La marina mercante y la Autoridad Marítima

Que Panamá tenga registrada bajo su bandera la mayor flota mercante del mundo, no es obra de este gobierno, ni del anterior.

Este y sus precedentes no han hecho más que heredar un valioso patrimonio que da empleos de alto ingreso a no menos de 10 mil panameños y por cuyo concepto el país recibe miles de millones de dólares en divisas extranjeras que nutre al sector servicios, responsable del 70% del producto nacional bruto.

La rica herencia fue gestada por un grupo de geniales panameños, como Harmodio Arias y Galileo Solís, quienes desde la década de los 20 sentaron las bases para convertir a Panamá en centro universal de negocios "off shore" o libre de impuestos por ganancias extranjeras, que tuvo por columna vertebral el Canal, inaugurado en 1914.

La visión de aquellos prohombres fue extraordinaria y su éxito mucho mayor.

Su secreto fue visualizar la historia del Istmo y proyectarla hacia el futuro, sobre su posición geográfica como activo más preciado.

Al poco tiempo, nacieron la Zona Libre de Colón (la tercera mayor del planeta), el centro de sociedades anónimas (la tercera mayor del mundo), el centro bancario (de los principales del continente) y la marina mercante nacional (la primera del orbe).

Durante el gobierno de Pérez Balladares, surgió una iniciativa para incrementar los impuestos a las empresas de Zona Libre, lo cual se incluyó en la Ley de Universalización de los Incentivos.

Entonces, dimos la voz de alarma, que se hizo eco de las advertencias de los usuarios, en el sentido de que ello encarecería sus operaciones y fortalecería a otras zonas francas, en especial a la de Miami, que estaba cobrando mucha fuerza.

A los pocos meses, tras los primeros resultados, Pérez Balladares retiró el paquete y bajó aun más los impuestos, llevándolos a cero.

Esa fue una decisión sabia.

En esta ocasión nos preocupa la marina mercante.

A raíz de un nuevo código de seguridad internacional bajo las siglas ISPS que entrará a regir el 1 de julio del año próximo, la Autoridad Marítima (AMP) ha designado a una virtual desconocida, sin mayores credenciales, la Phoenix Management, como única autorizada para certificar los planes de seguridad de cada una de sus 6,500 naves.

La Asociación de Derecho Marítimo hizo pública su inconformidad, primero, por su alto costo de entre B/.

1,500 y B/.

3,000, que se suma a los B/.

250 que cobra la AMP al final del proceso y a otra adicional que cobrarían las clasificadoras para certificar el cumplimiento del plan de Phoenix.

Entre los tres rubros, los costos por nave podrían incrementarse a B/.

4,000, cuando Liberia, el más cercano competidor de Panamá, cobra por los tres servicios apenas B/.

750.

Con esas cifras, el riesgo de perder la competitividad y de que ocurra una masiva migración hacia otras jurisdicciones, no es irrazonable.

Los monopolios nos resultan odiosos.

No vemos razón alguna para que una sola empresa se lleve del país B/.

17 millones de las certificaciones de los planes de seguridad, cuando la propia AMP, al igual que hace Liberia, puede dar el mismo servicio y hacer que ese dinero entre a las arcas nacionales a contribuir con las necesidades del país.

El monopolio, además, invita a la ineficiencia, al alto costo, al fraude y a la corrupción.

Y al final, lo que está en juego es la suerte de la primera flota del mundo.