La memoria y el encono
A finales del pasado marzo y nuevamente durante el mes de octubre, se planteó en la prensa una cuestión que tiene la suficiente relevancia como para volver sobre ella. Se trataba de contraponer, en el caso de concretas conductas restrictivas y abusivas de algunas instituciones de educación particular, lo que se ha hecho por muchos años con lo que se dice en el presente. En países como el nuestro, que han tenido en tiempos recientes una complicada trayectoria en el tema de la educación, esa operación puede acabar en confrontación estéril o en ejercicio moral positivo. Parece bueno intentar lo segundo quitando a la polémica cualquier acidez perjudicial.
Este género de conductas restrictivas a la competencia y abusivas sobre los derechos del consumidor, que en aquel momento fue divulgado por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), a raíz de quejas presentadas por los mismos padres de familia afectados, no es nuevo. Como casi siempre, en éste género de contienda el que sale más perjudicado es el pobre consumidor. Lo que tuvo lugar a inicio del año escolar lo hemos seguido reiterando desde hace algún tiempo con un tono más enérgico, pero siempre con el propósito de propiciar la eliminación de tales conductas. Pero, para llevar a cabo un debate sobre el tema en mención que verdaderamente merezca la pena y que tenga algún efecto social terapéutico, se necesita bastante más que lo mencionado en la línea anterior. Citaré tres actitudes complementarias que me parecen imprescindibles: saber más y mejor, ver la cuestión con la proporción debida y olvidar el encono.
Lo más elemental y obvio es siempre conocer más para comprender mejor esa parcela de nuestra historia reciente. En un pasado donde el consumidor era considerado un ciudadano de quinta categoría y en la que los padres de familia no tenían derecho a organizarse ni a firmar un contrato que desglose los planes de estudio, fechas de pago o útiles requeridos, resulta imprescindible, entre otros motivos, tener una historia compartida y unos puntos de referencia comunes. El conocimiento matizado y a fondo sobre los abusos contra la libertad de elección, la restricción a la información y al suministro alterno de textos y uniformes, por más que pueda parecer espinoso, es posible, porque de ello existe prueba en expedientes que reposan en la CLICAC. Quizá, lo que guste menos a los directores de los colegios particulares no sea la verticalidad de nuestra postura como Comisionado de la CLICAC, sino la real sustancia del pensamiento que antecede nuestras actuaciones. De cualquier modo, es preciso saber más y mejor.
Y, por supuesto, no sólo en el terreno de la intelectualidad; no entendemos la carencia de interés práctico de las recientes administraciones de educación acerca de esta cuestión decisiva. Nadie parece darse cuenta de que la historia inmediata de lo sucedido entre los colegios particulares y la CLICAC podría contribuir a la creación de un imaginario común, de un sentido de bienestar colectivo, en un país donde es necesario enarbolar la bandera de la popularización de la educación particular. Lo importante es aprender del pasado para que el futuro sea mejor para todos. De lo contrario, el saber más y mejor puede convertirse en una huella que las próximas generaciones no aprovecharán para definir su destino.
Hace falta también sentido de la proporción. No es suficiente una abigarrada mezcla de cantidades y cualidades heterogéneas. Eso puede estar bien para empezar un debate, pero no para proseguirlo con el deseo de llegar a buen puerto. No parece que haya identidad en las querellas contra la CLICAC, ni tampoco en el contenido de aquella supuesta acta de acusación que se le envió a la Señora Presidenta. En caso de que mereciera tal atención, en lo que respecta al comunicado inconsulto del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), no sólo elude la cuestión de un conocimiento a fondo, sino que incluso, establece una prioridad inapropiada acerca de la memoria colectiva. Un país en el que la mayoría de los archivos que contienen las infamias cometidas están todavía en la mente de los padres de familia, que durante años se han mantenido en el anonimato por temor a represalias contra sus acudidos, resulta sencillamente insostenible pensar que lo más urgente para liquidar cuentas con el pasado es arrojar la mancha ignominiosa de un estanco al occipucio de un funcionario que está cumpliendo con sus obligaciones.
Y, en fin, está también la cuestión del encono, del esquinamiento con el que se puede - y no se debe - mirar el pasado. No es verdad que los panameños durante muchos años hicimos un ejercicio de amnesia; nos hicimos una mutua amnistía. Con el tiempo esta última debiera haber quedado ratificada como permanente actitud de fondo, lo que quiere decir, por descontado, bobo hermanismo. La actitud esquinada, porque parece exigente y severa, aparte de que convierte a quien la practica en una especie de juez suplente en el valle de Josafat, siempre constituye una tentación. Sucede, sin embargo, que si se parte de esa posición, el resultado es incidir en la trivialidad. El ajuste de cuentas vitriólico con el pasado debe reservarse para casos excepcionales y momentos infrecuentes. Con esa actitud se puede llegar a entender la complejidad del pasado y se puede apreciar el esfuerzo por restituirlo como un deseo de rehabilitación. Lo que pasa es que por motivos de la miopía histórica de aquellos que aún no logran comprender la Ley 29 de 1996, se pretende achacar a cada funcionario público la responsabilidad sobre consecuencias de sus actos en cumplimiento de sus obligaciones, y se ignora la honestidad, honorabilidad y transparencia del hombre, y se olvida las circunstancias trágicas del momento, desafortunadamente, no muy remoto.
Quizá se inició el debate en el pasado con golpes de encono cuando hay otra receta para hacerlo. Hace un tiempo leí respecto de una figura egregia de la intelectualidad panameña que, fuera cual fuera en el pasado su actitud política, sin duda Panamá había sido mejor en su conjunto gracias a él. Me refiero con devoción especial al Dr. Harmodio Arias Madrid, quien decía que "para alcanzar el bienestar de un país es indispensable conseguir una fuerza moral que le sirva de estímulo para el bien y de coraza invulnerable contra el mal", lo cual aplica acertadamente a esta situación. En lo particular, no es iluso intentar un debate sobre el pasado, individual o colectivo; lo que importa es dar en la diana al hacerlo. Conviene, por razones de moral colectiva, que se lleve a cabo, pero con mayor voluntad de comprensión que de ajuste de cuentas.
Este género de conductas restrictivas a la competencia y abusivas sobre los derechos del consumidor, que en aquel momento fue divulgado por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), a raíz de quejas presentadas por los mismos padres de familia afectados, no es nuevo. Como casi siempre, en éste género de contienda el que sale más perjudicado es el pobre consumidor. Lo que tuvo lugar a inicio del año escolar lo hemos seguido reiterando desde hace algún tiempo con un tono más enérgico, pero siempre con el propósito de propiciar la eliminación de tales conductas. Pero, para llevar a cabo un debate sobre el tema en mención que verdaderamente merezca la pena y que tenga algún efecto social terapéutico, se necesita bastante más que lo mencionado en la línea anterior. Citaré tres actitudes complementarias que me parecen imprescindibles: saber más y mejor, ver la cuestión con la proporción debida y olvidar el encono.
Lo más elemental y obvio es siempre conocer más para comprender mejor esa parcela de nuestra historia reciente. En un pasado donde el consumidor era considerado un ciudadano de quinta categoría y en la que los padres de familia no tenían derecho a organizarse ni a firmar un contrato que desglose los planes de estudio, fechas de pago o útiles requeridos, resulta imprescindible, entre otros motivos, tener una historia compartida y unos puntos de referencia comunes. El conocimiento matizado y a fondo sobre los abusos contra la libertad de elección, la restricción a la información y al suministro alterno de textos y uniformes, por más que pueda parecer espinoso, es posible, porque de ello existe prueba en expedientes que reposan en la CLICAC. Quizá, lo que guste menos a los directores de los colegios particulares no sea la verticalidad de nuestra postura como Comisionado de la CLICAC, sino la real sustancia del pensamiento que antecede nuestras actuaciones. De cualquier modo, es preciso saber más y mejor.
Y, por supuesto, no sólo en el terreno de la intelectualidad; no entendemos la carencia de interés práctico de las recientes administraciones de educación acerca de esta cuestión decisiva. Nadie parece darse cuenta de que la historia inmediata de lo sucedido entre los colegios particulares y la CLICAC podría contribuir a la creación de un imaginario común, de un sentido de bienestar colectivo, en un país donde es necesario enarbolar la bandera de la popularización de la educación particular. Lo importante es aprender del pasado para que el futuro sea mejor para todos. De lo contrario, el saber más y mejor puede convertirse en una huella que las próximas generaciones no aprovecharán para definir su destino.
Hace falta también sentido de la proporción. No es suficiente una abigarrada mezcla de cantidades y cualidades heterogéneas. Eso puede estar bien para empezar un debate, pero no para proseguirlo con el deseo de llegar a buen puerto. No parece que haya identidad en las querellas contra la CLICAC, ni tampoco en el contenido de aquella supuesta acta de acusación que se le envió a la Señora Presidenta. En caso de que mereciera tal atención, en lo que respecta al comunicado inconsulto del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), no sólo elude la cuestión de un conocimiento a fondo, sino que incluso, establece una prioridad inapropiada acerca de la memoria colectiva. Un país en el que la mayoría de los archivos que contienen las infamias cometidas están todavía en la mente de los padres de familia, que durante años se han mantenido en el anonimato por temor a represalias contra sus acudidos, resulta sencillamente insostenible pensar que lo más urgente para liquidar cuentas con el pasado es arrojar la mancha ignominiosa de un estanco al occipucio de un funcionario que está cumpliendo con sus obligaciones.
Y, en fin, está también la cuestión del encono, del esquinamiento con el que se puede - y no se debe - mirar el pasado. No es verdad que los panameños durante muchos años hicimos un ejercicio de amnesia; nos hicimos una mutua amnistía. Con el tiempo esta última debiera haber quedado ratificada como permanente actitud de fondo, lo que quiere decir, por descontado, bobo hermanismo. La actitud esquinada, porque parece exigente y severa, aparte de que convierte a quien la practica en una especie de juez suplente en el valle de Josafat, siempre constituye una tentación. Sucede, sin embargo, que si se parte de esa posición, el resultado es incidir en la trivialidad. El ajuste de cuentas vitriólico con el pasado debe reservarse para casos excepcionales y momentos infrecuentes. Con esa actitud se puede llegar a entender la complejidad del pasado y se puede apreciar el esfuerzo por restituirlo como un deseo de rehabilitación. Lo que pasa es que por motivos de la miopía histórica de aquellos que aún no logran comprender la Ley 29 de 1996, se pretende achacar a cada funcionario público la responsabilidad sobre consecuencias de sus actos en cumplimiento de sus obligaciones, y se ignora la honestidad, honorabilidad y transparencia del hombre, y se olvida las circunstancias trágicas del momento, desafortunadamente, no muy remoto.
Quizá se inició el debate en el pasado con golpes de encono cuando hay otra receta para hacerlo. Hace un tiempo leí respecto de una figura egregia de la intelectualidad panameña que, fuera cual fuera en el pasado su actitud política, sin duda Panamá había sido mejor en su conjunto gracias a él. Me refiero con devoción especial al Dr. Harmodio Arias Madrid, quien decía que "para alcanzar el bienestar de un país es indispensable conseguir una fuerza moral que le sirva de estímulo para el bien y de coraza invulnerable contra el mal", lo cual aplica acertadamente a esta situación. En lo particular, no es iluso intentar un debate sobre el pasado, individual o colectivo; lo que importa es dar en la diana al hacerlo. Conviene, por razones de moral colectiva, que se lleve a cabo, pero con mayor voluntad de comprensión que de ajuste de cuentas.
