles ni están sujetas a pasiones, pero los hombres sí" "La ley es inteligencia sin pasiones", decía. Si desde la antigüedad se nos está indicando las reglas para una buena convivencia en la sociedad de hombres y mujeres, ¿a qué se debe, entonces, el empeño de personeros que ostentan el poder de juzgar, de querer dirimir los asuntos que llegan a sus despachos según sus particulares criterios, estados emocionales o anímicos, igual que lo podría hacer un jurado de conciencia y de no aplicar el derecho tal como lo determinan las disposiciones legales vigentes para cada caso?
¿No tiende esta práctica a constituirse en causal de caos y violencia generalizada por quienes se ven afectados y por quienes consideran que pueden verse afectados en su más ambicionada aspiración como es su vida en libertad?
¿No se supone que los actos de justicia emanados de los jueces, precisamente designados como tales por su preparación como profesionales del derecho, deben ser resueltos en estricto derecho y que las decisiones de conciencia sólo respondan a aquel complemento o figura conocida como Jurado de Conciencia?
¿Es comprensible que la sociedad deba vivir atemorizada ante la inseguridad que se desprende de la calificación de un juzgador, dirimente o juez que se empecine en sentenciar de acuerdo con sus criterios personales o inducidos; desestimando, o desconociendo lo que diga la ley, únicamente porque él es el juez o dirimente? Si las cosas son así, tendríamos que preguntarnos, ¿para qué son las leyes? Y negar el pensamiento aristotélico de "La Ley inteligencia sin pasiones", por el que se aplica en la actualidad que es: la ley es pasión sin inteligencia.
Una vez terminada la tarea, esos empleados quedarán cesados, por lo que no es de extrañar que en 17 meses el proceso de la liquidación haya sido prácticamente nulo.
Encima, el "Frankenstein Bank" no pudo cerrar su balance del año 2003 porque el fondo de liquidaciones no le permitió acceder a los valores correspondientes.
Cuando el Ejecutivo quiso "encauzar" la situación, la Cámara de Diputados intervino, pidiéndole que "suspenda los procesos de venta, remate o tercerización de los fondos de recuperación".
En los últimos tres meses, 1,850,000 dólares de los ahorristas fueron transferidos a los bolsillos de los empleados bancarios; el dinero le pertenece a los mismos ahorristas que, según se declara públicamente, se quiere "proteger" al promulgar leyes especiales.
La razón por la cual Latinoamérica es pobre radica en que nuestra dirigencia política sistemáticamente se niega a aplicar la ética de la responsabilidad.
*Analista uruguaya.
© www.aipenet.com
