La Ley Faúndes debe derogarse

No puede seguir abordándose como un tema coyuntural. Titular de muchos medios a raíz del caso Solís Palma, pasado el momento, la nefasta Ley Faúndes parece haber vuelto a su guarida para esperar otro instante de estelaridad. Aquellos que al calor del pasado debate la señalaron como lo que es, un estatuto aberrante y vengativo, también parecen haber guardado silencio, ocupados en otros temas, quizá de mayor trascendencia en esta ocasión.
Ese paréntesis es lo que convierte a la Ley Faúndes en esa espada de Damocles sobre la cabeza de muchos. Es hora de que la Asamblea Nacional se disponga a derogar esta ley, discriminatoria y antidemocrática, o de lo contrario habrá que leer su conducta como expresión de una aprobación tácita de una peligrosa complicidad que, a la larga, pueda actuar contra los mismos que integran ese cuerpo legislativo.
Surgida como mecanismo para dilucidar una confrontación política y aplicarla a alguien considerado rival, la Ley Faúndes no tiene otra razón de ser, como no sea la de aquella daga que se saca en momentos similares al de su nacimiento, para tomar venganza de quienes contraríen a determinada corriente política. Pero si su efecto sólo llegara hasta ahí es aún discutible que estuviera justificada su vigencia; sin embargo, lo más incongruente y negativo radica en que pagan justos por pecadores, y el país pierde la posibilidad de aprovechar recursos humanos capaces y productivos, a los que pocos o nadie le pueden señalar caducidad. Mantenerla vigente revela, además, una inflexibilidad poco decorosa, un desagradecimiento que desdice de aquellos que hablan de la defensa de los derechos humanos, de la vigencia de los recursos humanos y de la bondad con que deben ser tratados los que ayudaron a forjar el país del que ahora disfrutamos.
La Ley Faúndes es un monumento a la injusticia, un acto grosero que sólo puede ser reparado con su derogación.