La modernización en las instituciones laborales
La globalización, las nuevas tecnologías, la integración de las economías, la liberación de los mercados, la creciente democratización política y la privatización de las empresas públicas trae como consecuencia la modernización en las instituciones laborales a nivel mundial.
Esto implica una redefinición del papel que van a jugar los ministerios de trabajo, en cuanto a sus medios de intervención, abandonando ciertas funciones ambiguas para asumir un nuevo rol en este siglo XXI, donde los Estados tendrán que desarrollar nuevas capacidades analíticas para cumplir sus funciones en tales áreas como la formación profesional adecuada a la nueva estructura del mercado de trabajo, así como la adopción de reformas en la legislación laboral de conformidad con las características de las categorías ocupaciones emergentes.
La incorporación de los cambios mencionados es un desafío al que la Administración del Trabajo de todos los ministerios deben responder. Muchos de estos aspectos ya están realizándose en las instituciones estatales directamente en las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, y aún más entre las partes mediante las negociaciones colectivas; la creciente participación del sector privado en los sistemas de pensiones y en los programas de formación profesional; la mayor responsabilidad social de las empresas para generar empleo suficiente y de buena calidad; y a la vez la reorientación de la inspección laboral hacia una función más pedagógica.
Los cambios laborales requieren por ejemplo, la modificación y la actualización de la legislación laboral en algunos países porque es ambigua. Asimismo en el proceso de las negociaciones se debe utilizar otro patrón que no sea el mismo con el fin de atenuar la mediación en los conflictos y crear las condiciones para que estas negociaciones sean equilibradas. A la vez, que haya mayor participación del sector privado en los diferentes ámbitos de la política laboral esto hace necesario que se reformen los asuntos legales, la supervisión y el control, así como incentivos adecuados.
La responsabilidad social que tienen las empresas de generar empleo facilita la introducción de nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, así como la fiscalización para que el empleo no se expanda a costa de una mayor precarización de los puestos de trabajo. Esta función de fiscalización lleva a que los funcionarios de inspección a capacitarse para que conozcan todos los cambios políticos del desarrollo laboral.
Estos cambios requeridos en la ley, en forma de intervención, en la práctica y en la gestión, convierten al desafío de modernizar los ministerios de trabajo en una tarea de considerable envergadura la que, en esta coyuntura, va más allá de las reorganizaciones recurrentemente emprendidas en muchos países.
Las modernizaciones de estos ministerios laborales hacen que el mismo sistema cambie; ya la negociación colectiva como mecanismo para la autoregulación de las relaciones y de las condiciones de trabajo pueda promocionarse del diálogo social más responsable de los actores sociales. Buscando siempre que estos cambios sean positivos tanto para el personal que labora en estos ministerios, para los trabajadores que van a buscar solución de sus problemas y para los empresarios que encuentren un ambiente de tranquilidad, y de paz laboral entre ambos grupos.
Finalmente las Oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, a través del Programa Regional de Modernización del Mercado Laboral (BID/USAID/SIECA) viene trabajando en este proyecto de modernización en los Ministerios de Trabajo en Centroamérica, Panamá, Belice, República Dominicana y otros países latinoamericanos con el fin de ir creando conciencia a la población sobre los cambios de estas instituciones laborales a través de capacitación para todos los actores sociales y el personal que labore en la misma.
Esto implica una redefinición del papel que van a jugar los ministerios de trabajo, en cuanto a sus medios de intervención, abandonando ciertas funciones ambiguas para asumir un nuevo rol en este siglo XXI, donde los Estados tendrán que desarrollar nuevas capacidades analíticas para cumplir sus funciones en tales áreas como la formación profesional adecuada a la nueva estructura del mercado de trabajo, así como la adopción de reformas en la legislación laboral de conformidad con las características de las categorías ocupaciones emergentes.
La incorporación de los cambios mencionados es un desafío al que la Administración del Trabajo de todos los ministerios deben responder. Muchos de estos aspectos ya están realizándose en las instituciones estatales directamente en las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, y aún más entre las partes mediante las negociaciones colectivas; la creciente participación del sector privado en los sistemas de pensiones y en los programas de formación profesional; la mayor responsabilidad social de las empresas para generar empleo suficiente y de buena calidad; y a la vez la reorientación de la inspección laboral hacia una función más pedagógica.
Los cambios laborales requieren por ejemplo, la modificación y la actualización de la legislación laboral en algunos países porque es ambigua. Asimismo en el proceso de las negociaciones se debe utilizar otro patrón que no sea el mismo con el fin de atenuar la mediación en los conflictos y crear las condiciones para que estas negociaciones sean equilibradas. A la vez, que haya mayor participación del sector privado en los diferentes ámbitos de la política laboral esto hace necesario que se reformen los asuntos legales, la supervisión y el control, así como incentivos adecuados.
La responsabilidad social que tienen las empresas de generar empleo facilita la introducción de nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, así como la fiscalización para que el empleo no se expanda a costa de una mayor precarización de los puestos de trabajo. Esta función de fiscalización lleva a que los funcionarios de inspección a capacitarse para que conozcan todos los cambios políticos del desarrollo laboral.
Estos cambios requeridos en la ley, en forma de intervención, en la práctica y en la gestión, convierten al desafío de modernizar los ministerios de trabajo en una tarea de considerable envergadura la que, en esta coyuntura, va más allá de las reorganizaciones recurrentemente emprendidas en muchos países.
Las modernizaciones de estos ministerios laborales hacen que el mismo sistema cambie; ya la negociación colectiva como mecanismo para la autoregulación de las relaciones y de las condiciones de trabajo pueda promocionarse del diálogo social más responsable de los actores sociales. Buscando siempre que estos cambios sean positivos tanto para el personal que labora en estos ministerios, para los trabajadores que van a buscar solución de sus problemas y para los empresarios que encuentren un ambiente de tranquilidad, y de paz laboral entre ambos grupos.
Finalmente las Oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, a través del Programa Regional de Modernización del Mercado Laboral (BID/USAID/SIECA) viene trabajando en este proyecto de modernización en los Ministerios de Trabajo en Centroamérica, Panamá, Belice, República Dominicana y otros países latinoamericanos con el fin de ir creando conciencia a la población sobre los cambios de estas instituciones laborales a través de capacitación para todos los actores sociales y el personal que labore en la misma.
