"La Nación": allanamiento sospechoso
Fundado hace 134 años por el ex presidente de la República Bartolomé Mitre, el diario "La Nación" de Buenos Aires fue objeto de una súbita intervención judicial en la que se recabó documentación contable y financiera por orden de una juez aparentemente vinculada a dirigentes políticos. En forma fulgurante circularon diversas versiones en los mentideros políticos bonaerenses, puesto que la intervención se produjo días después que el prestigioso diario argentino criticara los cambios de los comandos militares ordenados por el nuevo presidente Néstor Kirchner. En los años de violenta apoteosis peronista, turbas vociferantes asaltaron "La Prensa", destruyeron los talleres gráficos y el diario dejó de circular por varios años. Los miembros de la familia Gainza Paz, propietaria del diario, fueron víctimas de renovadas hostilidades por el régimen peronista, curtido en controversias con militares y periodistas.
El génesis de la intervención judicial tiene marca de fábrica. En noviembre de 2002, un semanario controlado por el ex ejecutivo del Banco República, Raúl Moneta, banquero bajo investigación policial, apareció una nota en la que se le imputa a "La Nación" maniobras de evasión tributaria y de lavado de dinero a través de empresas constituidas en el exterior. Usando el infundio de indudable trasfondo político, dos desconocidos formularon sendas denuncias ante la justicia. Las denuncias siguieron su curso, pero sin informar de ellas a los directivos de "La Nación", que desconocían los expedientes. Sorpresivamente se presentaron agentes de una unidad financiera a las oficinas del matutino, produciéndose el secuestro de libros contables.
Reaccionando con firmeza, el diario produjo aclaración a sus lectores, precisando que no ha cometido delito de ninguna naturaleza y menos de tipo tributario y de lavado de dinero. Rafael Molina, presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, declaró: "Esto es una gran sorpresa en el mundo periodístico, especialmente tratándose de un diario como "La Nación" que en sus 134 años de historia y de tradición periodística no tuvo intervenciones judiciales de esta naturaleza". La SIP permanece alerta ante el desarrollo de esta insólita intervención judicial.
Son las mismas huellas de las garras que hoy oprimen, bajo el mismo pretexto de la comisión de supuestos fraudes, al Listín, diario de República Dominicana. Se trata, obviamente, de la génesis de una nueva modalidad de mordaza y represión contra los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión, la cual, como siempre nos aprestamos para enfrentar y rechazar.
Las colonias sostienen que están siendo tratadas de forma injusta y que los europeos transfieren regularmente su dinero a otros países como Suiza y Luxemburgo donde pueden sentirse seguros en la protección a sus derechos de privacidad financiera. Sin embargo, los diplomáticos de la UE en un alarde de demagogia alegan que estos argumentos son falsos, aún cuando las contundentes realidades están frente a sus narices.
El Reino Unido quiere que las Islas Caimán y otras de sus territorios acepten sus exigencias para poder presionar a los mal llamados "paraísos fiscales" de mayor importancia que se encuentran en el corazón de Europa para que también accedan. Sin embargo, para ellos hay un trato especial como miembros de la OECD.
El génesis de la intervención judicial tiene marca de fábrica. En noviembre de 2002, un semanario controlado por el ex ejecutivo del Banco República, Raúl Moneta, banquero bajo investigación policial, apareció una nota en la que se le imputa a "La Nación" maniobras de evasión tributaria y de lavado de dinero a través de empresas constituidas en el exterior. Usando el infundio de indudable trasfondo político, dos desconocidos formularon sendas denuncias ante la justicia. Las denuncias siguieron su curso, pero sin informar de ellas a los directivos de "La Nación", que desconocían los expedientes. Sorpresivamente se presentaron agentes de una unidad financiera a las oficinas del matutino, produciéndose el secuestro de libros contables.
Reaccionando con firmeza, el diario produjo aclaración a sus lectores, precisando que no ha cometido delito de ninguna naturaleza y menos de tipo tributario y de lavado de dinero. Rafael Molina, presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, declaró: "Esto es una gran sorpresa en el mundo periodístico, especialmente tratándose de un diario como "La Nación" que en sus 134 años de historia y de tradición periodística no tuvo intervenciones judiciales de esta naturaleza". La SIP permanece alerta ante el desarrollo de esta insólita intervención judicial.
Son las mismas huellas de las garras que hoy oprimen, bajo el mismo pretexto de la comisión de supuestos fraudes, al Listín, diario de República Dominicana. Se trata, obviamente, de la génesis de una nueva modalidad de mordaza y represión contra los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión, la cual, como siempre nos aprestamos para enfrentar y rechazar.
Las colonias sostienen que están siendo tratadas de forma injusta y que los europeos transfieren regularmente su dinero a otros países como Suiza y Luxemburgo donde pueden sentirse seguros en la protección a sus derechos de privacidad financiera. Sin embargo, los diplomáticos de la UE en un alarde de demagogia alegan que estos argumentos son falsos, aún cuando las contundentes realidades están frente a sus narices.
El Reino Unido quiere que las Islas Caimán y otras de sus territorios acepten sus exigencias para poder presionar a los mal llamados "paraísos fiscales" de mayor importancia que se encuentran en el corazón de Europa para que también accedan. Sin embargo, para ellos hay un trato especial como miembros de la OECD.
