La marginación de los gobernados
Las diferencias que han surgido en el seno de la comisión encargada de proponer reformas a la actual Ley Electoral, han venido a reafirmar ciertos temores sobre la dirección que está tomando el desarrollo institucional del país.
Cierto es que nada más han pasado diez años desde el restablecimiento de las instituciones formales de la democracia, y el lapso es sumamente breve para esperar una verdadera consolidación de la idiosincrasia y, sobre todo, de la conciencia de destino compartido que forman la base no escrita de un gobierno de todos y para todos.
La concentración de poder en un pequeño grupo que, como suele ocurrir en los países de economías débiles y escasa cultura, se inclina a la acumulación de riquezas, en lo inmediato, más que a la planificación seria, olvidando que ser político exige un grado aceptable de preocupación social.
Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, frente a los políticos que acaban de salir del Gobierno y a los políticos que acaban de hacerse con el poder, los gobernados comienzan a manifestar un desencanto creciente que no puede desconocerse sin incurrir en el riesgo de que la gran mayoría de la población termine viendo el Gobierno como algo ajeno e intrascendente en sus vidas.
La ausencia de mujeres y hombres con ideales y con diferentes conceptos del acontecer político, la terrible falta de imaginación y voluntad creadora frente a las crisis se irá haciendo más marcada y más dañina mientras no se abran verdaderos caminos de participación a quienes no pertenecen a ningún partido, la organización del Estado entera quede exclusivamente en manos de políticos profesionales sin escrúpulos.
Entre las muchas cosas que hay en la actual Ley Electoral para propiciar gobiernos de pequeños cenáculos de intereses turbios e insaciables, cabe destacar por una parte el hecho de que no existe la libre postulación y por la otra, el hecho de que en el proceso de escrutar los votos no existen verdaderos mecanismos de verificación plural. En efecto, en las elecciones pasadas, los escrutadores nombrados por el Tribunal Electoral cantaban el voto a metro y medio o dos metros de distancia de los representantes de los partidos, y a esa distancia es físicamente imposible ver bien una señal escrita en un espacio de un centímetro cuadrado.
Los encargados de reformar la Ley Electoral tienen una enorme responsabilidad porque la temperatura actual del descontento, del desencanto y de la desesperanza pareciera, advertirnos que las decisiones que tomen decidirán si la frágil nave de la incipiente democracia panameña se dirige o no por aguas procelosas, directamente hacia los arrecifes.
Cierto es que nada más han pasado diez años desde el restablecimiento de las instituciones formales de la democracia, y el lapso es sumamente breve para esperar una verdadera consolidación de la idiosincrasia y, sobre todo, de la conciencia de destino compartido que forman la base no escrita de un gobierno de todos y para todos.
La concentración de poder en un pequeño grupo que, como suele ocurrir en los países de economías débiles y escasa cultura, se inclina a la acumulación de riquezas, en lo inmediato, más que a la planificación seria, olvidando que ser político exige un grado aceptable de preocupación social.
Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, frente a los políticos que acaban de salir del Gobierno y a los políticos que acaban de hacerse con el poder, los gobernados comienzan a manifestar un desencanto creciente que no puede desconocerse sin incurrir en el riesgo de que la gran mayoría de la población termine viendo el Gobierno como algo ajeno e intrascendente en sus vidas.
La ausencia de mujeres y hombres con ideales y con diferentes conceptos del acontecer político, la terrible falta de imaginación y voluntad creadora frente a las crisis se irá haciendo más marcada y más dañina mientras no se abran verdaderos caminos de participación a quienes no pertenecen a ningún partido, la organización del Estado entera quede exclusivamente en manos de políticos profesionales sin escrúpulos.
Entre las muchas cosas que hay en la actual Ley Electoral para propiciar gobiernos de pequeños cenáculos de intereses turbios e insaciables, cabe destacar por una parte el hecho de que no existe la libre postulación y por la otra, el hecho de que en el proceso de escrutar los votos no existen verdaderos mecanismos de verificación plural. En efecto, en las elecciones pasadas, los escrutadores nombrados por el Tribunal Electoral cantaban el voto a metro y medio o dos metros de distancia de los representantes de los partidos, y a esa distancia es físicamente imposible ver bien una señal escrita en un espacio de un centímetro cuadrado.
Los encargados de reformar la Ley Electoral tienen una enorme responsabilidad porque la temperatura actual del descontento, del desencanto y de la desesperanza pareciera, advertirnos que las decisiones que tomen decidirán si la frágil nave de la incipiente democracia panameña se dirige o no por aguas procelosas, directamente hacia los arrecifes.
