La modernización y depuración judicial
El actual presidente de la Corte Suprema, Adán Arjona, ha dedicado su administración a la difícil tarea de reformar la Administración de Justicia. En términos generales, los mandatos previos que siguieron a la restitución de la democracia tras la invasión norteamericana, fue de un primer período de reconstrucción que emprendieron los magistrados Carlos Lucas López y Arturo Hoyos y otro muy breve de mejoramiento material (espacio, equipos, salarios) bajo la magistrada Mirza Franceschi de Aguilera. En su conjunto, todos contribuyeron a echar los cimientos de una reforma más ambiciosa que es la emprendida hoy por Arjona.
¿Hasta dónde ha de llegar? En dos años, no más profundo que la superficie. Su visión de la reforma, a nuestro juicio, comprende dos etapas. Una primera, que persigue la modernización de procedimientos y sistemas (programas, normativas ISO y otras), incluyendo la capacitación del personal. Y otra segunda, que aspira a su depuración, lo que incluye la extirpación de prácticas y elementos de corrupción, presentes en todo sistema.
Los gobiernos de España y Estados Unidos han colaborado en ese esfuerzo. Pero seguramente ninguno sabe que la reforma no estará completa si no se completan ambas etapas, la de modernización de procedimientos y sistemas y la depuración de la administración de justicia propiamente tal. Y mucho menos saben que la última será una tarea más difícil que la primera y que ella compromete la efectividad de toda la reforma.
La carrera judicial es un instrumento deseable, pero no siempre. Si se implanta antes de una depuración, se erige en una barrera de inmunidad que el sistema - tomando vida propia - defiende en favor del status quo, frustrando toda depuración. La experiencia expuesta por el actual presidente de la Corte dominicana es ilustrativa. Tras el advenimiento democrático, ellos tuvieron la oportunidad de depurar primero y dar estabilidad (carrera judicial), después.
En Argentina no lo hicieron y el Organo Judicial quedó al arbitrio de los presidentes de turno. El resultado fue que Carlos Menem creó un aparato de jueces y magistrados a su servicio, imagen y semejanza, que ahora está demoliendo el presidente Néstor Kirchner forzando a la renuncia del titular de la Corte como igual hizo con toda la cúpula militar. En Perú pasó igual, viéndose precisado un recién elegido Alberto Fujimori a disolver en pleno todo el Organo Judicial, con el resultado que conocemos. En Colombia, un aparato judicial infiltrado por el narcotráfico, obligó al presidente Gaviria a jugarse la carta de una constituyente con la que depuró el sistema.
La justicia panameña que también viene del mismo proceso, dictadura militar - democracia, no es ajena ni puede sustraerse a ese destino. Y por eso, tiene una oportunidad de oro, que no debe desperdiciar, de reformarse a sí misma desde adentro, y no aguardar a que le sea impuesta desde afuera por un nuevo presidente cualquiera. De allí que estimemos que el primer paso en ese sentido sea el institucionalizar la reforma en sus dos etapas, modernización y depuración, independientemente de quién presida la Corte. ¿Tendrá la madurez para hacerlo?
Lic. Ernesto Núñez
Sinclair Padilla y Asociados
¿Hasta dónde ha de llegar? En dos años, no más profundo que la superficie. Su visión de la reforma, a nuestro juicio, comprende dos etapas. Una primera, que persigue la modernización de procedimientos y sistemas (programas, normativas ISO y otras), incluyendo la capacitación del personal. Y otra segunda, que aspira a su depuración, lo que incluye la extirpación de prácticas y elementos de corrupción, presentes en todo sistema.
Los gobiernos de España y Estados Unidos han colaborado en ese esfuerzo. Pero seguramente ninguno sabe que la reforma no estará completa si no se completan ambas etapas, la de modernización de procedimientos y sistemas y la depuración de la administración de justicia propiamente tal. Y mucho menos saben que la última será una tarea más difícil que la primera y que ella compromete la efectividad de toda la reforma.
La carrera judicial es un instrumento deseable, pero no siempre. Si se implanta antes de una depuración, se erige en una barrera de inmunidad que el sistema - tomando vida propia - defiende en favor del status quo, frustrando toda depuración. La experiencia expuesta por el actual presidente de la Corte dominicana es ilustrativa. Tras el advenimiento democrático, ellos tuvieron la oportunidad de depurar primero y dar estabilidad (carrera judicial), después.
En Argentina no lo hicieron y el Organo Judicial quedó al arbitrio de los presidentes de turno. El resultado fue que Carlos Menem creó un aparato de jueces y magistrados a su servicio, imagen y semejanza, que ahora está demoliendo el presidente Néstor Kirchner forzando a la renuncia del titular de la Corte como igual hizo con toda la cúpula militar. En Perú pasó igual, viéndose precisado un recién elegido Alberto Fujimori a disolver en pleno todo el Organo Judicial, con el resultado que conocemos. En Colombia, un aparato judicial infiltrado por el narcotráfico, obligó al presidente Gaviria a jugarse la carta de una constituyente con la que depuró el sistema.
La justicia panameña que también viene del mismo proceso, dictadura militar - democracia, no es ajena ni puede sustraerse a ese destino. Y por eso, tiene una oportunidad de oro, que no debe desperdiciar, de reformarse a sí misma desde adentro, y no aguardar a que le sea impuesta desde afuera por un nuevo presidente cualquiera. De allí que estimemos que el primer paso en ese sentido sea el institucionalizar la reforma en sus dos etapas, modernización y depuración, independientemente de quién presida la Corte. ¿Tendrá la madurez para hacerlo?
Lic. Ernesto Núñez
Sinclair Padilla y Asociados
