La limpieza de los polígonos
El tema sigue sin resolver por la reiterada resistencia de los Estados Unidos a cumplir con la obligación jurídica y moral que tienen de limpiar las miles de hectáreas en las que existen, de manera comprobada, más de cien mil artefactos explosivos no detonados, como producto de los ejercicios de guerra realizados por las fuerzas armadas de ese país, durante su permanencia en el Istmo de Panamá.
¿Por qué, cabría preguntarse, una superpotencia como los Estados Unidos, que gasta cifras abismales ensayando todo tipo de armamentos y que, además, ya se ha comprometido a invertir cifras millonarias para limpiar áreas similares en Las Filipinas, por ejemplo, se niega a remover las municiones sin explotar y los desechos tóxicos dejados en Panamá por sus fuerzas militares?
La primera explicación que se me ocurre es que los diseñadores de la política exterior norteamericana, y muy especialmente los encargados de las relaciones con Panamá, parecieran no poder entender que el pasado 31 de diciembre de 1999 quedó cerrado el capítulo colonial que se inició en 1903.
La segunda es que, tal vez, por condición de superpotencia, consideran que no están en obligación de satisfacer nuestra demanda de que cumplan con su obligación de descontaminar todas las tierras que ocuparon en ejercicios militares, para que podamos aprovecharlas sin riesgo para vida y la salud de los habitantes de nuestro país.
Si los Estados Unidos sabían, desde mucho antes de que terminara la vigencia de los tratados del Canal, que debían haber limpiado todas las áreas en que dejaron artefactos de guerra sin explotar o desechos tóxicos nocivos para la salud, no cabe ahora que invoquen la conclusión de los Tratados del Canal, para evadir esa responsabilidad. Y tampoco cabe que pretendan zafarse de su comportamiento mediante compensaciones económicas irrisorias.
La solución justa del problema de la contaminación de las áreas devueltas a Panamá ha venido siendo escamoteada por tanto tiempo, que no hay razón para los aspavientos de algunos voceros estadounidenses. Las autoridades panameñas, con justa razón, llegaron a la conclusión de que no había de parte de los norteamericanos intención de cumplir con la limpieza de los denominados polígonos. En esas circunstancias, era justo y oportuno que no se desaprovechara la tribuna que ofrecía la Asamblea General de las Naciones Unidas para exponer el problema.
Entre las objeciones a la acción panameña, se alega que había en marcha conversaciones bilaterales para buscar una solución y que, por tanto, la presentación del problema ante el foro mundial fue precipitada. Esa crítica también carece de validez. Las naciones pequeñas sabemos, por experiencias vividas en el caso nuestro, que los procesos secretos o semisecretos siempre resultan desventajosos para la parte más débil.
Panamá nunca ha rechazado escuchar propuestas razonables de parte de los Estados Unidos, pero también tiene el derecho soberano, y especialmente por su situación de desventaja, a valerse de la solidaridad internacional para reforzar su justa demanda.
¿Cree alguien que si en su momento no se hubiera buscado el apoyo de la comunidad internacional a nuestra lucha por la recuperación de nuestro territorio y de nuestra soberanía hubiéramos logrado la abrogación del oprobioso tratado Hay-Bunau Varilla?
Siempre será difícil que las grandes potencias entiendan que el recurso de los débiles es la solidaridad internacional. Y siempre deberemos estar preparados para sus reacciones de desagrado cuando optamos por invocarla para fortalecer nuestros reclamos. Pero si no la utilizáramos nuestra lucha sería mucho más difícil. De ello, no cabe la menor duda.
¿Por qué, cabría preguntarse, una superpotencia como los Estados Unidos, que gasta cifras abismales ensayando todo tipo de armamentos y que, además, ya se ha comprometido a invertir cifras millonarias para limpiar áreas similares en Las Filipinas, por ejemplo, se niega a remover las municiones sin explotar y los desechos tóxicos dejados en Panamá por sus fuerzas militares?
La primera explicación que se me ocurre es que los diseñadores de la política exterior norteamericana, y muy especialmente los encargados de las relaciones con Panamá, parecieran no poder entender que el pasado 31 de diciembre de 1999 quedó cerrado el capítulo colonial que se inició en 1903.
La segunda es que, tal vez, por condición de superpotencia, consideran que no están en obligación de satisfacer nuestra demanda de que cumplan con su obligación de descontaminar todas las tierras que ocuparon en ejercicios militares, para que podamos aprovecharlas sin riesgo para vida y la salud de los habitantes de nuestro país.
Si los Estados Unidos sabían, desde mucho antes de que terminara la vigencia de los tratados del Canal, que debían haber limpiado todas las áreas en que dejaron artefactos de guerra sin explotar o desechos tóxicos nocivos para la salud, no cabe ahora que invoquen la conclusión de los Tratados del Canal, para evadir esa responsabilidad. Y tampoco cabe que pretendan zafarse de su comportamiento mediante compensaciones económicas irrisorias.
La solución justa del problema de la contaminación de las áreas devueltas a Panamá ha venido siendo escamoteada por tanto tiempo, que no hay razón para los aspavientos de algunos voceros estadounidenses. Las autoridades panameñas, con justa razón, llegaron a la conclusión de que no había de parte de los norteamericanos intención de cumplir con la limpieza de los denominados polígonos. En esas circunstancias, era justo y oportuno que no se desaprovechara la tribuna que ofrecía la Asamblea General de las Naciones Unidas para exponer el problema.
Entre las objeciones a la acción panameña, se alega que había en marcha conversaciones bilaterales para buscar una solución y que, por tanto, la presentación del problema ante el foro mundial fue precipitada. Esa crítica también carece de validez. Las naciones pequeñas sabemos, por experiencias vividas en el caso nuestro, que los procesos secretos o semisecretos siempre resultan desventajosos para la parte más débil.
Panamá nunca ha rechazado escuchar propuestas razonables de parte de los Estados Unidos, pero también tiene el derecho soberano, y especialmente por su situación de desventaja, a valerse de la solidaridad internacional para reforzar su justa demanda.
¿Cree alguien que si en su momento no se hubiera buscado el apoyo de la comunidad internacional a nuestra lucha por la recuperación de nuestro territorio y de nuestra soberanía hubiéramos logrado la abrogación del oprobioso tratado Hay-Bunau Varilla?
Siempre será difícil que las grandes potencias entiendan que el recurso de los débiles es la solidaridad internacional. Y siempre deberemos estar preparados para sus reacciones de desagrado cuando optamos por invocarla para fortalecer nuestros reclamos. Pero si no la utilizáramos nuestra lucha sería mucho más difícil. De ello, no cabe la menor duda.
