La Miel, el Canal y la Constitución
Algunos panameños han tomado muy a la ligera el asunto relacionado con la seguridad en nuestra frontera con Colombia y, a pesar de las vistas que muestran al poblado de La Miel abandonado por sus moradores y tomado por guerrilleros de otro país portando armas de guerra, no se ha notado una reacción de las autoridades ni de grupos de la sociedad civil, que guarde relación con la magnitud del problema.
Representantes del gobierno tratan de minimizar el peligro señalando que no hay violencia en el área, como si la huida de los moradores de los poblados fronterizos y el abandono de sus bienes, no fuera resultado de una violencia que no se manifiesta con muertos y heridos, solamente porque una de las partes, precisamente la que tiene los derechos, se rinde ante la presión de fuerzas armadas extranjeras.
Por su parte, algunos dirigentes de la Iglesia condonan la acción guerrillera, señalando que los guerrilleros se portan bien, simplemente porque encuentran una población ausente o dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por un rifle automático, una canana de balas y algunas granadas que llevan junto a su pecho para demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar en caso de hallar alguna resistencia.
El problema tiene ya buen tiempo de estar siendo denunciado por residentes de la zona fronteriza que, repetidamente, explican a través de los medios de comunicación las condiciones de inseguridad en que viven, como resultado de las incursiones de grupos fuertemente armados compuestos por guerrilleros o por paramilitares colombianos. Lentamente se ha ido desarrollando un éxodo de familias panameñas que se sienten impotentes para defender sus vidas y propiedades, porque las fuerzas del orden del país a que pertenecen son incapaces de brindarles el apoyo que necesitan para vivir y trabajar en paz.
La situación tiene que ser atendida con urgencia y en su correcta dimensión. Panamá debe demostrar al mundo que el Canal que pasará a formar parte de su patrimonio, en pocos meses, es un lugar seguro para todos, y que su administrador no corre el riesgo de ser secuestrado o sus instalaciones afectadas por carecer de la seguridad que permita protegerlos mejor que lo ocurrido con los panameños moradores de algunos pueblos a pocos kilómetros de distancia.
Ya es hora de enfrentar el tema de la guerrilla con responsabilidad y decisión, porque de otra manera se tornará inmanejable como ha ocurrido en la hermana tierra colombiana. Está en juego el deber ineludible del Estado de proteger la vida, honra y bienes nacionales, consagrado de manera específica en la Constitución de la República.
Representantes del gobierno tratan de minimizar el peligro señalando que no hay violencia en el área, como si la huida de los moradores de los poblados fronterizos y el abandono de sus bienes, no fuera resultado de una violencia que no se manifiesta con muertos y heridos, solamente porque una de las partes, precisamente la que tiene los derechos, se rinde ante la presión de fuerzas armadas extranjeras.
Por su parte, algunos dirigentes de la Iglesia condonan la acción guerrillera, señalando que los guerrilleros se portan bien, simplemente porque encuentran una población ausente o dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por un rifle automático, una canana de balas y algunas granadas que llevan junto a su pecho para demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar en caso de hallar alguna resistencia.
El problema tiene ya buen tiempo de estar siendo denunciado por residentes de la zona fronteriza que, repetidamente, explican a través de los medios de comunicación las condiciones de inseguridad en que viven, como resultado de las incursiones de grupos fuertemente armados compuestos por guerrilleros o por paramilitares colombianos. Lentamente se ha ido desarrollando un éxodo de familias panameñas que se sienten impotentes para defender sus vidas y propiedades, porque las fuerzas del orden del país a que pertenecen son incapaces de brindarles el apoyo que necesitan para vivir y trabajar en paz.
La situación tiene que ser atendida con urgencia y en su correcta dimensión. Panamá debe demostrar al mundo que el Canal que pasará a formar parte de su patrimonio, en pocos meses, es un lugar seguro para todos, y que su administrador no corre el riesgo de ser secuestrado o sus instalaciones afectadas por carecer de la seguridad que permita protegerlos mejor que lo ocurrido con los panameños moradores de algunos pueblos a pocos kilómetros de distancia.
Ya es hora de enfrentar el tema de la guerrilla con responsabilidad y decisión, porque de otra manera se tornará inmanejable como ha ocurrido en la hermana tierra colombiana. Está en juego el deber ineludible del Estado de proteger la vida, honra y bienes nacionales, consagrado de manera específica en la Constitución de la República.
