La Ley Sobre el Arbitraje
La legislación laboral panameña continúa siendo materia que agrava los conflictos, en lugar de ser un instrumento que propicie los acuerdos. El Código de Trabajo, fruto de una época donde la confrontación constituía el medio para resolver las diferencias, todavía contiene gran cantidad de artículos que reflejan esta modalidad característica del ambiente que se vivía bajo los gobiernos totalitarios de ese tiempo.
Algunas de estas normas contenidas en nuestro Código acaban de ser denunciadas por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, como violatoria a los convenios internacionales y a las prácticas establecidas en otros países, para resolver las diferencias en la aplicación de la ley laboral.
Una de ellas tiene que ver con la figura del arbitraje en caso de huelga, que precisamente ha sido motivo de discusión en la Asamblea Legislativa durante estos días, debido a un proyecto de ley que concede al Estado la facultad de intervenir directamente en un conflicto laboral. El proyecto que no cuenta con la simpatía de los empresarios ni de los trabajadores, fue presentado por un legislador con motivo de la huelga reciente que mantuvo cerradas las instalaciones de la Chiriquí Land Company.
Todo parece indicar que en la presentación y aprobación del proyecto de ley no se consultó con los conocedores de nuestra legislación laboral, arriesgándose a convertir en ley de la República una propuesta que viola convenios internacionales firmados por Panamá. Si lo hubieran hecho, los proponentes de la ley conocerían que el problema del arbitraje no está en concederle al Estado la facultad de imponerlo, sino en eliminar la facultad unilateral que tienen los trabajadores a solicitarlo.
Esperamos que el Presidente de la República se asesore correctamente a la hora de promulgar esta ley, porque de ser sancionada estaríamos añadiendo más confusión en un tema sensible, que puede significar en estos momentos la posibilidad de que Panamá sea declarado ante el mundo, como un país donde no se respetan las normas internacionales en materia laboral, con las consecuencias que esto tendría sobre la ansiada atracción de inversionistas que nos ayuden a resolver el grave problema del desempleo.
Algunas de estas normas contenidas en nuestro Código acaban de ser denunciadas por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, como violatoria a los convenios internacionales y a las prácticas establecidas en otros países, para resolver las diferencias en la aplicación de la ley laboral.
Una de ellas tiene que ver con la figura del arbitraje en caso de huelga, que precisamente ha sido motivo de discusión en la Asamblea Legislativa durante estos días, debido a un proyecto de ley que concede al Estado la facultad de intervenir directamente en un conflicto laboral. El proyecto que no cuenta con la simpatía de los empresarios ni de los trabajadores, fue presentado por un legislador con motivo de la huelga reciente que mantuvo cerradas las instalaciones de la Chiriquí Land Company.
Todo parece indicar que en la presentación y aprobación del proyecto de ley no se consultó con los conocedores de nuestra legislación laboral, arriesgándose a convertir en ley de la República una propuesta que viola convenios internacionales firmados por Panamá. Si lo hubieran hecho, los proponentes de la ley conocerían que el problema del arbitraje no está en concederle al Estado la facultad de imponerlo, sino en eliminar la facultad unilateral que tienen los trabajadores a solicitarlo.
Esperamos que el Presidente de la República se asesore correctamente a la hora de promulgar esta ley, porque de ser sancionada estaríamos añadiendo más confusión en un tema sensible, que puede significar en estos momentos la posibilidad de que Panamá sea declarado ante el mundo, como un país donde no se respetan las normas internacionales en materia laboral, con las consecuencias que esto tendría sobre la ansiada atracción de inversionistas que nos ayuden a resolver el grave problema del desempleo.
