La lucha contra el narcotráfico
Recientemente tuvimos la oportunidad de leer en los periódicos locales el texto del acuerdo, concertado mediante un intercambio de notas entre el embajador de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores, para enmarcar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico. Me sorprendió su contenido y, además, que se indicara que ese era "el texto íntegro" del acuerdo.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, un comunicado de la Cancillería, en respuesta a varias críticas formuladas contra el acuerdo, menciona que, como resultado del mismo, nuestro país recibirá dos embarcaciones similares a las que utiliza el Servicio Marítimo Nacional, un número indeterminado de furgonetas (que serán muy pocas) y 200 pistolas, para que sean destinadas, exclusivamente, a combatir el narcotráfico. Asumo que esta lista debe ser un anexo al acuerdo.
Como se trata de un "préstamo gratuito", los Estados Unidos tendrán derecho a la inspección continua del equipo prestado y a recuperar esos bienes a su valor si fueran vendidos.
Cuando leo estas informaciones, siempre siento la misma mezcla de curiosidad y preocupación por entender la motivación y los parámetros bajo los cuales funcionan los responsables de estas decisiones en los Estados Unidos, que parecieran no entender la causa ni las consecuencias del problema de las drogas.
La producción de drogas y el narcotráfico no se han elevado a las proporciones alarmantes que tienen en la actualidad por decisión de los países subdesarrollados, donde se produce la materia prima, o por los que pasan los estupefacientes, sino porque los mercados consumidores, localizados en los países más desarrollados y ricos, cada día aumentan su demanda y también los precios que pagan.
Una simple regla del comercio, demostrada hasta la saciedad, enseña que el producto que no se compra no se vende. La demanda es la que determina la oferta; lo contrario carece de lógica. Sin embargo, tal pareciera que los diseñadores de las políticas para combatir el narcotráfico entienden las cosas al revés. Y como las entienden al revés, entonces resulta que los países productores de la materia prima o aquellos por los cuales transita la droga son los responsables del problema, en lugar de los consumidores.
Se olvida, además, muy convenientemente, que la materia prima sólo puede ser convertida al producto final que reciben los consumidores, mediante su tratamiento con los denominados "precursores" que son producidos en los países desarrollados.
Es natural y explicable que los países desarrollados, y principalmente los Estados Unidos, por ser los destinatarios más importantes, promuevan acciones encaminadas a evitar que las drogas lleguen a sus territorios. Pero es ilógico que, por un lado, demanden mayor cooperación de países subdesarrollados carentes de los recursos para detener el tráfico de las drogas y que, por el otro, sus aportes para que estos países asuman responsabilidades adicionales sean tan escuálidos y estén subordinados a tantas condiciones.
Si el acuerdo convenido mediante el canje de notas es el texto íntegro del mismo y, como informa el comunicado de la Cancillería, el aporte de los Estados Unidos son las dos lanchas, las furgonetas en número indeterminado (entiéndase unas cuantas) y las 200 pistolas, hay que concluir que el lado norteamericano, o hay una muy pobre comprensión de las dimensiones del problema o el acuerdo encubre la intención de forzar a Panamá a asumir compromisos superiores a nuestras capacidades reales y a niveles de cooperación razonable. Pero si del lado norteamericano hay criterios distorsionados, o intenciones solapadas, del nuestro parece que no hay la actitud para ubicar las cosas en la perspectiva que corresponde.
En primer lugar, es ridículo el monto del "préstamo gratuito" involucrado en el acuerdo; en segundo lugar, es absurdo que venga atado a tantas condiciones; y, en tercer lugar, el compromiso que asumimos como contrapartida es desproporcionado a nuestras capacidades y a los grados de responsabilidad que les corresponde asumir a los países consumidores.
La primera y mayor responsabilidad sobre el incremento del narcotráfico es de los países consumidores y, por tanto, a ellos, antes que a nadie, les interesa y les corresponde financiar los esfuerzos para combatirlo. Los países como el nuestro que, es oportuno recalcarlo, sufrimos las secuelas del aumento del consumo local y de la delincuencia asociadas al trasiego de las drogas, debemos coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, pero eso sólo podremos hacerlo si recibimos la asistencia oportuna, suficiente y libre de las condicionalidades que la hacen ineficaz.
Nuestro gobierno y todos los de la región que son presionados a suscribir estos "programas de cooperación", que llevan aparejadas las famosas "certificaciones", debieran replantear su contenido y operatividad, para que reflejen, adecuadamente que no somos la causa del problema sino víctimas de un proceso, cuyas fuentes primarias están en los grandes centros de consumo.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, un comunicado de la Cancillería, en respuesta a varias críticas formuladas contra el acuerdo, menciona que, como resultado del mismo, nuestro país recibirá dos embarcaciones similares a las que utiliza el Servicio Marítimo Nacional, un número indeterminado de furgonetas (que serán muy pocas) y 200 pistolas, para que sean destinadas, exclusivamente, a combatir el narcotráfico. Asumo que esta lista debe ser un anexo al acuerdo.
Como se trata de un "préstamo gratuito", los Estados Unidos tendrán derecho a la inspección continua del equipo prestado y a recuperar esos bienes a su valor si fueran vendidos.
Cuando leo estas informaciones, siempre siento la misma mezcla de curiosidad y preocupación por entender la motivación y los parámetros bajo los cuales funcionan los responsables de estas decisiones en los Estados Unidos, que parecieran no entender la causa ni las consecuencias del problema de las drogas.
La producción de drogas y el narcotráfico no se han elevado a las proporciones alarmantes que tienen en la actualidad por decisión de los países subdesarrollados, donde se produce la materia prima, o por los que pasan los estupefacientes, sino porque los mercados consumidores, localizados en los países más desarrollados y ricos, cada día aumentan su demanda y también los precios que pagan.
Una simple regla del comercio, demostrada hasta la saciedad, enseña que el producto que no se compra no se vende. La demanda es la que determina la oferta; lo contrario carece de lógica. Sin embargo, tal pareciera que los diseñadores de las políticas para combatir el narcotráfico entienden las cosas al revés. Y como las entienden al revés, entonces resulta que los países productores de la materia prima o aquellos por los cuales transita la droga son los responsables del problema, en lugar de los consumidores.
Se olvida, además, muy convenientemente, que la materia prima sólo puede ser convertida al producto final que reciben los consumidores, mediante su tratamiento con los denominados "precursores" que son producidos en los países desarrollados.
Es natural y explicable que los países desarrollados, y principalmente los Estados Unidos, por ser los destinatarios más importantes, promuevan acciones encaminadas a evitar que las drogas lleguen a sus territorios. Pero es ilógico que, por un lado, demanden mayor cooperación de países subdesarrollados carentes de los recursos para detener el tráfico de las drogas y que, por el otro, sus aportes para que estos países asuman responsabilidades adicionales sean tan escuálidos y estén subordinados a tantas condiciones.
Si el acuerdo convenido mediante el canje de notas es el texto íntegro del mismo y, como informa el comunicado de la Cancillería, el aporte de los Estados Unidos son las dos lanchas, las furgonetas en número indeterminado (entiéndase unas cuantas) y las 200 pistolas, hay que concluir que el lado norteamericano, o hay una muy pobre comprensión de las dimensiones del problema o el acuerdo encubre la intención de forzar a Panamá a asumir compromisos superiores a nuestras capacidades reales y a niveles de cooperación razonable. Pero si del lado norteamericano hay criterios distorsionados, o intenciones solapadas, del nuestro parece que no hay la actitud para ubicar las cosas en la perspectiva que corresponde.
En primer lugar, es ridículo el monto del "préstamo gratuito" involucrado en el acuerdo; en segundo lugar, es absurdo que venga atado a tantas condiciones; y, en tercer lugar, el compromiso que asumimos como contrapartida es desproporcionado a nuestras capacidades y a los grados de responsabilidad que les corresponde asumir a los países consumidores.
La primera y mayor responsabilidad sobre el incremento del narcotráfico es de los países consumidores y, por tanto, a ellos, antes que a nadie, les interesa y les corresponde financiar los esfuerzos para combatirlo. Los países como el nuestro que, es oportuno recalcarlo, sufrimos las secuelas del aumento del consumo local y de la delincuencia asociadas al trasiego de las drogas, debemos coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, pero eso sólo podremos hacerlo si recibimos la asistencia oportuna, suficiente y libre de las condicionalidades que la hacen ineficaz.
Nuestro gobierno y todos los de la región que son presionados a suscribir estos "programas de cooperación", que llevan aparejadas las famosas "certificaciones", debieran replantear su contenido y operatividad, para que reflejen, adecuadamente que no somos la causa del problema sino víctimas de un proceso, cuyas fuentes primarias están en los grandes centros de consumo.
