La muerte del teléfono público
Es increíble, pero en pleno siglo XXI, aún hay muchísima gente que no tiene acceso a las telecomunicaciones básicas. Hay personas en Panamá que nunca han visto un teléfono, ni siquiera uno público. Y esto a pesar de los grandes esfuerzos hechos en este sentido por la empresa que adquirió los activos de la antigua INTEL, que ha invertido fuertes sumas de dinero no sólo en mantener, sino en amploar la red de teléfonos públicos en áreas de difícil acceso del país.
Lamentablemente, los costos de mantenimiento y operación de la red de teléfonos públicos en el país son muy altos, de tal manera que la actividad no es rentable para la empresa que lo realiza. Sin embargo, lo ha seguido haciendo porque para la nación es muy importante que la mayor cantidad posible de personas se mantenga comunicada. Es una cuestión de interés social.
Pero la reciente apertura del mercado de telecomunicaciones ha traído una circunstancia que requiere de atención urgente. Se trata del hecho de que ahora hay varias empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, específicamente los servicios de llamadas de larga distancia nacional e internacional. Pero estas nuevas empresas no están obligadas, a diferencia de la empresa Cable & Wireless, a prestar el servicio de telefonía pública en el país.
La apertura ha sido muy buena para reducir las tarifas de llamadas de larga distancia nacional e internacional para el consumidor, pero ahora está el problema de que una de las empresas tiene que cargar con un subsidio a los teléfonos públicos de todo el país, lo cual asciende aproximadamente a 40 millones de balboas anuales, en tanto que las otras compañías no tienen, hasta ahora, la obligación de contribuir con esta carga.
A pesar de que llevamos ocho meses de apertura del mercado de telecomunicaciones, todavía no se ha tomado ninguna medida sobre este problema, lo cual es muy preocupante, dado que se piensa que la empresa que actualmente está corriendo sola con esta carga no podrá continuar haciéndolo por mucho tiempo más. Se trata simplemente de que no puede competir en igualdad de condiciones, porque está obligada a asumir ella sola un costo enorme que las otras empresas no están obligadas a compartir.
Este problema ha sido confrontado en todos los países en que se han privatizado las telecomunicaciones, y la solución ha sido la creación de fondos de acceso universal. Es un fondo en cada país, administrado por una entidad estatal autónoma, y los dineros provienen de los aportes que hace cada una de las empresas de telecomunicaciones, en proporción a sus ventas al público. Se trata de aportes mínimos, de entre 1% y 2% del total de la facturación, por lo cual no afecta sensiblemente las tarifas por servicios de telefonía.
Lo importante es que todas las empresas contribuyen proporcionalmente con la carga, y no es una sola de ellas la obligada a correr con todos los costos. Se trata de una medida equitativa y justa, que debe aplicarse también en Panamá.
Por la apertura del mercado de telecomunicaciones, en diciembre de este año terminará la obligación de la empresa Cable & Wireless de asumir ella sola este costo. Se requiere que el gobierno apruebe una ley de acceso universal a las telecomunicaciones, que obligue a todas las empresas que operan servicios básicos de telecomunicaciones en Panamá, a que contribuyan proporcionalmente a sus ventas, con el costo de mantener, operar y continuar extendiendo la red de teléfonos públicos en la república.
El gobierno lo sabe, y el anteproyecto existe. Sólo falta que el Ejecutivo lo presente a la Asamblea, que ésta lo discuta y lo apruebe. Pero el tiempo apremia. Poner esto en práctica puede también tomar algún tiempo, y tiempo es precisamente lo que no sobra en este caso. Se necesita que tanto el Ejecutivo como la Asamblea den a este tema la prioridad que se merece, para evitar que nos quedemos dentro de unos meses sin teléfonos públicos, y retrocedamos a los tiempos del siglo XIX.
Ya estamos finalizando agosto. La Asamblea reinicia sus funciones dentro de pocos días. Es necesario que el público exija al Ejecutivo y a los legisladores, que dejen a un lado las diferencias de partido para afrontar este problema.
La campaña política se avecina también, y existe el temor de que el clima electoral opaque las necesidades cotidianas de la población. Es preciso que esto no ocurra con los teléfonos públicos, porque ya no hay más tiempo para esperar.
Confiamos en que las autoridades tomen conciencia sobre este asunto. Después de todo, seguramente ellos también tienen familiares en el interior del país, y muchos de ellos podrían después no poder comunicarse con sus parientes en el interior, sencillamente porque desaparezcan los teléfonos públicos. Hagámoslo por Panamá.
Lamentablemente, los costos de mantenimiento y operación de la red de teléfonos públicos en el país son muy altos, de tal manera que la actividad no es rentable para la empresa que lo realiza. Sin embargo, lo ha seguido haciendo porque para la nación es muy importante que la mayor cantidad posible de personas se mantenga comunicada. Es una cuestión de interés social.
Pero la reciente apertura del mercado de telecomunicaciones ha traído una circunstancia que requiere de atención urgente. Se trata del hecho de que ahora hay varias empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, específicamente los servicios de llamadas de larga distancia nacional e internacional. Pero estas nuevas empresas no están obligadas, a diferencia de la empresa Cable & Wireless, a prestar el servicio de telefonía pública en el país.
La apertura ha sido muy buena para reducir las tarifas de llamadas de larga distancia nacional e internacional para el consumidor, pero ahora está el problema de que una de las empresas tiene que cargar con un subsidio a los teléfonos públicos de todo el país, lo cual asciende aproximadamente a 40 millones de balboas anuales, en tanto que las otras compañías no tienen, hasta ahora, la obligación de contribuir con esta carga.
A pesar de que llevamos ocho meses de apertura del mercado de telecomunicaciones, todavía no se ha tomado ninguna medida sobre este problema, lo cual es muy preocupante, dado que se piensa que la empresa que actualmente está corriendo sola con esta carga no podrá continuar haciéndolo por mucho tiempo más. Se trata simplemente de que no puede competir en igualdad de condiciones, porque está obligada a asumir ella sola un costo enorme que las otras empresas no están obligadas a compartir.
Este problema ha sido confrontado en todos los países en que se han privatizado las telecomunicaciones, y la solución ha sido la creación de fondos de acceso universal. Es un fondo en cada país, administrado por una entidad estatal autónoma, y los dineros provienen de los aportes que hace cada una de las empresas de telecomunicaciones, en proporción a sus ventas al público. Se trata de aportes mínimos, de entre 1% y 2% del total de la facturación, por lo cual no afecta sensiblemente las tarifas por servicios de telefonía.
Lo importante es que todas las empresas contribuyen proporcionalmente con la carga, y no es una sola de ellas la obligada a correr con todos los costos. Se trata de una medida equitativa y justa, que debe aplicarse también en Panamá.
Por la apertura del mercado de telecomunicaciones, en diciembre de este año terminará la obligación de la empresa Cable & Wireless de asumir ella sola este costo. Se requiere que el gobierno apruebe una ley de acceso universal a las telecomunicaciones, que obligue a todas las empresas que operan servicios básicos de telecomunicaciones en Panamá, a que contribuyan proporcionalmente a sus ventas, con el costo de mantener, operar y continuar extendiendo la red de teléfonos públicos en la república.
El gobierno lo sabe, y el anteproyecto existe. Sólo falta que el Ejecutivo lo presente a la Asamblea, que ésta lo discuta y lo apruebe. Pero el tiempo apremia. Poner esto en práctica puede también tomar algún tiempo, y tiempo es precisamente lo que no sobra en este caso. Se necesita que tanto el Ejecutivo como la Asamblea den a este tema la prioridad que se merece, para evitar que nos quedemos dentro de unos meses sin teléfonos públicos, y retrocedamos a los tiempos del siglo XIX.
Ya estamos finalizando agosto. La Asamblea reinicia sus funciones dentro de pocos días. Es necesario que el público exija al Ejecutivo y a los legisladores, que dejen a un lado las diferencias de partido para afrontar este problema.
La campaña política se avecina también, y existe el temor de que el clima electoral opaque las necesidades cotidianas de la población. Es preciso que esto no ocurra con los teléfonos públicos, porque ya no hay más tiempo para esperar.
Confiamos en que las autoridades tomen conciencia sobre este asunto. Después de todo, seguramente ellos también tienen familiares en el interior del país, y muchos de ellos podrían después no poder comunicarse con sus parientes en el interior, sencillamente porque desaparezcan los teléfonos públicos. Hagámoslo por Panamá.
