La limpieza de los polígonos
Organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos soberanos de Panamá sobre el Canal y su zona circundante, han planteado la posibilidad de demandar a Estados Unidos por no sanear completamente los polígonos de tiro que revertirán a la nación ístmica a fines de este año.
Fuentes del congreso norteamericano y del ejecutivo de ese país, se han sumado a las manifestaciones de incomodidad que los reclamos de funcionarios panameños vienen causando a muy altos niveles del gobierno estadounidense, particularmente del ejército, principal responsable por décadas de prácticas de tiro que han saturado de explosivos unas 3,700 hectáreas localizadas en Piñas, Emperador y Balboa Oeste.
Los argumentos de los norteamericanos son sencillos y bastante claros. Los trabajos de descontaminación han concluido hasta el límite que lo permiten la tecnología y el deber de preservar la cuenca canalera en las áreas afectadas. Una limpieza más profunda implicaría la destrucción de bosques que son parte de la vital fuente de agua dulce que hace posible el funcionamiento del Canal. Cada barco que transita la vía requiere de 52 millones de galones de agua, y al menos 14 mil buques cumplen la travesía cada año.
La posición panameña es igual de sencilla: quien contamina lo ajeno tiene la obligación natural de devolverlo saneado, no importa cuán oscuros sean los compromisos suscritos. A semejante argumento, los norteamericanos responden con irritación: Panamá ha recibido gratuitamente un canal y valiosos bienes, los cuales compensan con creces el hecho de que una ínfima parte revierta contaminada por razones de fuerza mayor.
Pero la polémica no termina allí. Panamá insiste en que Estados Unidos reconozca su compromiso moral de descontaminar las áreas algún día, según la tecnología lo permita; mientras que los últimos están firmes en evadir cualquier compromiso formal al respecto.
En medio de la discusión, es un hecho que el tema es un asunto espinoso que puede enrarecer las relaciones entre ambas naciones en un momento crucial en que se exige su replanteamiento armonioso.
El Canal será en breve manejado exclusivamente por Panamá, al mismo tiempo que se pone fin a la presencia militar estadounidense en su territorio. Los puntos de obligatorio contacto directo entre ambas naciones, desaparecerán en menos de seis meses, poniendo término a siglo y medio de muy estrechas relaciones.
Lo anterior hace imprescindible que el problema de la contaminación de los polígonos sea manejado con extraordinario tacto y paciencia, aunque sin renunciamiento, por los futuros gobiernos. La cooperación voluntaria y el consenso debe ser el ideal, en vez de la confrontación ante los tribunales que, como arma nuclear de último recurso, es más efectiva mientras no se use.
Fuentes del congreso norteamericano y del ejecutivo de ese país, se han sumado a las manifestaciones de incomodidad que los reclamos de funcionarios panameños vienen causando a muy altos niveles del gobierno estadounidense, particularmente del ejército, principal responsable por décadas de prácticas de tiro que han saturado de explosivos unas 3,700 hectáreas localizadas en Piñas, Emperador y Balboa Oeste.
Los argumentos de los norteamericanos son sencillos y bastante claros. Los trabajos de descontaminación han concluido hasta el límite que lo permiten la tecnología y el deber de preservar la cuenca canalera en las áreas afectadas. Una limpieza más profunda implicaría la destrucción de bosques que son parte de la vital fuente de agua dulce que hace posible el funcionamiento del Canal. Cada barco que transita la vía requiere de 52 millones de galones de agua, y al menos 14 mil buques cumplen la travesía cada año.
La posición panameña es igual de sencilla: quien contamina lo ajeno tiene la obligación natural de devolverlo saneado, no importa cuán oscuros sean los compromisos suscritos. A semejante argumento, los norteamericanos responden con irritación: Panamá ha recibido gratuitamente un canal y valiosos bienes, los cuales compensan con creces el hecho de que una ínfima parte revierta contaminada por razones de fuerza mayor.
Pero la polémica no termina allí. Panamá insiste en que Estados Unidos reconozca su compromiso moral de descontaminar las áreas algún día, según la tecnología lo permita; mientras que los últimos están firmes en evadir cualquier compromiso formal al respecto.
En medio de la discusión, es un hecho que el tema es un asunto espinoso que puede enrarecer las relaciones entre ambas naciones en un momento crucial en que se exige su replanteamiento armonioso.
El Canal será en breve manejado exclusivamente por Panamá, al mismo tiempo que se pone fin a la presencia militar estadounidense en su territorio. Los puntos de obligatorio contacto directo entre ambas naciones, desaparecerán en menos de seis meses, poniendo término a siglo y medio de muy estrechas relaciones.
Lo anterior hace imprescindible que el problema de la contaminación de los polígonos sea manejado con extraordinario tacto y paciencia, aunque sin renunciamiento, por los futuros gobiernos. La cooperación voluntaria y el consenso debe ser el ideal, en vez de la confrontación ante los tribunales que, como arma nuclear de último recurso, es más efectiva mientras no se use.
